Mediante una minuta emitida desde el Ministerio de propone una reforma al sistema de nombramiento de jueces, empujados, claramente, con el llamado “Desastre de Rancagua” y el cuestionamiento a la justicia.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Lunes 20 de mayo de 2019
La minuta presentada por el Ministerio de Justicia contiene una propuesta para la elección de los 147 magistrados de las Cortes de Apelaciones y los 1564 jueces de tribunales de primera instancia (como los Civiles, los Laborales y de Familia). Sin embargo el nombramiento de ministros de la Corte Suprema no se modificaría.
Según informó La Tercera, el documento propone crear un Consejo Nacional de Nombramientos para realizar la nominación de magistrados, función que hoy realiza el presidente del país.
Este consejo, según la propuesta del Ministerio, tiene dos formas propuestas. Por un lado se pretende que este consejo tenga autonomía y que sus miembros sean electos por el presidente, el senado, el Consejo de Alta Dirección Pública, una asociación gremial de jueces y las facultades de derecho. El Consejo llamaría a concurso, elabora una selección, elegiría las ternas y finalmente al juez.
La otra propuesta es que el Consejo dependa del Ministerio, siendo presidido por el titular de Justicia y otros 2 integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública y otro de las facultades de derecho. El concurso lo realizaría la Corporación de Administrativa del Poder Judicial eligiendo la terna final y e Consejo de nombramiento realizaría la nominación final.
El nombramiento de jueces es un problema. Hace semanas el llamado “Desastre de Rancagua” le trae fuertes costos a la credibilidad del sistema judicial, pero retomó la agenda de la última semana debido al caso de Dobra Lusic, la cual estaba postulando a la Corte Suprema. Sin embargo, tras conocerse que John Campos, notario suplente de San Miguel, realizó gestiones para favorecer la selección de Lusic, quedó fuera de la carrera.
Bajo este mismo aspecto, la Asociación de Magistrados reconoce que “en el estado actual de las cosas, no existe ningún mecanismo capaz de asegurar la completa omisión de intentos por influir de manera indebida en la selección de los postulantes”.
Pero en atención a lo anterior el gobierno insiste en conservar el sistema judicial y modificar levemente el sistema de nombramiento, cambiando algo para que nada cambie. El “Desastre de Rancagua” y el caso de Lusic abrieron un cuestionamiento que el Poder Judicial ni el gobierno logran cerrar.
Y es que mientras los jueces se sostengan como una casta privilegiada con profundos lazos con empresarios y políticos, que sólo promete impunidad como en el caso de los corruptos ligados a los casos Penta, SQM o las colusiones empresariales.
Una modificación radical al sistema de nombramiento de jueces tiene que partir de establecer su selección mediante votación popular y recibiendo el salario de un obrero calificado.
