La Procuraduría del ministerio de Salud ha denunciado sistemáticamente al médico Fernando Osores y al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, por asumir la defensa legal de las comunidades campesinas afectadas por los metales pesados que genera la actividad minera desarrollada en Espinar, Cusco. La Procuraduría del ministerio de Salud apeló la sentencia del juez penal de Arequipa, que los absolvía en diciembre en el 2019 por el delito de falsificación de documentos.
Domingo 31 de enero de 2021
Fotos: Radio Nacional / La República
El ministerio de Salud (MINSA) los denunció penalmente en el año 2015 por escribir un artículo donde denunciaban la muerte de la mujer campesina Margarita Córdova por contaminación ambiental por metales pesados en su cuerpo por encima de los límites máximos permisibles. Juan Carlos Ruiz Molleda explica que este artículo fue redactado, dado que Margarita Córdova, vino al Instituto de Defensa Legal IDL a pedir asesoría legal por los problemas de salud que tenía.
MINSA acusa la defensa legal de los campesinos de haber falsificado los resultados médicos de Margarita Córdova, que su hijo le entregara a IDL luego de la muerte de su madre. El Ministerio de Salud, además, los ha acusado de varios delitos como: falsificación de documentos, utilización de falsificación de documentos, contra la tranquilidad pública, entre otros.
La Defensoría del Pueblo ha reconocido que todos los miembros de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané tienen metales pesados por encima de los límites máximos permisibles. [1] Por ello sorprende que el Ministerio de Salud denuncie a la defensa legal de una campesina afectada por metales pesados propios de la contaminación minera que existe en esa zona y no contribuya a identificar el gran problema de contaminación y muerte que sufren los campesinos por las actividades de la minería. De esta manera el MINSA termina asumiendo abiertamente la defensa legal de las empresas mineras.
Juan Carlos Ruiz Molleda señala que, en el proceso legal de acción de cumplimiento sostenido contra el MINSA, proceso que inició IDL defendiendo a Margarita antes que ella falleciera, la Sala Mixta de Canchis emitió en última instancia, la sentencia del Exp. N° 0082-2015-1009-JM-CI-01 donde el Poder Judicial le ordena al MINSA que diseñe e implemente una política pública de emergencia, para prestar atención sanitaria a las comunidades campesinas afectadas por metales pesados en Espinar. El Juez y la Sala acusan al Ministerio de Salud de ocultar información médica a la población campesina para no adoptar medidas preventivas.
De igual forma, el juez corrobora irregularidades en los resultados de los exámenes de sangre que el laboratorio CENSOPAS asociado al MINSA les entregara a los campesinos de Espinar.
En ese entender, citamos la sentencia: “Precisan que los resultados del laboratorio por CENSOPAS en agosto de 2013 a los participantes del estudio de exposición, fueron entregados en una hoja simple, sin fecha ni sello institucional, y, lo que es peor, los resultados de cada persona según cada metal pesado son presentados en comparación a los intervalos mínimo y máximo obtenidos únicamente de su comunidad y no en comparación con los rangos biológicos referenciales reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, les dicen que están expuestos a metales pesados, pero no se encuentran enfermos. Además, les indican que los resultados ya entregados son reservados y confidenciales y que no tienen que compartirlos con otras personas. Igualmente, les dicen que si tienen preguntas deben buscar expertos en metales pesados en su posta médica, expertos que no hay en las referidas postas médicas y en todo Cusco. […]
Todo revela que la intención del CENSOPAS y del sector salud es de NO querer generar la evidencia científica pertinente para tomar acciones preventivas y de atención en salud, por enfermedades asociadas a exposición crónica por metales pesados, manteniendo e incrementando la incertidumbre sobre la población en cuanto a su estado de salud presente y futuro, con los graves daños psicológicos y de somatización que ello produce a las personas, además de buscar ocultar los resultados y hacer sumamente difícil su interpretación, con la finalidad de no asumir su responsabilidad y su obligación frente a la población afectada, la cual es materia de esta demanda de cumplimiento”. (p. 74)
Reprochable actitud la que asume el Ministerio de Salud, lo que evidencia que se ha posicionado abiertamente en favor de las empresas mineras y no de los pobladores de esta zona afectada por las actividades mineras.
Por ello, nos solidarizamos con Juan Carlos Ruiz Molleda y el médico Fernando Osores y denunciamos la responsabilidad que tiene en este caso el gobierno de Sagasti, el cual viene implementando una política de criminalización de la protesta y de persecución a los dirigentes sociales y sindicales, como viene ocurriendo con los ex dirigentes del valle de Tambo y los trabajadores sindicales agrarios e industriales en pie de lucha durante la cuarentena por el recorte de derechos laborales.
Referencias:
1. Informe de la Defensoría del Pueblo. 2015. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-115-Septiembre-2013.pdf Disponible también en la Carta de Fecha 26/02/2015 dirigido al Director Regional de Salud de Cusco, Oficio N° 330-2015.
