El Colegio de Profesores viene denunciando tibiamente los miles de despidos de profesores a nivel nacional. Mientras tanto el Ministerio de educación vuelve a destinar una gran cantidad de fondos públicos para incentivar la vuelta de los estudiantes a clases presenciales.
Miércoles 26 de enero de 2022
Figueroa nuevamente está licitando una campaña comunicacional para ‘Vuelta a clases’ por $270 millones, mientras las escuelas públicas no cuentan con suficientes recursos para poder entregar una educación de calidad en plena crisis sanitaria. Los miles de despidos arbitrarios e injustificados a nivel nacional han sido un fuerte golpe para los profesores, que han sacado adelante la educación en estos últimos dos años de pandemia.
Quienes trabajamos en educación estamos con una incertidumbre constante producto de la inestabilidad laboral que impusieron los servicios locales y la persecución a profesores dirigentes en municipios como el de Antofagasta donde varios profesores delegados gremiales y/o sindicales fueron desvinculados de sus unidades educativas.
Los mas de 5 mil despidos y la supresión de horas a docentes de los establecimientos administrados por Servicios Locales de Educación se han justificado con la reducción de recursos destinados al sistema público de educación. Esto por la normativa que permite que los sostenedores ajusten sus dotaciones a la cantidad de matrícula existente.
En diversos puntos del país como Arica, Antofagasta, en distintas comunas de Santiago como Barrancas, La Granja, San Joaquín, Macul, en Concepción y Valparaíso profesores se han manifestado en contra de los despidos, sin embargo, el Colegio de Profesores debe ponerse a la cabeza de una lucha seria en contra de la inestabilidad laboral impuesta por servicios locales y municipios a nivel nacional, que tienen a la educación cada día más precarizada si no ponemos fin a estas medidas en defensa de la educación pública. Es necesario exigir asambleas nacionales y comunales para organizarnos en contra de estas medidas que afectan no solo a los trabajadores de la educación sino a nuestros mismos estudiantes.
El nuevo ministro de educación debe terminar con los despidos y la precarización que traen los servicios locales. Nuestros derechos hay que defender en cada lugar de estudio, junto con asistentes de la educación, apoderados y estudiantes para ver cuáles son las verdaderas prioridades para contar con una educación de calidad, no podemos seguir permitiendo que lleven adelante sus políticas con los dineros de la educación pública ¿Qué se podría hacer con los 270 millones destinados para campaña de vuelta a clases?
