El Gobierno anunció quitar urgencia al proyecto que efectúa las regularizaciones a las AFP. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó que buscarán aplazar normar el funcionamiento del sistema privado previsional.
Sábado 26 de agosto de 2017
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, expresó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -sobre la relación de las AFP y su regularización- que es importante “quitarle la urgencia al proyecto de ley que busca introducir más regulaciones a las AFP “.
El encargado de la billetera fiscal señaló en el Congreso que “la idea es priorizar el debate de la iniciativa que busca aumentar las cotizaciones para las pensiones en un 5% de la remuneración o renta imponible del trabajador, siendo este del aumento con cargo al empleador, para financiar el sistema de ahorro previsional colectivo, el cual está estructurado en 4 componente: ahorro en cuenta personal, aporte solidario intergeneracional, bono compensatorio para mujeres, y aporte solidario intergeneracional”.
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Reforma previsional del Gobierno
La reforma previsional de la Nueva Mayoria pretende llevar a cabo una regulación a las AFP: consideraría modificaciones a las comisiones, que las administradoras asuman las pérdidas de los fondos y los gastos en publicidad, consideraría fijar en qué instrumentos financieros están autorizadas a invertir; también estarían sujetas a la obligación de enviarle información a los afiliados, pero también a entidades como el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ademas que un 25% de los sueldos de los ejecutivos de las AFP "se invierta en los fondos para compartir riesgos y además limita a los afiliados los traspaso de multifondos", aseguró el ministro.
La regulación a las AFP y las creación del 5% adicional se revisarán en la Cámara Baja, en la Comisión del Trabajo, mientras el tercer proyecto que crea el ente estatal que se encargara de la administración de este 5% (Consejo de Ahorro Colectivo) será revisado por la comisión de constitución.
Según informe de productividad del Ministerio de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, la capitalización individual a través del ahorro forzoso integra en el sistema de AFP una cantidad de 5,2 millones de trabajadores, y un total de 10.319.389 afiliados. El valor que administra los fondos de las AFP alcanza un total de US$190.072 millones, representando un 74,6% del PIB. Las pensiones autofinanciadas promedio por las AFP son de $214.000. La taza de cotización en Chile se sitúa por debajo del promedio en torno al 18% de los sistemas de pensiones en los países de la OCDE, en el cual existe un aporte importante del empleador, llegando a un 10,9% y un 6,7% de parte de los trabajadores.
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La deslegitimidad de las AFP. Un negocio que el Gobierno no quiso eliminar
La deslegitimidad que tienen las AFP no son solo fruto de las movilizaciones masivas que ha liderado la coordinadora nacional No + AFP a propósito del llamado a marcha y protesta nacional para este domingo 3 de septiembre, sino también ha tenido rechazo expresado en encuestas del Centro de Estudios Públicos en mayo del 2017, donde el 80% manifestó el abuso que cometían las AFP, o en una encuesta realizada por la comisión asesora para el sistema de pensiones, según el cual el 84,3% de la población tiene poco o nada de confianza en las AFP.
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El desplazamiento de no centrar el debate en la regulación a las AFP y dejarla intactas, responde a que estas regulaciones no terminaran con los objetivos que tiene las AFP, que no tienen nada que ver con seguridad social.
La perdida de urgencia de regular a las AFP, se debe a que la propuesta del Gobierno por un nuevo sistema de pensiones no incluye eliminar a las AFP. Esta conciliación con el sistema privado, es sinónimo del poder político del empresariado, de la Asociación de AFP´s y de los gremios empresariales como la CPC, que encuadran al Gobierno de Michelle Bachelet en función de no afectar sus intereses capitalistas, manteniendo el control de los ahorros de los trabajadores y jubilados de Chile. Así las AFP continuaran con su maximización de utilidades y ganancias empresariales, intereses que, según la clase empresarial, el Estado debe resguardar.
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Se acerca una nueva movilización por el fin de sistema de AFP este 3 de septiembre, las protestas y marchas ha sido claras en sus demandas, señalan que no quieren que las AFP administren más los ahorros de los 10.319.389 afiliados, y que la gestión, control y administración estén bajo un modelo de sistema de reparto solidario e intergeneracional, que termine con la exclusiva cotización individual depositadas solo en las AFP, que el empleador de mínima cotice un 9%, y estos fondos sean destinado a un modelo previsional estatal opuesto a las AFP de José Piñera.
Los candidatos a CORE y a diputados del PTR plantean que no sólo hay que buscar que sea un sistema público previsional desde un enfoque de reparto. Un modelo previsional bajo gestión de trabajadores y jubilados es lo único que permitirá asegurar y garantizar una seguridad social, rompiendo con el criterio empresarial de medir todo en función de sus propias ganancias.
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