Durante la misma entrevista realizada por La Tercera, dio a conocer que “está en juego proteger la vida, pero también los medios para la vida”, haciendo alusión a la protección de las empresas, donde se quiere exponer a miles de trabajadores a volver a los puestos de trabajo para un nuevo salvataje empresarial.
Lunes 20 de abril de 2020
El avance del coronavirus en Chile, ha dejado en evidencia la política del gobierno, que busca el salvataje de las grandes fortunas por sobre la vida de las persona. Los planes elaborados por el gobierno son una falsa “protección al empleo” y una inyección económica mediante créditos a empresas que han generado millones de ganancias durante años en el país a costa del trabajo de millones.
Mientras los trabajadores, jubilados y desocupados, se encuentran en un abismo constante al no saber cuál será el rumbo de sus vidas sin un sustento diario, el salario, la cesantía y las desvinculaciones, se han transformado en el pensamiento y realidad del día a día de millones.
La frase del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dejan claras las intenciones del gobierno de Piñera: “No se puede concebir que el aparato productivo esté parado por meses, porque la verdad es que la verdad es que no resiste”, buscan mantener las ganacias empresariales a toda costa, aun si eso implica arriesgar la vida de miles de trabajadores.
Junto con esto, se ha anunciado que 56.986 empresas se acogieron a la “ley de proyección del empleo”, en donde deciden suspender la relación laboral con el trabajador para que este haga uso del seguro de cesantía, empresas como Ripley, Hites y Paris, entre otras, que concentran grandes fortunas, se acogen a esta ley tal cual una pyme, en el último caso, el Holding CENCOSUD, acumuló ganancias de $154 mil millones solo en el año 2019, según datos de la fundación Sol. O el caso de Integramédica, que desvinculó a casi un centenar de trabajadores, a pesar que, en el año 2019, obtuvo $9.803 millones de ganancias.
Para el gobierno, el uso del seguro de cesantía se transforma en un esfuerzo positivo de la Institucionalidad, donde según Briones, la responsabilidad de generar ahorros permite que se puedan “complementar ingresos en la hibernación” –haciendo alusión al coronavirus-. A esa misma institucionalidad con altos niveles de desconfianza, y a esa “responsabilidad” que solo se transforma en utilizar parte de los –bajos- salarios de los trabajadores para su propio ahorro, en el que actualmente son utilizados para suplir el no pago de salario bajo la ley de (des) protección al empleo, asumiendo nuevamente los trabajadores una carga que debiesen ser suplidas a través de los millonarios ingresos de las empresas, porque dinero hay, y esa es una realidad, los miles de millones en utilidades son ejemplo de aquello.
Mientras Briones valora la ley de protección del empleo, y en particular las suspensiones, ya que manifiesta “son puestos laborales que no se están destruyendo”, ignorando deliberadamente la precarizacion de las condiciones de vida los 786.790 han visto suspendido su laboral, ya que se estan ocupando los propios ahorros del trabajador para cubrir solo una parte del sueldo. Aun con este plan pro empresarial, el aumento el desempleo, es un hecho, ya que luego del periodo de suspensión laboral, las empresas pueden despedir a los trabajadores bajo el art. 161.
Las cifras dejan claro que las medidas tomadas por el gobierno de Piñera para supuestamente “proteger” el empleo de los chilenos, provocaron completamente lo contrario, una ola de despidos masivos y suspensiones laborales acogidas a la nueva ley que dejan un total de más de 1 millón de personas que quedan en una situación de inestabilidad económica y laboral.
El gobierno nos empuja a la miseria y el hambre en medio de una pandemia de caracter internacional para cuidar las millonarias ganancias de sus amigos y colegas empresarios. Se lavan la cara entregando un miserable bono de 50.000 pesos para sólo un porcentaje de la población, que, si hacemos las cuentas, sólo alcanzaría para cubrir 2 pasajes diarios de Transantiago (uno de ida y otro de vuelta), durante sólo un mes.
Es urgente instalar la necesidad de la prohibición de despidos por ley, licencias masivas para los trabajos no esenciales, que toda fábrica o establecimiento que despida o cierre debe ser puesta bajo resguardo de sus trabajadores y puesta a producir o brindar servicios, según sea necesario para enfrentar esta crisis. ¡Que la crisis la paguen los empresarios, no los trabajadores!
