Este viernes la comisión ad hoc del Congreso oyó a las defensas de los ministros de la Corte Suprema que fueron acusados constitucionalmente por notable abandono de deberes, tras liberar condicionalmente a 7 reos de Punta Peuco que están condenados por delitos de la Dictadura.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Domingo 9 de septiembre de 2018
Las defensas de los Ministros Manuel Valderrama, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, rechazaron la existencia del abandono de deberes en atención a que lo resuelto por los ministros al liberar condicionalmente a 7 reos de Punta Peuco, argumentando ser un beneficio regulado por la legislación chilena.
En este sentido, los abogados Jorge Correa Sutil, Davor Harasic y Alfredo Etcheberry señalaron que el haber actualizado la normativa sería responsabilidad de los parlamentarios y no de los jueces.
Los abogados, además, refutaron que otorgar este tipo de beneficios fuese una forma de impunidad y solicitaron a la comisión que se recibieran las declaraciones de 9 referentes de derecho internacional y derechos humanos, incluyendo al vicepresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Los argumentos de los abogados fueron cuestionados por el diputado Leonardo Soto, parlamentario del Partido Socialista quien dirige la comisión, quien reconoció “si bien es cierta la asignación de culpa que se nos hace desde la defensa de los ministros acusados, también ellos deberían hacer su mea culpa y no lo han hecho en el marco de esta acusación, así que yo los convoco a ello también”.
Además acusó como “medidas de fuerza” los mensajes que la Corte Suprema y el gobierno envían a los parlamentarios para desestimar el uso de la facultad del Congreso de hacer uso de la acusación constitucional, la que habrá de determinarse su continuidad el mismo 11 de septiembre.
Sin embargo, a pesar de estos desencuentros entre el Congreso y el Poder Judicial, y con acusación o sin ella, los asesinos y torturadores liberados si son fiel expresión de la impunidad, y que fue asegurada por los gobiernos de la transición.
Así mismo lo expresó el propio Soto, “en la primera sesión de la comisión, hice un mea culpa de la responsabilidad política que han tenido los sucesivos congresos y también los Presidentes de la transición.”, para luego, refiriéndose al Poder Judicial, acusar que “Durante la dictadura y varios años después de la vuelta a la democracia ellos negaron sistemáticamente entregarles justicia a los familiares de las víctimas.”
El mea culpa de Soto, no es suficiente, los gobiernos de la transición (hoy Nueva Mayoría) se encargaron de asegurar la impunidad de los criminales de la dictadura, conservaron los pactos de silencio de los militares y el secreto de la comisión Valech.
Mientras no se abran todos lo archivos que desclasifique toda la información que conservan militares y militares en retiro seguirá la impunidad, por esto cada 11 de septiembre debe ser una fecha para denunciar cada herencia que nos dejó la dictadura, de sus herederos y de los responsables de conservar los pilares de la herencia pinochetista.
