Nuevamente los funcionarios públicos del régimen y sus políticos corruptos son motivo de noticia por sus faltas a la Ley, en este caso, por la declaración de sus patrimonios exigidos por la Ley de Probidad. Frente a esto, es fundamental poner al centro del debate qué tipo de representantes necesitamos los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Miércoles 15 de marzo de 2017
A 16 días del vencimiento del plazo para cerca de 60 mil autoridades y funcionarios públicos para que declaren sus intereses y patrimonios, esto en base a la nueva Ley de Probidad. Sin embargo, a pesar que el plazo estipulado para la declaración comenzara hace siete meses, tan sólo 10 mil personas la han realizado. Esto como muestra de la importancia que se le ha otorgado al cumplimiento de esta ley.
Ante esto, la ley fija multas de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), incluso llegando la sanción de la expulsión de sus cargos al ser sorprendidos falseando sus datos o al no declarar. Sin embargo, hay un punto que se le debe agregar a esto, ya que la Contraloría en relación a lo mismo plantea que la sanción: "no implica la aplicación inmediata de una multa, sino que previamente corresponde la emisión de un oficio de apercibimiento, que entrega al infractor 10 días hábiles para corregir la situación anómala". Lo que se traduce en que: "a la fecha no existen sanciones cursadas".
Los ministros de la Concertación y la Nueva Mayoría como los más adinerados
Del total de las declaraciones presentadas por parte de funcionarios y autoridades públicas, sólo 2.660 han sido revisadas, de las que destacan 31 ministros y subsecretarios que tuvieron como fecha de ingreso o de egreso en septiembre, en donde debieron declarar y trasparentar más datos de los acostumbrados, como el patrimonio de sus cónyuges, derechos que poseen en Chile y en países exteriores, valores y acciones.
Entre estos personajes, se encuentran Jaime Campos, militante del Partido Radical Social-Demócrata (PRSD) y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile por el gobierno de la Nueva Mayoría, el cual afirma tener una cantidad de $170 millones en una inmobiliaria y tres mineras. A esto se le suman $156 millones en valores entre los bancos Santander y Chile en el grupo empresarial Quiñenco, quienes en su sitio oficial en internet declaran: “Somos fruto del espíritu emprendedor, la visión y el coraje de Andrónico Luksic Abaroa”. Como si esto fuera poco, se le suman $18 millones por parte de un Mercedes Benz a su nombre.
A este listado se le suma la Ministra del Trabajo y militante de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, quien en sus declaraciones afirma que posee una cantidad de $148 millones en sociedades. Sin embargo esta suma millonaria no acaba aquí, ya que la Ministra del Trabajo declaró también que comparte sociedades con su cónyuge, Andrés Donoso, también militante de la DC y exministro del Estado durante el gobierno de Eduerdo Frei.
Por otro lado, nos encontramos con la figura de Máximo Pacheco, militante del Partido Socialista, empresario, exministro de minería y también exministro de ecología durante el 2014 y el 2016 dentro del segundo mandato de Michelle Bachelet y actual coordinador de la campaña de Ricardo Lagos. Pacheco, en sus declaraciones afirma poseer un patrimonio de $6.124 millones en sociedades, además de inversiones en un banco suizo, figurando así como la exautoridad con el patrimonio monetario más alto.
Finalmente, entre las figuras que causaron más impacto por los resultados entregados, nos encontramos con Ximena Rincón, militante de la DC y exministra del Trabajo, quien cuenta con una deuda hipotecaria de $303 millones para con el banco BBVA, acumulando la deuda más alta de los 31 funcionarios.
A pesar de los datos entregados anteriormente, un total de 689 funcionarios y autoridades que afirman tener acciones y derechos por $74.414 millones.
Millones para funcionarios, son leyes para empresarios
En Chile, en donde el sueldo mínimo actualmente es de $264.000, contando con 7 millones de trabajadores que tienen que llegar a fin de mes con esta cifra, mientras que los políticos y funcionarios empresariales como los de la Nueva Mayoría y la derecha reciben sueldos millonarios, es necesario plantear una nueva alternativa política, que se centre en la defensa del pueblo trabajador y en su representatividad, tal como lo hacen los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Argentina, quienes a pesar de recibir un sueldo de un parlamentario común, donan la gran parte de sus sueldos para las luchas obreras, los fondos de huelga, sindicatos, fábricas bajo control obrero, etc. Quedando con una suma igual a la de un obrero calificado y manteniéndose siempre presentes en las manifestaciones obreras y populares, apoyando y velando por la seguridad de los manifestantes que se ven reprimidos por las fuerzas policiales.
Es por esto que quienes integramos el Partido de Trabajadores Revolucionarios, a través de nuestro proceso de legalización, queremos levantar una nueva política con independencia de clase y seguir el ejemplo de nuestros compañeros en Argentina, levantando una alternativa política que funcione al servicio de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud, conquistando los derechos en las calles y a través de los métodos de lucha de la clase trabajadora y la juventud.
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