Educación. Mochila segura: ¿sí o no?

Hace unos días el país se vio conmocionado por la noticia del tiroteo del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Colocando el tema del programa “Mochila Segura” en el ojo de la opinión pública. Y la pregunta se abre: ¿mochila segura sí o no?

La violencia en el país: un factor clave para entender el caso

Este caso se da en el marco de la Guerra contra el Narco, que después de 13 años, ha convertido al país en un auténtico infierno. Más de 200 mil personas asesinadas, 60 mil desaparecidos, cerca de 2 millones de desplazados, 3 mil fosas clandestinas con más de 5 mil cuerpos y 93 mil restos.

Y la brutal situación se agudizó con el fortalecimiento de la presencia militar en el país a través de la Guardia Nacional. Convirtiendo el 2019 en el año más violento del que se tenga registro, entre enero y octubre acontecieron 29 mil 574 víctimas de homicidio doloso y feminicidio.

A la violencia se suman 30 años de ataque neoliberal que ha arrancado, a veces de a poco y otras de tajo, importantes conquistas de la clase trabajadora. Las madres y los padres de nuestros alumnos cada vez trabajan más -lo que impide que vivan y ejerzan la crianza de sus hijos plenamente- y ganan menos, lo que implica un deterioro enorme en la calidad de vida de las familias mexicanas.

Entonces, ¿mochila segura sí o no?

Encontrar un “objeto prohibido” en la mochila de un alumno se vuelve en realidad en un hecho fortuito. La seguridad de las escuelas no puede estar basada en casualidades.

Incluso en los casos en los que se realizan dichas revisiones y se llega a encontrar y decomisar algún objeto, no se puede garantizar el seguimiento y la atención de los niños. Producto de la reforma educativa peñista y su continuidad con la reforma de la 4T, la figura de orientación educativa desapareció, desde su entrada en vigor no se han realizado contrataciones. Esta área es la encargada de atender y canalizar a los alumnos que viven situaciones de violencia o requieren atención psicológica.

En miles de escuelas no existe personal que realice esta importante labor, y en las que aún hay orientadoras u orientadores no se dan abasto con las poblaciones que en la ciudad alcanzan hasta los 1’000 alumnos.

Sumado a la sobrecarga de las instituciones públicas de salud emocional y mental que vuelve difícil el acceso a los servicios o brinda servicios poco dignos para la infancia y la niñez. El estado mexicano que valora poco o nada la vida de los niños, no puede garantizar su cuidado y protección, la revictimización es lo que ofertan instituciones como DIF o la Procuraduría de los derechos de NNA.

En un país marcado por la violencia y la descomposición social, en el que un salario mínimo no cubre siquiera el costo de la canasta básica, el acceso a la educación media superior y superior es cada vez más limitado, tanto como el acceso al arte y la cultura: nada resuelve encontrar un objeto que ponga en riesgo a la comunidad escolar, si la realidad del alumno signada por la pobreza y la violencia no cambia profundamente.

Se debe señalar además que el programa de mochila segura termina criminalizando a la niñez y la juventud, naturalizando el cateo y la persecución como parte de la cotidianidad mexicana. Y ni hablar de la violación al derecho a la intimidad de niños y jóvenes.

Si los maestros queremos que algo cambie, no son los protocolos de armas o los programas de cateo a nuestros alumnos. Queremos que cambie su realidad.

La violencia en México debe ser entendida de conjunto. Lo que se necesita es que los niños tengan acceso irrestricto a la educación en todos los niveles, becas, comedores gratuitos, derecho a la salud emocional y mental, acceso a la cultura y al deporte, escuelas con bibliotecas, no saturadas, dignas y laicas. Esto es posible si se deja de pagar la deuda externa y se destina ese gasto a la educación pública, laica, científica y popular.

Sólo cambiando la realidad en la que viven los niños es que se logrará evitar un nuevo hecho como el de Torreón.

El operativo de las “mochilas seguras” sólo militariza aún más la vida del país pues quienes realizan esos operativos en algunos estados son la policía y el ejército que ha estado al frente de casos muy graves a violaciones a derechos humanos.