Investigación. Modelos de servicios irreformables

Pedro "El Lauchón" Viale

Era la madrugada de un día patrio, aunque todavía Febo no había asomado. Hubo sí, tras los muros, sordos ruidos. Luego la voz de un gran jefe que a la carga ordenó. El saldo de esa “batalla” un tanto desigual en un chalet del oeste bonaerense fue el fusilamiento de un hombre con ocho balazos, siete en el tórax y uno en la cara. Nadie se vistió de gloria, por el contrario, todos los protagonistas se hundieron más en el lodo de la “guerra de los servicios” que se había cobrado una muerte a su imagen y semejanza.

Fue en la madrugada 9 de julio del 2013, poco antes de las seis de la mañana, cuando un escuadrón integrado por personal de Narcotráfico y de la División Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires entró a la casa de Pedro Tomás Viale, alias “El Lauchón”. Habían llegado hasta allí por una orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. Tenían la instrucción de allanar el domicilio en la calle Rocha Blaquier al 1502 de la localidad de La Reja, partido de Moreno.

El juez había ordenado 18 allanamientos esa noche, solo en la casa de “El Lauchón” participó el grupo Halcón.

Según testigos, entre ellos la mujer del asesinado, los atacantes entraron intempestiva y violentamente a la vivienda a la orden de ¡Alto! (no, ¡Alto policía! como requería el protocolo del caso) y fue cuando Viale les gritó: “la chapa, la chapa”; un código entre agentes de distintas fuerzas para evitar “fuego amigo”. Le respondieron con una ráfaga de tiros que le dieron muerte agazapado en el baño, mientras intentaba defenderse con su Glok, con la que hirió en un pie a un policía.

Luis Pedro Viale tenía 59 años y hacía 36 que integraba los servicios de inteligencia, casi la misma cantidad de tiempo que tenía su jefe y compañero, Antonio “Jaime” Stiusso, en las filas de los espías.

El hecho policial fue la muerte de un hombre sospechado de narcotráfico en un operativo de alto impacto de la Bonaerense; el hecho político, el acribillamiento de un agente legendario de los servicios, que además era la mano derecha del hombre fuerte de la Secretaría, tercero el orden de cargos formales, pero primero en influencia real: Antonio “Jaime” Stiusso.

Jorge Pedro Viale ingresó a los servicios el año 1977, uno de los más negros de la dictadura militar argentina. Entró como ordenanza del personal y fue enviado al edificio del Correo Argentino, donde ya tenía un alias (el agente Vélez). Pasada la dictadura, conoció a Horacio Stiuso, entonces un estudiante de ingeniería que ascendía en el área de Contrainteligencia por su capacidad para "pinchar" teléfonos. Allí, se ganó el apodo que conservó hasta el final, "el Lauchón”, un roedor que sabe hurgar en la mugre ajena.

El espía y el mafioso

Le gusta que lo llamen "el Yabrán de la prostitución". O por lo menos le gustaba hasta que su hija lo denunció a principios de 2012 por regentear una cadena de prostíbulos de lujo con mujeres víctimas de la trata.

Su nombre es Raúl Martins y su hija, Lorena Martins, lo denunció ante la Justicia por el manejo siete prostíbulos que tenía en la ciudad de Buenos Aires. También denunció que “adornaba” a varias comisarías para que le permitan hacer sus negocios tranquilo. Relató, además, ante la justicia y los medios, que a través de testaferros, su padre maneja el cabaré Mix de Cancún, y otros locales similares en Playa el Carmen y Campeche, en México. Además afirmó tener pruebas de que fue aportante de la campaña electoral que le permitió la reelección a Mauricio Macri. En Mix se lo puede ver al jefe de gobierno porteño en una foto junto a su esposa. Su excusa para la defensa fue que “nadie va a un prostíbulo con su mujer”.

Antes de ser este “empresario exitoso”, Martins no provenía de los bajofondos de la sociedad o el mundo del delito, sino del centro mismo del Estado argentino. Había sido, casualidad, agente de la SIDE.

Nacido en un pueblo de Santa Fe, San Jorge, Raúl Martins, en 1974 ingresó a la Secretaría de Inteligencia de Estado, en el gobierno del general Perón y trabajó bajo el gobierno radical con el seudónimo “Aristóbulo Manghi”.

Un teniente coronel amigo de la familia presentó su recomendación cuando culminaba el año 1973. Un tiempo después fue nombrado "agente secreto" con funciones operativas y destinado a la Base Bilinghurst.

Martins se encargaba de tomar fotografías de militantes en movilizaciones, durante los días previos al golpe del 24 de marzo. Bajo la dictadura, se dedicó al seguimiento de posibles "blancos de la lucha antisubversiva". La Base Billinghurst tenía bajo su control el centro clandestino de detención Automotores Orletti. En la Base también hizo muy buenas relaciones con un hombre de su edad: “El Lauchón” Viale.

Martins renunció a la SIDE en 1987, es decir, prestó servicio durante toda la “primavera” alfonsinista, que también tuvo su lado oscuro en medio de los cantos de sirena del “somos la vida, somos la paz”. Parece que la única “casa en orden” no fue la que permitió la capitulación de Semana Santa ante los militares carapintadas.

En los últimos años, “El Lauchón” no solo reportaba ante la SI y “Jaime” Stiuso, el hombre fuerte de la inteligencia en los años kirchneristas, también hacía unos trabajitos para su histórico amigo y socio, Raúl Martins. Se ocupaba de detectar si sus teléfonos estaban intervenidos, además de “pinchar” los de sus enemigos y averiguar si existían jueces que le estuvieran armando alguna causa. Por ello, cobraba su parte, endulzada por algunos servicios que realizaba en los prostíbulos de Martins.

“El Lauchón” Viale fue acusado por Lorena Martins de enviarle sicarios por cuenta de su padre con el propósito de callarla para siempre. Debería tenerle mucha confianza para asignarle la tarea de mandar a liquidar a su propia hija. Aunque, al ser luego increpado por la mujer, dado que lo conocía desde toda la vida, Viale sólo atinó a decir: "No sabía que estabas vos ahí."

En su libro Esclavas del poder (Debate), la periodista mexicana Lydia Cacho cuenta que “en 2004 el noruego Peterson Kenneth Turbjorn, alias Mike Arturo Wilson García, que era novio de Lorena Martins, apareció asesinado en la zona hotelera de Cancún.

El informe policial demostraba que el principal sospechoso era el padre de Lorena, pero nunca se resolvió el caso y la joven se refugió en España. Fuentes de la policía local me aseguraron que los estudios forenses revelaron que Kenneth Turbjorn fue torturado antes de ser asesinado. Ante la pregunta expresa, el jefe de la policía judicial me confirmó que uno de los sospechosos era Martins, pero que el argentino era intocable. Cuando inquirí a qué se refería con ‘intocable’, la respuesta del policía fue: ‘Ni se meta, es la mafia’”. La misma periodista cuenta que comprobó en persona que en un local de Martins había mujeres muy jóvenes provenientes de varios países latinoamericanos (Colombia, Brasil, Argentina) atrapadas en las redes del mafioso argentino.

La causa contra Raúl Martins fue archivada en 2012 por la jueza María Servini de Cubría (antes había pasado “sorteada” por el juzgado de Norberto Oyarbide, un amigo del proxeneta), cuando el abogado y ex oficial de inteligencia de la Policía Federal, Claudio Lifschitz, ex pareja de Lorena Martins, con quien había iniciado la denuncia sostuvo que la hizo bajo "presión y amenazas" de la mujer. Y además dijo que las mujeres que habría regenteado el padre de ella "van voluntariamente a trabajar como prostitutas a Mendoza, Chile, México o algunos países de Europa, que piden y hasta incluso ahorran para ir a trabajar afuera". En la competencia entre acusadores y acusados, nadie se saca ventaja.

En febrero el 2014, según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el fiscal Federico Delgado volvió a pedir la indagatoria de Martins. Fue porque se descubrió que un local de Av. Juan B. Justo 5302, pese a haber tenido distintos "gerenciadores" a lo largo de los años, "nunca ha cambiado su objeto comercial (la explotación sexual de mujeres bajo la fachada de bar/café/whiskería) ni el hombre que opera en las sombras, Raúl Luis Martins". La titular del mencionado departamento es Presilla Coggiola Cledi, madre de Martins, la mujer que lo siguió acompañando para darle aliento cuando se quebraba porque “ya no tiene más hija, ni tengo hijos”.

En la casusa de “El Lauchón” fueron exonerados los policías y en agosto del año pasado fueron detenidos diez policías que participaron del operativo.

Servicios prestados para todos y todas

Esta historia de novela, dramáticamente real, solo tiene el objetivo de ilustrar sobre el material humano que florece entre los servicios de inteligencia y su relación con las múltiples industrias del gran delito. Una parte de los “carpetazos” y la influencia sobre políticos, jueces o funcionarios se arman con la información que acumulan estos espías, filmando o grabando a sus “clientes” en prostíbulos, negocios de droga o corrupción, materia prima con la que arman sus operaciones o imponen pactos de silencio e impunidad. Dijimos que el poder de los espías se basaba en la gestión de los “secretos” de la casta política, empresarial o judicial. Raúl Martins, “El Lauchón” Viale y por esa vía Stiuso vienen acumulando información hace más de 40 años, incluidos los diez de la “década ganada”.

Pensar que esa misma casta es la que después sale a reclamar por la “inseguridad”, responsabilizando a la juventud pobre y pidiendo más policías y mano dura.
Si alguna vez, polemizando sobre la llamada “inseguridad”, planteamos que las policías son las organizadoras del “gran delito”, hay que plantear que los servicios con los CEOs. ¿Alguien puede creer que los negocios del narcotráfico, la industria del gran robo, a la que está subordinada el menudeo, o la trata de personas pueden llevarse a cabo sin el conocimiento de quienes sustentan el monopolio de la información y las escuchas del país?.

En la frontera donde se funden la política (burguesa) y el delito, siempre están los espías para tomar registro y sacar su tajada, por encima del salario (también secreto) que les paga el Estado, para que desarrolle su función central: perseguir a las organizaciones obreras y populares.

“El Lauchón” trabajaba para Martins y se reportaba ante Stiuso, que trabajaba íntimamente junto al “suicidado” Nisman en la causa AMIA con el aval de Néstor Kirchner durante la mayor parte de su gobierno. Años en los que Sergio Massa era parte del kirchnerismo. Pero Martins también trabajó bajo el gobierno radical y no se privó del círculo de relaciones con Macri. La fuerza que acribilló a “El Lauchón” es la Bonaerense que está bajo las órdenes de Scioli.

Ninguno de los candidatos “mejor posicionados” para las elecciones de este año puede tirar la primera piedra, ni está limpio de la mugre que se cocina y salpica desde los “sótanos de la democracia”. Sembrar la ilusión en que es posible reformar ese antro de mafia, como propone ahora la presidenta, es como sembrar ilusiones en la posibilidad de “humanizar la tortura”. Pero además, Cristina Fernández no dice que harán con el personal que presta servicio hoy en la Secretaría y los otros aparatos de espionaje y de los cuales “El Lauchón”, el retirado Martins o el mismo Stiusso, no son más que botones de muestra.

Ante la crisis podrán hacer una reforma legal de la forma y no tardará en brotar la mugre que está inscripta en su naturaleza y que es el fiel reflejo de la clase decadente a la que sirven.

Hay que terminar con los servicios como parte de la lucha por terminar con este Estado del que son un núcleo esencial.