Desde el discurso el gobierno propone la modernización del Estado con entornos de información colaborativos que implican una reducción del personal estatal. ¿Modernización o más ajuste?
Miércoles 1ro de noviembre de 2017
Con el devenir de las nuevas tecnologías y los entornos colaborativos 2.0 a la par de esta Nueva Era Digital en diferentes países del planeta se lleva a cabo la transformación de las ciudades en sistemas inteligentes.
En el país tanto el gobierno como los representantes de los gigantes tecnológicos inundan sus discursos en torno a mayor apertura a la ciudadanía, facilidad en el acceso a la información y sobre todo transparencia.
Desde el discurso en lo que respecta a definir en qué consiste un Gobierno Abierto se lo define como satisfacción de las necesidades del ciudadano y el acceso a la información pública.
Sin embargo en los hechos lo cierto es que mientras dice bregar por mayor transparencia en el gobierno mantienen licitaciones y negociados que implican sobre precios en la obra pública, beneficios a empresarios amigos del gobierno, digitan un ejercito de Trolls para posicionar las versiones tal como las quiere instalar el gobierno, y ocultan a un Presidente involucrado en los Panamá Papers.
Nuevamente desde el discurso, quienes apoyan la reforma hacia lo que denominan “Gobierno Abierto” insisten en que para diseñar entornos más colaborativos y de feedback con la ciudadanía es necesario terminar con las estructuras jerárquicas y los roles diferenciados que hay en cada uno de los ministerios y entidades del Estado. Lo que oculta esta reforma en pos de la “apertura” y la simplificación es la cantidad de puestos de trabajo que van a disolverse y que concluirá en una nueva ola de despidos de trabajadores del Estado.
Desde lo que propone el gobierno, principalmente el Ministerio de Modernización es llegar al E-Gov o Gobierno Electrónico, que se refiere al nuevo vínculo entre las Tecnologías vinculadas a la Información y la Comunicación (TIC) con la esfera de Gobierno que involucra transformación tecnológica, política y administrativa.
A la par se propone la digitalización de toda la información que no sólo es potestad del Estado sino fundamentalmente de la ciudadanía. Las consecuencias de la tendencia a la digitalización por parte del gobierno ya viene amenazando puestos de trabajo en la Biblioteca del Congreso, y en entidades de información como el Archivo General de la Nación afectando a los trabajadores especializados en el mantenimiento y reconocimiento de la legitimidad del material histórico recabado.
Nadie critica el uso de las nuevas tecnologías, sino cómo con la excusa de mayor transparencia y antiburocracia mantendrán al mismo perro pero con otro collar: más ajuste cuyo precio será el desempleo, corrupción y además convertir los recursos del Estado en el principal medio de propaganda.