Provincia de Buenos Aires. Monte: tras la masacre de los pibes, otro horrendo crimen involucra a la Bonaerense

Desde el viernes 21 de junio su familia no lo vio más y empezó a denunciar su desaparición. El mismo día su expareja, Luz Soprani, había radicado una denuncia contra él por abuso sexual en perjuicio la hija de ella (de 10 años de edad). La denuncia fue radicada en la temeraria comisaría del pueblo.

Todo San Miguel del Monte sabe que Soprani tiene una estrecha vinculación con la Policía Bonaerense. Tan es así que su hija es producto de una relación con un oficial cuya familia, casi en su totalidad, también está compuesta por miembros de esa fuerza represiva.

Gerónimo Rosales estuvo desaparecido un total de 40 días. Entremedio, en algunas páginas de Facebook se lo siguió escrachando públicamente por considerarlo abusador de menores. El 31 de julio, finalmente, la Policía llamó a la familia para informarle que su cuerpo había sido hallado en el patio de una casa vecina. Esa casa lleva alrededor de seis meses deshabitada.

El parte oficial dijo que el cuerpo del joven de 34 años estaba colgado de un cinturón cerca del tanque de agua de la vivienda y que no presentaba “a simple vista lesión alguna”. Pero la familia asegura que cuando pudo acceder a ver el cuerpo, después de varias negativas de la Policía, Gerónimo tenía signos visibles de tortura y no tenía prácticamente ningún diente.

Además tenía puesta ropa que no era de él y entre sus poquísimas pertenencias estaba su DNI en una billetera que no era suya.

Preguntas sin respuestas

El 9 de agosto Alejandro Rosales, hermano de Gerónimo, publicó en su cuenta de Facebook que Monte “tiene una comisaria inmersa en conflictos. Primero la masacre de Monte, luego la aparición sin vida del cuerpo de Gerónimo Rosales. Sin explicación alguna, aparece colgado supuestamente desde el día 1 en la casa vecina”.

La familia afirma tener dos causas abiertas por averiguación de paradero de Gerónimo, pero que les fue negado “tomar vista” en las mismas tanto a ellos como sus abogados. Y además califican de “llamativo” lo que les sucedió cuando quisieron ir a reconocer el cuerpo de Gerónimo.

“¿Es correcto que la Policía levante el cuerpo a las 21 hs, del lugar donde lo encontraron, se lo lleven para La Plata y posteriormente a ello, llamar a la familia, sabiendo que existen dos causas de averiguación de paradero?”, se pregunta Alejandro Rosales.

La familia también denuncia que se “filtraron las fotos del cuerpo” de Gerónimo a través de las redes sociales pero que a ellos se les negó “la posibilidad de presenciar la autopsia, reconocer el cuerpo, o tomar vista del mismo junto con los abogados” y hasta que se los “apuró para que enterremos el cuerpo”.

Agregan que, según se enteraron por habitantes de Monte, “la intendenta, quien debe estar con los damnificados, habría pedido que no se hable de la causa”.

En ese marco, se pregunta qué le queda a la familia “más que pedir un poco de verdad y visibilidad de estas irregularidades, que teóricamente se tendría que haber solucionado desde la ‘masacre de monte’ y sin embargo estamos como la persona que busca resultados diferentes realizando siempre lo mismo”.

El hermano de Gerónimo afirma en su posteo que “si se hubiese realizado un solo rastrillaje por el barrio, ¡nada más que por el barrio!, según los dichos de los oficiales, hubiésemos encontrado a Gerónimo, si estaba teóricamente en lo del vecino desde el día 1. Si a ustedes les cierra esa historia, créanla”.

La publicación la terminó haciendo una defensa de su hermano. “Se dijeron mil cosas sobre nuestra familia, la causa de abuso de Gerónimo esté parada desde el día 1, porque nunca fue ratificada por la denunciante, actuó de oficio la Justicia y el último movimiento de la causa es del 19 de julio, donde no hay pericias realizadas y nunca se llamó a cámara Gesell”. Entonces, “¿bajo que Luz estamos viendo los hechos?”, se pregunta Alejandro Rosales.

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¿Orden de silenciar el caso?

No es posible constatar que Sandra Mayol, la intendente de Monte, haya dado una orden escrita para que, en plena campaña electoral, no se hablara del caso. Lo cierto es que mientras ella hacía su campaña para ser reelegida por las listas del Frente de Todos, en los medios locales y provinciales del tema ni se habló.

Como sea, Mayol cuenta con el patético antecedente de haber hecho cosas parecidas a esas (y mucho más) en el caso de la masacre de los cuatro adolescentes ocurrida el 20 de mayo.

Recién a los 14 días de haber sido encontrado muerto Gerónimo, sus hermanos Alejandro y Ángeles Rosales fueron entrevistados por radio Alternativa 939 de Monte. Allí insistieron en que “hay muchas cosas que no cierran”. Por ejemplo, que Gerónimo “supuestamente se suicidó el día que desapareció pero resulta que tuvo tiempo para retirar 4.400 pesos del banco”, en referencia a una extracción que consta en los registros bancarios. “Esa plata nunca apareció”, denuncian.

Y agregan un dato clave: “A él lo buscaban para matarlo”. Las sospechas se acrecentaron cuando el cadáver estaba vestido con ropa que la familia asegura que Gerónimo no usaba. “Le faltaba la licencia de conducir y un morral que nunca apareció. Pero en la foto que circuló se ve que se olvidaron que no usaba borcegos marrones. Esos que aparecen en la foto no son de él. Y se olvidaron de ponerle la camisa que usa para trabajar. Le pusieron una remera negra. Se equivocaron en muchas cosas quienes pusieron el cuerpo”, dijo Alejandro.

La hermana de Gerónimo relató que el hombre “desapareció automáticamente después” de haber sido denunciado por su expareja por haber cometido supuestamente un abuso sexual contra la hija de ella. “Nadie más lo vio. Con el tiempo nos enteramos de que la denuncia por abuso estaba radicada acá en Monte, cuando todo ese tiempo ella decía que la había hecho en La Plata y hasta la Policía nos negaba que estuviera hecha acá”, detalló Alejandra Rosales.

Los familiares denuncian que desde el Poder Judicial “se están poniendo muchas trabas. El fiscal, cuando fuimos a ver el peritaje, nos dijo exactamente las mismas palabras que me había dicho antes el comisario”. El mismo funcionario judicial les habría mentido también con la cantidad de días que el cuerpo de Gerónimo estuvo colgado. “Primero me dijo 25 días, pero mi hermano estuvo desaparecido 40 días, así que el fiscal se quedó pensando y dijo ‘bueno, un mes...’ y no supo qué decirme”, recuerda Alejandro.

Muchas cosas que no cierran

El cuerpo de Rosales apareció en el patio de una casa ubicada atrás de la suya, que desde hace alrededor de seis meses está deshabitada. Al menos según la información oficial, el lugar nunca había sido rastrillado previamente. “Si hubieran hecho un rastrillaje como corresponde, si supuestamente siempre estuvo ahí, lo hubieran encontrado mucho antes”, dice con total incredulidad el hermano.

Este diario habló sobre este caso con representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que desde hace casi tres meses llegó a San Miguel del Monte para patrocinar a las familias de Camila López y Danilo Sansone, dos de los cuatro jóvenes asesinados el 20 de mayo por una banda de la Policía Bonaerense.

Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, confirmó a este diario que el organismo recibió a la familia de Gerónimo Rosales y a sus abogados y que luego de analizar el caso concluyeron en que “en la denuncia hay indicios de las falencias en la búsqueda y el posterior hallazgo” del hombre.

“Particular gravedad reviste la publicidad dada a un video que registró el hallazgo del cuerpo. Desde la Comisión realizamos la denuncia ante la Auditoría de Asuntos Internos y requerimos copias del expediente para analizar en profundidad el caso”, dijo Pomares.

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Hace algunas semanas Alejandro Rosales fue a la sede del Ministerio de Seguridad bonaerense en La Plata. De allí se llevó una curiosa respuesta. “Nos dijeron que en Monte se estaba haciendo todo mal y que nos iban a ayudar en lo que pudieran ayudarnos”, recuerda. Teniendo en cuenta que ese ministerio está en manos de Cristian Ritondo, huelga decir que la familia Rosales no debería hacerse ninguna ilusión.

Entre quienes hacen “todo mal”, para usar la expresión escuchada por la familia de Gerónimo en el Ministerio de Seguridad, están la intendente Sandra Mayol y su directora de Asuntos Institucionales Alejandra Cotignola (una exagente de la Bonaerense).

Esta última funcionaria tuvo contacto con los Rosales, los hizo esperar tres horas para una reunión y finalmente les dijo que no podía atenderlos porque estaba ocupada. “Nunca más tuvimos contacto con la gente de la intendencia”, dicen los hermanos de Gerónimo, que inevitablemente consideran a los funcionarios municipales como parte del problema y no de la solución.