La denominada Ley Mordaza vino a recuperar la esencia de su creación: la censura, la autocensura y el ataque al derecho a informarse. Hoy, esta movida legislativa abre todo un debate respecto a la apertura de los medios de comunicación, el aporte estatal y la actual concentración de medios en Chile.
Sebastián Castro Director Colegio de Periodistas Antofagasta
Miércoles 6 de abril de 2016
Desde los premios nacionales de periodismo hasta las escuelas del oficio, todas y cada una de ellas, pendientes del nuevo ataque a la libertad de expresión mediática y el uso de la información.
Y es que la nueva modificación al Código Penal respecto a las mal llamadas “filtraciones” tiene por objetivo ser la “última carta” del Gobierno en pos de salir ileso de los problemas de corrupción ya “filtrados” por compañías periodísticas, fiscales, entre otros. Un “Panamá Papers” con sello propio. Con el ambiguo olor de la Constitución heredada hace 18 años desde la Dictadura.
Respecto a la ley en sí, acarrea consigo lo peor de la censura en Chile y un nuevo caso para la colección de giros a derecha de la Nueva Mayoría.
Desde el uso del artículo 6B de la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE 12.927) en contra de periodistas y escritores no se había visto tal crudeza en materias de libertad de expresión en el país. Casualmente, es una herencia de los mismos que instauraron el engranaje constitucional. Con González Videla y su “Ley Maldita” se dio el inicio a la persecución, y hoy se mejora en un proyecto que tuvo distintos “honorables títulos”, pasando por Ibáñez del Campo, Frei, Allende y Pinochet.
En pocas palabras, se equipara el derecho a informarse con el desacato a la autoridad. Tal como esperan los políticos y empresarios frente al manto de desconfianza que descansa en cada uno de los hombros de estos personeros de la corrupción.
Pero, hablar en términos generales de esta ley requiere de un tratado más minucioso poniendo en la mesa a todos aquellos que realmente serán afectados por esta legislación.
¿A quiénes afecta?
Para entender el panorama, primero, hay que entender que la Cámara Alta ha propuesto dos cambios centrales: el aumento de 40 a 90 días en el marco de lo que se denomina como “secreto de investigación”, es decir, el aumento de la cantidad de meses en que las informaciones podrán salir publicadas dándole un margen de maniobra mayor al Ministerio Público para realizar juicios en el menor tiempo posible.
Como segunda medida se legisló para que se aumentaran las faltas en el Código Penal con penas carcelarias de hasta 541 días para aquellos que desclasifiquen documentos “filtrados” de investigaciones judiciales.
El debate, centralmente, está radicado en cómo afectará gradualmente esto a quienes ejercen el uso de la información. Un mal juego entre el periodismo y el sistema judicial que solo viene a perjudicar de manera explícita el ejercicio del periodismo y la transmisión de información.
Contradictoriamente, estas son penas mucho más crudas que las asignadas a delitos como el cohecho, y que hoy tienen al UDI Pablo Longueira de tribunal en tribunal.
Se pueden ver los resultados de la aprobación de la Agenda Corta Antidelincuencia que no hace más que beneficiar a los mismos que hoy pasean por los juzgados. Esta ley está creada como medida de contención. La contención de una crisis de régimen que sigue cayendo ante los coletazos de la crisis de los gobiernos progresistas y de centro izquierda en Latinoamérica.
Nuevas modificaciones, nuevas trabas
Si bien, en el Senado se accedieron a nuevas modificaciones a la ley en su tercer trámite, las trabas siguen su camino. Hoy, la ley no afectaría a los periodistas, pero sí a sus fuentes, lo que deja en claro que un periodista sin fuentes es un argumento acéfalo. Cualquier documento sin testigos, sin fuentes confiables no tiene más que el peso de una opinión de pasillo.
Esta verdadera persecución no tiene más cabida en la realidad que para instaurar el régimen de la censura y la autocensura de periodistas, testigos claves y fuentes de todo tipo. Además, esta nueva redacción incluiría que los funcionarios públicos que participaron en la investigación, los peritos y las personas que tuvieron acceso a la indagatoria por una orden del Ministerio Público o la Justicia, deberán guardar silencio sobre ella.
Y no es todo, se sumaría a esto la pena del pago de 20 a 200 UTM a todos aquellos involucrados en la “filtración de material”, ya sean personeros públicos o privados. También el aumento a 3 años y un día de cárcel.
Al momento que se escriben estas líneas ya estaría aprobada la denominada “Ley Mordaza”.
Sebastián Castro
Periodista Audiovisual
