La situación de las cárceles y las causas de muerte de los presos constituyen un rasero para medir el carácter “progresista” del gobierno respecto de los sectores más desposeídos de la sociedad, allí donde mueren todos los relatos.
Jueves 24 de septiembre de 2015
Según el informe estadístico que presentó el equipo de Fallecimientos en Prisión del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el transcurso del año murieron 26 presos en las cárceles federales, los mismos valores arrojados que en 2011, año desde el que no ha cesado de incrementarse este curso de la curva.
Entre otras conclusiones, el texto observa: “la persistencia de elevadas cifras de muertes violentas, registrándose once casos en el semestre que permiten una proyección anual superior a los veinte fallecimientos traumáticos”. El 46 % de las muertes corresponden a presos sin condena y que contaban con un abogado oficial. El 17 % de los decesos se produjo por HIV. El 95% de las muertes “violentas” gravita sobre jóvenes entre 18 y 24 años. Siempre el hilo se corta por su franja más delgada.
Este rumbo alarmante puede corroborarse en todo el período entre 2009 y 2014: en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal, que alojan 10.074 presos, murieron 272 presos, de los cuales el 46,3 % fueron de carácter violento. Sin embargo, esta tendencia no es solo patrimonio de las cárceles federales, en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, que reúnen 34.156 detenidos, se produjeron 707 muertes de presos, de las cuales el 50 % fueron violentas. De ese modo, la tendencia nacional resulta proporcionalmente análoga a la provincial, sobre un total de 66.079 presos en todo el país. Nunca en la historia nacional hubo tantos presos (comparado con el crecimiento demográfico que se mantiene estancado) ni tantas muertes por causas evitables.
El informe puso al desnudo un sin fin de irregularidades, denunciadas también por el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria. La desidia y la saña del Servicio Penitenciario se expresan en la manipulación premeditada de los datos reales de defunciones. Durante los últimos cinco años, las autoridades penitenciarias registraron solo el 25% de las muertes. En 2013 el 60% de las muertes en prisión fueron informadas exclusivamente por familiares y otros detenidos. De forma sorprendente, los datos no son centralizados formalmente por ninguna institución estatal.
Los fallecimientos producidos por falta de atención medica y enfermedades, inscriptos regularmente como muertes naturales, constituyen la primera causa de mortalidad (62% de los decesos informados). Obviamente, los tratamientos y dietas prescriptos por los mismos médicos penales resultan ignorados. Al respecto, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo señaló la peculiaridad de tantas muertes ordinarias anotadas como “paros cardiorrespiratorios”, abstrayendo la responsabilidad de los penitenciarios, así como la más completa desvinculación de la Justicia en materia de investigación intramuros, salvo determinadas muertes violentas demasiado evidentes y que circunstancialmente hacen ruido en el poder.
Detrás de las muertes por ahorcamiento (96 suicidios) e incendio guarece la impotencia de los detenidos, desprovistos de los más elementales derechos para conservar sus mismas vidas, obligados a soportar la humillación de requisas vejatorias a diario, efectuadas inclusive con perros. Según la CORREPI, en 2013 el personal policial asesino a 44 detenidos en cárceles y comisarias, bajo la certificación de “suicidados”.
Esta tendencia hacia la mano dura se expresó cabalmente tras la declaración de “emergencia en seguridad” en mayo de 2014, cuando fueron abatidos un número record de presuntos “delincuentes” y habilitados más de 200 calabozos en comisarías bonaerenses, aumentando un 20% las detenciones, particularmente de los llamados delitos simples (robos, hurtos). Así el heredero del modelo, Daniel Scioli, se jacta de las hiperpobladas cárceles bonaerenses que concentran una sobrepoblación de casi el 50%, según el juez Mario Alberto Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal.
La inocultable situación de hacinamiento y violencia sistemática fue denunciada por la procuradora fiscal de la Corte Suprema de la Nación Irma Adriana García Netto, haciendo lugar a una presentación de 17 defensores oficiales. García Netto interpuso un habeas corpus correctivo para dejar por sentado el agravamiento de las condiciones carcelarias, superiores a las observadas en otras sentencias a raíz de las denuncias presentadas por Horacio Verbitsky y el CELS, como bien informó el sitio Fiscales.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, el 70% de los detenidos en los penales federales y bonaerenses no tiene condena firme, de hecho una norma para las clases más humildes que padecen un promedio de cinco años hasta hacer efectivo el juicio oral, a pesar de que la prisión preventiva no puede extenderse legalmente por un periodo superior a dos años, y que la tasa de absolución resulta altísima.
Las reformas introducidas mediante la sanción del Código Procesal Penal de ningún modo auguran una mejora en la situación de los detenidos. Tal como sucedió en Chile que incorporó una reforma similar, acortando el periodo de los procesos, la tasa de encarcelamiento no solo se mantuvo sino que aumentó levemente.
Por el mismo carril, los institutos de menores arrojaron dos muertes producto de la tortura en los Institutos Almafuerte de La Plata y Pablo Nogues de Malvinas Argentinas, expresión de la degradación de las ya viciadas condiciones de esas instituciones cerradas al sol, frecuentemente sin agua ni baños en las celdas, vedadas a la educación, la recreación y los deportes que requiere todo adolescente.
En las antípodas de cualquier ilusoria “resocialización”, como sostiene la Constitución Nacional, las cárceles constituyen auténticas universidades del delito que generan monstruosidades, donde se pudren las franjas más vulnerables de las clases laboriosas, empujadas a la marginalidad y el delito por la descomposición capitalista.
Después de doce años de gestión y la defunción de la doctrina de seguridad democrática, los “progresistas” no solo no mitigaron los padecimientos de los más parias sino que sentaron los primeros mojones de la mano dura, enarbolada por Scioli, Macri y Massa.
