La muerte de una joven de 19 años en el penal bonaerense de Los Hornos vuelve a exponer la situación calamitosa en la que se encuentran las personas privadas de su libertad. La denuncia de familiares de detenidxs y organismos de Derechos Humanos.
Viernes 3 de febrero de 2023 13:51
“El sistema carcelario de la República Argentina constituye, al día de hoy, el principal ámbito de aplicación de tormentos y violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. De las personas encarceladas en el país cerca de la mitad (48% en 2020) se encuentran alojadas en unidades y alcaidías a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.
Con esta afirmación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) da cuenta de la situación alarmante en la que se encuentran las personas que viven en contexto de encierro.
Justicia por “Beba”
Andrea “Beba” Navarro Tejeda, se encontraba detenida en una celda de la Unidad 8 de Los Hornos y el pasado 23 de enero fue hallada muerta por sus compañeras del penal con signos de ahorcamiento. Ese mismo día iniciaron un reclamo dentro de la cárcel y denunciaron al Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) por la falta de respuestas.
“Denunciamos que sigan existiendo centros de tortura en democracia, que lejos están de la reintegración social, rehabilitación y regulación del cumplimiento de derechos y obligaciones constitucionales. Porque en los penales de la República Argentina se tortura, se mata, y se silencia a las personas que reclaman derechos, y porque un crimen dentro de una institución carcelaria es un Crimen de Estado. El Estado se debe hacer responsable”, escribieron familiares y amigos de personas privadas de su libertad en un comunicado. Luego, llevaron su reclamo a las puertas de la Unidad Penitenciaria N° 8 de La Plata exigiendo Ni una menos en las cárceles.
En las últimas horas, compañeras de “Beba” aportaron su declaración en la causa por “averiguación de causal de muerte” que lleva adelante el fiscal Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 de La Plata. La situación calamitosa en la que viven las mujeres privadas de su libertad volvió a ponerse sobre la mesa una y otra vez en cada uno de los testimonios.
“Los organismos de Derechos Humanos venimos denunciando desde hace años, gobierno tras gobierno, las terribles condiciones que padecen las personas que están privadas de su libertad. Como expresan las compañeras de Andrea “Beba” Navarro Tejeda, el Estado no les asegura ningún tipo de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico que tenga continuidad. No se garantiza el acceso a la salud. Además, cuando una persona está por recuperar su libertad, lo que significa en la mayoría de los casos una enorme incertidumbre, desde los organismos del Estado, como el Patronato de Liberados, no se garantizan las condiciones para que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad. Exigimos que se investigue a fondo qué pasó y cómo murió “Beba” y volvemos a denunciar la responsabilidad del Estado”, expresó la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Luz Santos Morón.
Morir en las cárceles
Según datos de 2022 aportados por la CPM, de las 51.575 personas que se encuentran en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, el 51% se encuentra bajo modalidad de prisión preventiva o sin condena firme. La sobrepoblación en cárceles y alcaidías alcanza el 115%. Solamente en 2022 se registraron 190 muertes en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, anunció un presupuesto para el 2023 con más beneficios para el cuestionado Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Junto al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, propusieron la creación de 7.000 nuevos cargos penitenciarios están estipulados en el presupuesto de este año.
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También informaron la ampliación de la capacidad de alojamiento penitenciario y la creación de 12 mil nuevas plazas para comenzar a revertir la sobrepoblación.
Con estos anuncios, buscaron conformar en parte un reclamo que vienen haciendo muchos intendentes en la Provincia y, a la vez, meterse de lleno en el debate sobre la seguridad y disputar con Juntos por el Cambio la agenda securitaria de cara a la campaña electoral que ya empezó. No sorprende ver a Julio Alak llevando adelante la agenda de la derecha, si recordamos su paso por los gobiernos menemistas y duhaldistas y su rol defendiendo y sosteniendo a la por demás denunciada “maldita” Policía Bonaerense.
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La sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de acceso a derechos elementales como la salud, la aplicación sistemática de torturas y la combinación de estos elementos con otras violencias dan lugar ,a que continúen ocurriendo “muertes evitables” en contexto de encierro, donde el único responsable, por acción u omisión, es el Estado.
