Agroindustria. Moroni, Zabaleta y otra medida que fomenta el trabajo rural precario

Con la firma de los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se publicó en el Boletín Oficial una resolución que pone en marcha una medida anunciada hace algunas semanas, que atiende a la situación de los trabajadores rurales temporales que cobran planes asistenciales.

Según la misma, “los titulares de planes y programas sociales y de empleo, como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, entre otros, podrán ser contratados en las actividades comprendidas sin que ello implique la pérdida de los beneficios que perciben”.

Como explicamos, uno de los disparadores del decreto fue el llanto de un empresario misionero, que aseguró que no había perdido parte de su cosecha porque "la gente prefiere cobrar un plan y hacer changas que trabajar". En realidad hay miles de trabajadores que tienen que elegir entre el plan social bajísimo pero permanente, que el trabajo "golondrina" por unos meses, también con ingresos bajísimos.

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Lejos de resolver el problema de fondo, el Gobierno ideo con sectores empresarios, gobernadores y algunos movimientos sociales, un plan donde asegura “se facilita la contratación de trabajo registrado en el ámbito de las economías regionales y se amplía la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales temporales y estacionales al compatibilizar la registración laboral y a la seguridad social contributiva con el mantenimiento de los beneficios de la protección social no contributiva”.

Según la medida, difundida hoy en un comunicado oficial, luego de los 6 meses en que los trabajadores y trabajadoras cobren esas prestaciones, las mismas “podrán ser consideradas a cuenta del salario, en carácter de remuneración a todos sus efectos, con el fin de favorecer la continuidad de las relaciones laborales”.

O sea que desde el Estado se va a subsidiar a los empresarios rurales para seguir manteniendo un régimen de trabajo totalmente precario. Gran parte de quienes levantan las cosechas no están registrados, y quienes lo están cobran sueldos tan bajos que necesitan los planes asistenciales para sobrevivir. Este año vimos conflictos como el de los autoconvocados del citrus en Tucumán, que cobran a destajo cifras bajísimas acordadas además por UATRE con el aval del Ministerio de Trabajo. Mientras los “productores”, de todo tamaño, se aprovechan de la superexplotación de más de 250 mil trabajadores y trabajadores temporales, el Estado avala esas condiciones.

Que no se les retire el plan social es una medida básica de supervivencia que nadie puede rechazar en esta situación, pero convertirla en “política productiva” confirma que la “apuesta a la agroindustria” en la que coinciden las principales fuerzas políticas (FDT y Juntos) es eternizar las condiciones precarias también en el trabajo rural.