Sectores del oficialismo agitaron el miedo a una política destituyente ante la protesta. El Gobierno cedió al chantaje. La amenaza represiva mantenida hacia los sectores sin techo y la necesidad de mantener “buenas relaciones” con los uniformados ante las convulsiones sociales por venir.
Diego Iung @IungDiego
Viernes 11 de septiembre de 2020 21:33
Dos postales en una misma jornada. En una de ellas, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires anunciabauna serie de medidas destinadas a apaciguar el descontento de los policías bonaerenses. Unos haberes iniciales de $ 44.000 y una triplicación del monto percibido por las horas extra, eran quizás lo más destacado de las declaraciones de Kicillof. Las resoluciones también incluían la creación de un instituto universitario y dos hospitales exclusivos para las fuerzas. Sin anuncios, corrió por lo bajo que no se iba a sancionar a nadie. Por la noche, el cuestionado Sergio Berni, festejó el acuerdo. “Fue histórico”, afirmó.
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La otra postal, nocturna, tenía lugar en el partido de San Fernando. Allí, patrulleros con decenas de policías federales, dependientes del ministerio de Seguridad conducido por Sabina Frederic, desalojaron a decenas de familiasque habían ocupado un terreno ferroviario. Para ellos, el estado tiene como única respuesta la calle. Al momento de cerrar esta nota, se conocía la noticia de un brutal desalojo en una toma en Ciudad Evita, con un saldo de al menos 15 detenidos y varios heridos.
Las semanas previas a la crisis, estuvieron marcadas por el emergente de un problema que, todo apunta, no hará más que agravarse. Hablamos de las tomas de tierra, que se extienden en distintas provincias, de norte a sur.
Es justamente sobre el problema de la tierra que distintos sectores del oficialismo salieron a criminalizar las tomas, enarbolando un discurso punitivista y represivo. Sergio Massa o Axel Kicillof fueron algunos de los que hablaron de la “ilegalidad” de las mismas: “Las tienen que desalojar”, dijo el tigrense. La misma Frederic, que en un momento había amagado con un discurso más moderado, también terminó adoptando un discurso en la misma línea y afirmó que “la ley las prohibe”.
Quizás Sergio Berni haya sido el más desbocado: “El que toma tierras en la provincia irá preso” fue una de sus frases. En una entrevista televisiva fue incluso más allá y se jactó de su rol en los hechos del parque Indoamericano, allá por el 2010: “Yo en el Indoamericano desalojé a 16 mil personas. Me instalé en una carpa con ellos 10 días, viví con ellos, comí con ellos y una noche desalojé a 16 mil personas". Recordemos que aquella vez 3 personas fueron asesinadas por las balas policiales. Pocos años después el ex carapintada, como Secretario de Seguridad del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la represión una y otra vez sobre los trabajadores de Lear que se manifestaban en la autopista Panamericana, exigiendo la continuidad de sus puestos de trabajo. Con este prontuario no parece casualidad que Kicillof haya refrendado públicamente a Berni en su puesto en la noche de este jueves.
Sin ir más lejos, la enormetoma de Guernica, con alrededor de 2500 familias en un predio de 100 hectáreas, ya cuenta con orden de desalojo por parte de los juzgados ubicados en La Plata. Allí las familias afirmaron que no están dispuestas a irse y exigen ser escuchadas.
El reclamo policial lejos estuvo de cualquier tipo de “golpe”, como se pudo ver en el rechazo de casi todo el arco político a la presencia de los efectivos con sus armas reglamentarias frente a la Quinta de Olivos. De hecho, más allá de cuestionar el método, el reclamo fue considerado legítimo por oficialistas y opositores. La toma de un terreno para tener donde dormir, aunque el derecho a la vivienda este contemplado en la propia Constitución Nacional, es atacado como un acto ilegítimo.
La doble vara para policías y sin techo (que se venía gestando previamente), pinta de cuerpo entero para qué se prepara el Gobierno. Si la suerte de motín fue contestado respondiendo a todos los reclamos, es porque necesitan de una fuerza disponible para controlar un país atravesado por una crisis social que, afirman, dejará a 6 de cada diez niños en situación de pobreza en los próximos meses. En este plano, quizás el de la vivienda sea el emergente más agudo, pero seguramente conflictos contra despidos u otros ataques de parte de las patronales sean parte del escenario en el próximo período, cuando estas insistan en descargar las consecuencias sobre el pueblo trabajador.
La necesidad de una fuerza social y política que busque disputar las calles a los distintos sectores de la derecha, es una primer pelea planteada para enfrentar este ajuste y sus consecuencias represivas. De lo contrario, como se ve en la sucesión de acontecimientos de los últimos meses, estos sectores no harán otra cosa que envalentonarse.
Este 17 de septiembre sectores del sindicalismo y la izquierda convocan a movilizarse. Se trata de una importante cita en este camino.