EUSKALHERRIA. Movilizaciones y condenas de cárcel: así ha sido el macrojuicio 11/13

El conocido como el “último juicio del Todo es ETA”, bajo el macrosumario 11/13 ha sido instruido por el juez Eloy Velasco el 16 de septiembre en la Audiencia Nacional, a 47 activistas detenidos en las operaciones policiales Jaque y Mate de 2014 a los colectivos Herrira, Etxerat, EPPK y Jaiki Hadi.

Los activistas juzgados de estas organizaciones, que desempeñan labores de asistencia jurídica, médica y psicológica a los presos de la izquierda abertzale, así como de familiares de presos, recibieron las acusaciones de «participación activa en organización terrorista», «delito continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación del terrorismo».

Ante unas peticiones originales de la Fiscalía, la asociación Dignidad y Justicia y la AVT de un total de 601 años de cárcel, con condenas de entre 8 y14 años por persona, finalmente se han dictado 45 condenas de año y medio y dos años de cárcel, lo que no implica la entrada inmediata en prisión, y dos de tres años y seis meses y dos años y siete meses para los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza.

Estos dos letrados ya han estado dos años en prisión preventiva sin juicio, al mismo tiempo que para los 47 condenados se dictan penas de inhabilitación de cargos de 3 a 5 años, lo que incluye a los abogados condenados, como Amaia Izko, abogada de los jóvenes de Altsasu, que abandonaría su cargo como concejala por Bildu del ayuntamiento de Iruña. El coste total de gastos judiciales del sumario asciende a 350.000€.

El sábado anterior una manifestación recorrió las calles de Bilbo encabezada por encausados y personalidades del mundo de la cultura y reuniendo a 50.000 personas. Al final de la marcha se leyó un manifiesto en el que se indicaba que “Es tiempo de soluciones, de vaciar las cárceles, no de llenarlas. Es necesario sanar, reparar y construir en base a las heridas del pasado, que siguen vigentes y que hay que restañarlas, pero que no se produzcan más, que no haya más atropellos e injusticias”

La persecución a la izquierda abertzale no ha cesado 10 años después del abandono de la lucha armada por ETA (la cual ya no existe), pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado sospeche de ser terrorista.

"Las 47 procesados asumimos el compromiso de ayudar a paliar el sufrimiento generado por la represión y la política penitenciaria. Desde este ámbito, quisimos impulsar la solución del conflicto político y el respeto a los derechos humanos. Y ahora nos encontramos ante un juicio que constata que se siguen manteniendo las mismas vulneraciones y reivindicaciones por las que trabajamos en su día"

Estos ejemplos se suman a las legislaciones de excepción puestas en marcha, los sumarios como éste en la Audiencia Nacional, las políticas penitenciarias vulneradoras de los más mínimos derechos humanos o la misma guerra sucia de los GAL y la impunidad con que fue saldada.

Según el último “mapa de la dispersión” elaborado por Etxerat, en la actualidad hay 371 presos políticos vascos, de los cuales 291 están dispersados por 46 cárceles del Estado Español y 80 en 24 cárceles francesas. Sólo tres están en prisiones de Euskadi. De acuerdo a este mapa –elaborado en junio-, el 83% se encuentra cumpliendo condena a una distancia que oscila entre los 400 y los 1.100 kilómetros.

Mientras jueces y fiscales miran para otro lado o usan la vara blanda para políticos corruptos, empresarios y banqueros que de forma sobradamente probada malversaban fondos públicos y un sinfín de tropelías, aplican toda su dureza y parcialidad contra artistas, raperos, periodistas, twitteros, independentistas, activistas o sindicalistas, en un intento por silenciar las críticas a este régimen y el sistema que defiende.