Este artículo es una síntesis del capítulo con el que colaboré en el Proyecto PAPIIT sobre Movimientos sociales bajo el sexenio obradorista, coordinado por Massimo Modonesi para la UNAM.

En este sexenio, las mujeres fueron parte activa de movilizaciones y protestas en gremios altamente feminizados —como el de los cuidados, la salud o la docencia— y en algunos no tan feminizados —como la industria—, así como de movimientos que no suelen pensarse como de mujeres o feministas, como las madres buscadoras y el movimiento de familiares de víctimas, en gran parte nutrido por mujeres y personas cuidadoras.

La relación del movimiento de mujeres con el gobierno obradorista fue, en algunos momentos distante y, en otros, de mayor cercanía, pero nadie pude negar que impactó tanto en el régimen político que es fácil ver la adecuación en el discurso y las políticas públicas para dar respuesta a las demandas de las mujeres, como desarrollo en el primer apartado. Estas modificaciones en las políticas del gobierno y del régimen permiten identificar una tensión a lo largo del sexenio entre la institucionalización y la revuelta del movimiento de mujeres, entre la protesta pacífica y mediante mecanismos institucionales y la protesta combativa y callejera, como desarrollo en el segundo aparato. Además de esta tensión, se puede identificar un proceso de maduración política del movimiento de mujeres bajo el sexenio obradorista expresado en la dinámica ascendente de masificación y, por tanto, de democratización del movimiento de mujeres, así como en sus procesos de articulación política y de dificultades para construir un horizonte común de emancipación, como planteo en las conclusiones.

La primavera violeta a la mexicana

A nivel internacional se reconoce que vivimos una cuarta ola feminista que se extendió a todo el globo. En México, fue la primavera violeta del 24 de abril (24A) del 2016, una movilización masiva como no se había visto en décadas, la que anunció que esta ola feminista había llegado para quedarse y extenderse a todo el territorio nacional.

Esta primavera fue antecedida por distintos esfuerzos de movilización, articulación y protestas en varios estados entre los que se pueden rastrear las movilizaciones de madres y familiares contra el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua desde la década de los 90, así como por las movilizaciones de madres buscadoras que se incrementaron a partir de la “guerra contra el narco” de Calderón, pasando por distintos movimientos sociales y ciclos de protesta que tuvieron protagonismo femenino o que fueron encabezadas por gremios altamente feminizados. Quiero destacar la participación de las mujeres, maestras, jóvenes, indígenas y colonas de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas que tomó los medios de comunicación para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, el conflicto más importante de la lucha de clases en México a lo largo de lo que van de este siglo.

La novedad de la primavera violeta del 24A fue que, por primera vez en décadas, las mujeres salían por reivindicaciones de sus sectores o gremios, sino que se pintaron de morado en clara alusión al movimiento feminista y se movilizaron por “las demandas de las mujeres”. A partir de 2017, e impactadas por un fenómeno internacional que se expresó con la Women’s March en Estados Unidos (en la que mujeres tomaron masivamente las calles tras la convocatoria del Partido Demócrata para movilizarse el día de la toma de posesión de Trump), en las movilizaciones por derechos reproductivos en Europa, con la Marea Verde y el #NiUnaMenos en el cono sur, se comenzó a desarrollar en México esta nueva oleada feminista.

Detrás, estaba una situación de profunda violencia, impunidad y desigualdad para las mujeres, así como la proliferación de la discusión en espacios universitarios y en el estudio académico sobre las teorías de las identidades. [1]

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Empezando por la Universidad Nacional Autónoma de México, las protestas feministas se instalaron en las universidades para denunciar la violencia machista y en repudio al acoso sexual sufrido por estudiantes, docentes y trabajadoras, como denunció internacionalmente el #MeToo.

Los feminicidios de las estudiantes de la UNAM, Lesvy Berlín Osorio y Miranda Mendoza Flores, así como la desaparición de Mariela Vanesa Díaz, también estudiante de dicha universidad, generaron amplios movimientos de lucha por justicia en las calles y en las redes que sin duda cambiaron el signo del movimiento estudiantil, pues estudiantes, docentes y trabajadores integraron la agenda feminista y cubrieron de legitimidad las tomas y movilizaciones, siendo la población masculina de estos sectores confrontada en múltiples ocasiones por reproducir actitudes machistas y abusivas.

Las universidades fueron un escenario privilegiado donde las protestas se presentaron como tomas de decenas de escuelas, en muchos casos sin estar acompañadas de espacios de discusión y organización amplia de la base estudiantil, a diferencia de la tradición del movimiento estudiantil de organizar asambleas abiertas para definir paros en las escuelas.

El rechazo a la violencia machista y las protestas, en particular las tomas, arrancaron nuevos protocolos de género que implementaron medidas contra la violencia, en su mayoría securitaristas, introduciendo a gran escala un nuevo debate, los alcances y límites del punitivismo y la política de la cancelación, como parte de una política estatal orientada a fortalecer la tutela sobre las mujeres y el protagonismo de las víctimas como vía para recomponer al Estado y su aparato represivo y dejar de lado las medidas para atacar el carácter estructural de la violencia

Las protestas se caracterizaron tanto en las escuelas como en la calle por su disruptividad, por métodos violentos de protesta como los destrozos y la confrontación. Proliferaron bloques negros de encapuchadas que, frente al enorme hartazgo frente a la violencia, recurrían a intervenir estatuas, muros e infraestructura pública en actos de violencia legítima contra las instituciones o comercios, aunque no faltaron agresiones a periodistas, varones cis o bloques mixtos que participaban de las movilizaciones.

A lo largo del sexenio, la relación con la policía fue contradictoria, en algunas ocasiones haciendo eco de la política de represión con perspectiva de género implementada por el gobierno, misma que celebraba la presencia de policías en las marchas, en particular las policías mujeres del cuerpo de Ateneas en la capital del país.

En otras, las movilizaciones repudiaron la represión y denunciaron el rol de los cuerpos policiacos, muchas veces involucrados junto al ejército en violaciones de derechos humanos, manejo de redes de trata y prostitución y casos de feminicidio. De ahí surgieron consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “¿dónde estaban cuando las mataron?” Así como a los hashtags #MisAmigasMeCuidanNoLosPolicías y #NoMeCuidanMeViolan.

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“Es el tiempo de las mujeres” que toman las calles y queman todo

En el 2018, por primera vez en México, un partido que se declaró de centro izquierda ganó la presidencia. López Obrador, ex militante del PRI y del PRD, logró más de 33 millones de votos derrotando así a la derecha conservadora que entró en crisis por su responsabilidad en la implementación de la agenda neoliberal bajo sus gobiernos en décadas previas, así como por impulsar la militarización del país. Los ejes del proyecto alternativo de nación presentado por AMLO en el 2016 no tenían una sola mención a la situación de violencia contra las mujeres, el feminicidio o la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

La 4T llegó a un país donde la situación de las mujeres en el 2018 era compleja e increíble por igual. La precarización laboral [2] arrojaba en aquél entonces por cada 100 pesos percibidos por un trabajador, una trabajadora recibió 90 pesos; las mujeres ocuparon un número mayor entre los empleos precarios —por ejemplo sin seguridad social, donde las mujeres superaron con 37.7% en comparación con el 75.3% de los varones que sí accedieron a este derecho— y entre la ausencia de pago por el trabajo realizado, como en el trabajo doméstico no remunerado, labor en la que las mujeres destinaron en promedio 20.5 horas semanales contra 8 de los varones. El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio informó que éste alcanzó la cifra de 10 mujeres asesinadas al día según fuentes oficiales. [3] Para el 2018, en promedio desaparecieron 5 mujeres cada día, alcanzando las 1822 en dicho año.

En este contexto, el movimiento de mujeres se extendió a nivel nacional, en una variedad infinita de formas de protesta y organización. Se movilizaron, sin duda, de manera constante y ascendente. Fuera de los datos, si se recurre a la percepción general, las multitudinarias movilizaciones en las fechas del calendario feminista como el 28 de septiembre, Día global de acción por el Derecho al Aborto Legal, o el 25 de noviembre, Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, aglutinaron miles de manifestantes.

En particular el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde el 2019 las movilizaciones han ido en aumento; la jornada del 2020 fue un gran mar violeta que inundó con cientos de miles la capital, dinámica masiva que continuó todo el sexenio y cuya masividad se redujo solo en el 2021 debido a la pandemia COVID. En el 2024, hubo protestas en todos los estados, mostrando un claro avance en la masificación y extensión nacional de la protesta, y en la capital se movilizaron cerca de medio millón de mujeres.

La masividad tuvo efectos profundos en la consciencia, en la convivencia cotidiana. Es imposible saber el impacto psicosocial que ha tenido el movimiento de mujeres, pero es innegable que algo cambió; las mujeres dejamos de guardar silencio frente al miedo, frente a la violencia y la desigualdad; los niveles de tolerancia frente a la violencia machista disminuyeron, ya ninguna está dispuesta a soportar de forma aislada el atropello.

Un nuevo sentido común se impuso en las universidades y amplios círculos sociales gracias al combate de miles de mujeres que redujeron los límites de tolerancia frente a la violencia machista, condenándola públicamente en todos los espacios, académicos, políticos y laborales, y a la lucha en espacios públicos y privados contra la desigualdad y el machismo.

En este nivel, el impacto fue tal que es evidente que el feminismo —aunque sea liberal— se ha colado en la nueva ética del Estado administrado por la Cuarta Transformación feminista, en el sentido con el que Gramsci (2018;45,260) hablaba de la propagación de las ideas socialistas —en este caso, progresistas— entre la población, a partir de una jerarquía espiritual y cultural que excede el alcance de los intelectuales, la propaganda política y las políticas institucionales, en un gran transmisor capilar de opiniones, producto de nuevos sentidos comunes (políticos) que constituyen una nueva identidad política colectiva que va más allá de las fronteras, de los espacios cotidianos, que puede rastrearse en símbolos como un pañuelo verde.

Los primeros años del gobierno de la 4T se marcó una tensión inocultable entre el presidente y el movimiento de mujeres, del cual nunca fue simpatizante. el presidente que acusó a las feministas de ser “de derecha” y al feminismo de ser un invento “neoliberal” junto al ecologismo. [4]

Esto, mientras las mujeres y organizaciones feministas denunciaron la ubicación oportunista de la derecha conservadora que, preocupada por recomponerse de su crisis, se corrió a centro en relación a algunas demandas populares, e intentó capitalizar por derecha algunas problemáticas sociales retomadas pero no resueltas íntegramente por el discurso progresista y la política social del gobierno.

El escenario electoral del 2021 en el que el oficialismo perdió terreno en la capital y avanzó en gubernaturas a nivel nacional, fue sin duda un punto de llegada para la derecha que apostó a golpear al oficialismo mediante la amplificación e instrumentalización de las denuncias de colectivos feministas contra candidatos señalados por violencia sexual —en particular contra Félix Salgado Macedonio—, para orientar el descontento hacia el voto de castigo contra el Morena de cara a la jornada electoral y exigiendo que AMLO rompiera el pacto patriarcal.

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Ese 8 de marzo y los días previos, el zócalo capitalino fue escenario de proyecciones de alto presupuesto que decían “un violador no será gobernador”, “AMLO date cuenta”, y de pegas masivas de carteles que decían “Nos vemos en las urnas”. Este intento de la derecha de atraer el voto femenino tras un discurso falso del “progresismo neoliberal” al que hizo referencia Nancy Fraser (2021) aunque “a la mexicana”, mostró a una derecha recargada con un perfil diverso, incluyente, feminista y ecologista con el cual los partidos conservadores buscaron sortear los efectos de la crisis de representación y del sentimiento anti-neoliberal que dejaron sus administraciones.

Otro ejemplo de esto es la hoy la sucesora a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México tras darle el triunfo a la coalición conservadora del PRIAN-PRD, Alessandra Rojo de la Vega, [5] quien acompañó distintas movilizaciones feministas, realizando cobertura especial de los bloques negros. Tras la represión desatada en distintas entidades en la movilización del 8 de marzo del 2024, colaboró con dos de las plataformas feministas que más se viralizaron y ampliaron su influencia estos años, como son Women on Fire y Brujas del Mar (convocantes originales a los paros de mujeres del 9 de marzo), para entregar una petición a la ONU Mujeres solicitando una veeduría internacional frente a la represión. [6]

Esto demuestra no solo la intervención planificada de sectores de derecha conservadora en el movimiento de mujeres, sino la creación, a través de redes sociales, de nuevos referentes políticos y plataformas que utilizan el discurso feminista para aglutinar mujeres que se movilizan por sus derechos y contra la violencia y utilizarlas como base de apoyo para iniciativas político-electorales de los partidos de derecha en el Congreso.

La 4T: el gobierno del feminismo de Estado

Sin lugar a dudas, el movimiento de mujeres irrumpió en la escena nacional con métodos combativos, incomodando a la opinión pública y al establishment con su masividad y con la contundencia de sus exigencias. No se puede entender sin esta característica, que el régimen haya tomado tanta nota de la relevancia de retomar las demandas de las mujeres, como demuestra la ubicación oportunista de la derecha conservadora, pero también la política y discurso del oficialismo, que tras las elecciones intermedias tuvo un giro y puso a la ofensiva sus figuras femeninas, y desplegó con mayor ahínco la política de la 4T frente las problemáticas de las mujeres.

Ya no vimos, desde entonces, a un presidente que confrontaba a las feministas y pedía encarecidamente que protestaran con “buenas formas” y dentro de los marcos de la legalidad. A pesar del rol centralista (Modonesi; 2023;165) del presidente López Obrador, éste pasó a un segundo plano tras una operación política que puso por delante a las funcionarias del gobierno encabezaron las declaraciones oficiales y presumieron los avances de la agenda feminista en este sexenio para limar asperezas, y sustentar que las demandas feministas se han cumplido bajo este gobierno.

Cercados por un creciente movimiento en las calles, el gobierno modificó su discursó y desplegó distintas políticas que pueden dividirse en dos: Por un lado, aquellas orientadas a disminuir la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades, como los programas sociales orientados a mujeres y jefas de familias, la ley de paridad de género que impuso la posibilidad de más mujeres en puestos de representación popular y de poder político, misma que logró que en esta administración del Morena un 43% de las mujeres que han sido secretarias de estado en el país, lo hayan sido durante la 4T; [7] y las iniciativas por derechos sexuales y reproductivos. Una mezcla entre el impulso de un feminismo liberal de Estado, que busca mayor representación de mujeres en puestos de poder, y políticas asistencialistas de bienestar social.

Y, por otro lado, las políticas punitivas orientadas a mayor tipificación de delitos y endurecimiento de las penas, como las fiscalías especializadas, la creación de leyes contra el abuso sexual, el acoso sexual y expresiones de violencia machista (la implementación de Alertas de Violencia de Género, ley Olimpia contra la violencia digital, ley Ingrid contra la exposición de víctimas, ley Malena contra los ataques de ácido, o las leyes Agnes y Monse en algunas entidades).

Sin embargo, la realidad es que a pesar de estas políticas y algunos avances en la participación institucional femenina que apunta a romper los “techos de cristal” impuestos por el patriarcado, hay millones de mujeres que se mantienen bajo el subsuelo del capitalismo, que enfrentan la desigualdad, la pobreza, la precarización laboral y la violencia. Según cifras oficiales, para el 2022 en promedio, las mujeres ganan 6,360 pesos al mes, en contraste con el ingreso promedio de los hombres que recibían 9,762 pesos, una brecha salarial de 35%.

En el terreno de la precariedad laboral, el trabajo informal y el trabajo no remunerado, las mujeres continuaron a la cabeza en comparación con los hombres. [8] Las cifras de feminicidio son quizá las más escandalosas, pues en comparación con el 2015, cuando Peña Nieto gobernaba y eran asesinadas siete mujeres al día, bajo la 4T esta cifra aumentó al doble: de 413 asesinadas en 2015, a 827 en el 2023, [9] llegando a 11 mujeres asesinadas por día y un nivel de impunidad en más del 95% de los casos. [10]

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Esto a pesar de la implementación de alertas de violencia de género (AVG) en veintidós entidades, cuyas medidas para combatir la violencia no han sido aplicadas en su totalidad y apuntan a profundizar una de las causas centrales del aumento en el feminicidio, la militarización del país y la acción de cuerpos militares en tareas de seguridad y civiles.

En gran medida, los límites en la resolución de demandas como el fin del feminicidio también responden al corto alcance de políticas preventivas que no atacan de raíz las condiciones estructurales que generan la violencia en México, para empezar la gran desigualdad social y pobreza que enfrentan las mujeres, en la que contemplamos también la explotación asalariada y la precarización laboral, así como tampoco buscan modificar la subordinación económica y política a los intereses del gobierno estadounidense. [11]

El feminicidio tiene un claro carácter de clase [12] al afectar principalmente a mujeres migrantes, pobres y trabajadoras, habitantes de sectores populares, de la periferia, que tienen que desplazarse en transporte público inseguro durante largas distancias y a horarios no diurnos, en zonas con poca infraestructura y poco acceso a servicios públicos, y que no cuentan ni con los recursos ni con las conexiones para garantizar el acceso a la justicia ni el fin de la impunidad.

No obstante, a pesar de todo esto, las protestas continuaron todo el sexenio exigiendo precisamente lo que esas políticas están orientadas a mitigar, más que resolver: la pobreza, los bajos salarios, la inestabilidad e inseguridad laboral, el acceso a la cultura, la educación y la salud de manera gratuita y digna y, en particular, priman las protestas contra la violencia machista y el feminicidio, contra las desapariciones de mujeres y niñas.

El movimiento de mujeres entre la institucionalización y la revuelta

Ni con las tácticas de desmovilización, represión o los enérgicos llamados del presidente y diversas funcionarias a abandonar las calles, que buscaron canalizar el descontento mediante vías institucionales, y a pesar de presumir avances que compiten con las democracias capitalistas de países imperialistas, el gobierno pudo contener al movimiento de mujeres.

De hecho, el efecto de la movilización alcanzó a sectores oficialistas y vimos contingentes de mujeres del Morena, de agrupaciones como SUMA y a las propias candidatas o funcionarias, como Clara Brugada marchando el 8M del 2024. [13] Dicho movimiento no fue disciplinado y no abandonó las calles, pero aún con su masividad y con el impacto en las políticas públicas y la ubicación del régimen político, el movimiento de mujeres no logró tampoco trastocar la gobernabilidad.

Cuando abrimos la fotografía para ver la dinámica de movilización y de lucha de clases que se ha desarrollado en la región continental, aún está lejos de desarrollar elementos más claramente revueltistas [14] —o revolucionarios—, que empujen la masividad que lo caracteriza a confrontarse con el régimen político de conjunto y de manera violenta, lo que no podrá lograrse si el movimiento no logra articularse internamente y con otros movimientos y actores, en particular a sectores de trabajadores y desocupados.

Si bien han surgido muchos espacios de autoorganización más allá de los tentáculos oficialistas o derechistas, como innumerables colectivas, redes y espacios autogestivos feministas, el movimiento de mujeres no ha conquistado su independencia política y no ha logrado articularse a nivel nacional o local desde un posicionamiento independiente a pesar de que existen importantes iniciativas en este sentido como la de la Coordinación 8M. Una plataforma de coordinación feminista que desde hace casi una década y con más de un centenar de distintas organizaciones feministas, de izquierda y sindicales (incluidos el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana) aglutina a referentes feministas desde un posicionamiento de independencia política frente al régimen, [15] que se reivindica anticapitalista y antipatriarcal.

Esta plataforma denunció la instrumentalización de las demandas de las mujeres por parte de los partidos del congreso, tanto del oficialismo como de la derecha conservadora, y reiteró la necesidad de mantener la movilización combativa y en las calles independientemente de quién gane la presidencia en el 2024. Su posicionamiento independiente contrasta con la ubicación política de la mayor parte de las direcciones sindicales y de las organizaciones de izquierda otrora independientes que bajo la 4T profundizaron su subordinación o directa integración al gobierno.

No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente para superar y anular las iniciativas de sectores del régimen que buscan coopera al movimiento de mujeres, mismas que se pueden rastrear en la multiplicidad de convocatorias que existen en las fechas del calendario feminista donde las convocatorias independientes compiten con convocatorias sin firma que son difundidas y empujadas por plataformas vinculadas a los partidos del Congreso, como vimos con el caso de Brujas del Mar o de Women on Fire.

Esto lleva a la necesidad de identificar y reconocer el rol de otros actores y direcciones políticas que operaron este sexenio para evitar empujar el desarrollo amplio de la movilización, que tuvieron una política para dividir al movimiento de mujeres de otros movimientos sociales, utilizarlo de base de maniobra de políticas de partidos del Congreso o del propio régimen político, o para mantenerlo dentro de los canales de incidencia y participación institucional.

Actores entre los que podemos encontrar variadas organizaciones no gubernamentales, partidos políticos patronales con registro, las iglesias o las burocracias sindicales, contra cuya acción es necesario construir una fuerza militante que pelee por una perspectiva distinta dentro y fuera de las organizaciones sindicales y los movimientos, que levante una política independiente del régimen y el Estado, que combata a las burocracias sindicales y políticas, que pelee por la autoorganización y la coordinación efectiva de las luchas y los movimientos, superando la separación artificial entre nuestras luchas y demandas que imponen dichas direcciones, y que levante una estrategia revolucionaria para vencer, para ir más allá de las demandas gremiales y cuestione al sistema político y económico de conjunto, con la ambición de transformar radicalmente la sociedad, acabando de manera revolucionaria con la dominación de los capitalistas y enfrentando al imperialismo para reorganizar la sociedad sobre otras bases, en función de los intereses de las grandes mayorías.

Aún está por verse si el movimiento de mujeres logrará coordinar y articular sus demandas con sectores más amplios y con otros movimientos, en perspectiva de fortalecer un polo independiente que sea referente para proyectar un horizonte de emancipación que le permita construir organismos de lucha y representación que puedan disputar la hegemonía, por ejemplo apelando a la clase trabajadora y sus métodos de lucha como el paro o la huelga a partir de nutrirlo en más de la mitad por mujeres trabajadoras y lograr así poner contra las cuerdas al régimen.

O si dará riendo suelta a las tendencias institucionales y reformistas a su interior, acoplándose a la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los organismos financieros internacionales, otras ONG’s y del gobierno. Con AMLO y el primer gobierno de la 4T que con su retórica progresista, políticas de asistencia social y redistribución del gasto público modificó la relación del Estado con la ciudadanía y las clases sociales, mientras mantuvo un orden económico y productivo subordinado al capital extranjero, a la financierización económica global y respetó la gestión capitalista de la mano de obra, como plantea Matari Pierre , vimos que su capacidad para contener al movimiento feminista, una característica de su centralismo, brilló por su ausencia. Está por verse si una presidenta con un discurso progresista que promete continuidad del proyecto obradorista aunque con marcada moderación en comparación con su predecesor, podrá cooptar al movimiento y convencerlo de abandonar las calles y los métodos combativos de lucha.

Bibliografía

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Notas periodísticas e informes

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