El Jefe de “Protobanco”, uno de los 600 Centros Clandestino de Detención, “cumplía condena” domiciliaria por delitos de lesa humanidad; murió haciendo arreglos en su casa de Bragado.
Lunes 20 de junio de 2016 13:14
Miguel Colicigno fue comisario de la Bonaerense y desde 1976 se desempeñó como jefe del centro clandestino de detención y tortura, donde allí "habrían pasado al menos 137 víctimas de las cuales más de la mitad están desaparecidas o fueron asesinadas".
Ese campo de exterminio funcionó aun antes del golpe de Estado –desde 1974– en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en la localidad de La Matanza, frente al centro clandestino El Vesubio. Dependía del Ejército y de la Policía Bonaerense y allí también revistaron algunos integrantes de la Triple A.
Colicigno, quien tenía orden de captura desde octubre de 2011, estuvo prófugo de la Justica hasta ser detenido durante el año 2013, en un allanamiento en el domicilio de un familiar en la Ciudad de La Plata, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Después de ser capturado fue trasladado al Penal de Marcos Paz. El represor, de 86 años, quien cumplía con el beneficio de prisión domiciliaria, murió después de haber sufrido heridas graves cuando se cayó de una escalera, tratando de podar un limonero.
Según registros de este año, el número de beneficiados con prisión domiciliaria, es de un 41 por ciento, lo que da cuenta del elevado número de acusados y condenados en crímenes de lesa humanidad con prisión domiciliaria frente al resto de los imputados por otros delitos.
En esta ola creciente de beneficiar represores, el mismo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, considera que “por respeto al Derecho y la Justicia, los mayores de 70 años deben ir a su casa.” Días previos a cumplirse un nuevo aniversario del golpe del 76, en una entrevista concedida al diario La Nación, el secretario Avruj consideró que tanto él como el Gobierno entienden que los procesado o condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años deben acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Hasta ahora la detención domiciliaria es un beneficio al que accede una persona condenada a prisión por cualquier delito que, además de tener 70 años, tiene problemas de salud por los que no puede ser atendida en los centros de salud de las unidades penitenciarias. Ambos requisitos, en realidad, tampoco evitan hasta aquí el elevado número de represores que ya gozan del beneficio: uno de cada tres, según datos del CELS.
Sumado a la parálisis de los juicios, y frente a estos privilegios, el manto de impunidad sigue intacto. Pero también sigue intacta la lucha tenaz y persistente contra la impunidad de ayer y de hoy, por memoria, verdad y justicia.
