En lo que va del año 2023, diversos medios vienen registrando los accidentes laborales con víctimas fatales en las empresas básicas de Guayana. Los fallecidos y heridos en fatales accidentes de trabajo en las industrias básicas han venido en aumento a medida en que el Gobierno y los directivos de la CVG han llevado las industrias de Guayana a situaciones deplorables, con grandes niveles de inseguridad y pagando salarios miserables. Más que accidentes, son asesinatos laborales.
Martes 11 de abril de 2023
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Casi todos los accidentes laborales con resultados fatales o trabajadores gravemente heridos en las empresas básicas de Guayana, tienen en común que se debieron a que no se cumplen las normas básicas de seguridad industrial por parte de los directivos de las empresas, falta de mantenimiento de las áreas laborales y la desinversión. “Basta dejar la vida en el trabajo. Nuestro tiempo y nuestras vidas valen”, declaran los trabajadores.
No existe información oficial o alguna data de los accidentes en las empresas de Guayana, y los propios delegados de Inpsasel declaran que las empresas han dejado de reportar los accidentes laborales. La mayoría que se conocen son por denuncias de los propios trabajadores y recogidos por los medios, siendo que muchos de los accidentes son ocultados por los directivos de las empresas, o que las víctimas no reportan por temor a represalias. Pero se trata de una situación donde los accidentes fatales han venido creciendo de manera alarmante.
Hace pocos meses ocurrió la muerte de un trabajador Julio Barroso, del Departamento de Ferrocarril de CVG Ferrominera, quien fue encontrado muerto en el patio de volcado de vagones de la empresa extractora de mineral de hierro. Barroso se encontraba debajo del vagón 1878 tratando de “picar” el vagón. En la jerga ferrominera, picar el vagón es desconectarlo del resto para que pase al sitio donde será volteado o volcado para sacar el mineral de hierro que trae de las minas. En esta ocasión lo que derivó en el fatal accidente fue la falta de mantenimiento.
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El caso más reciente en Invegas, pone más al desnudo la total desidia estatal por la desinversión, tratar de reactivar empresas en total deterioro sin la seguridad industrial ni personal calificado, llegando a ubicar a trabajadores en áreas laborales para los que no han sido contratados ni están preparados.
La explosión de Invegas tuvo lugar el pasado 5 de abril, y los propios obreros que operan en el área declararon que esa parte de planta se encontraba paralizada desde hace varios años, que en ella se mantenían cilindros de oxígeno industrial, usado para avivar los hornos y dar mayor celeridad al proceso productivo. Aunado a eso, la mayoría de los afectados eran trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y no de Invegas, que se encontraban trabajando en la recuperación de la planta por órdenes de la directiva de la CVG y su presidente Pedro Maldonado, detenido recientemente por corrupción.
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Los trabajadores hace tiempo vienen denunciando cómo se violan las mínimas normas de seguridad laboral, que no les dotan de los implementos necesarios de trabajo, en una situación de las más precarias que viven con salarios prácticamente inexistentes. Algunos delegados de prevención de las empresas básicas denuncian que esto formaba parte de una política del expresidente de la corporación, el corrupto Pedro Maldonado, quien reincorporaba a empleados no requeridos para prestar servicios distintos a aquellos para los que fueron contratados.
Este lunes 10 de abril trabajadores de las diversas industrias realizaron una protesta frente a las oficinas del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), en Guayana. En dicha protesta denunciaron que los obreros que fueron enviados a laborar en la planta de Invegas, desconocían el manejo de cilindros de gas, los factores de riesgo y las medidas de seguridad. Asimismo, alegaron que no contaban con equipos de protección personal, tal como lo declararon también trabajadores de la Planta Casima, al siguiente día del siniestro.
El medio Correo del Caroní recogió declaraciones durante la protesta frente a Inpsasel. “Se está implementando una política de Pedro Maldonado: trasladan a un trabajador de una empresa a otra. Eso fue lo que pasó en Invegas. 10 trabajadores heridos, uno fallecido. Ahí hay 8 trabajadores de Sidor que fueron enviados a esa empresa a trabajar sin tener una inducción, ni conocimiento de los riesgos que hay en esa empresa”, manifestó para dicho medio Jonis Luna, trabajador de Sidor. De igual manera, empleados de Planta Casima reportaron también a Correo del Caroní que la cantidad de lesionados y heridos se debió a la falta de equipos de protección personal.
También recoge las declaraciones de José Amezquita, del grupo sindical Parlamento Obrero de Base: “Pedro Maldonado y Néstor Astudillo –también detenido por corrupción- no incorporaban a los trabajadores a sus empresas, ellos coaccionaron a los trabajadores y los enviaron a otras empresas. De 10 trabajadores, 8 de las víctimas de la explosión son de Sidor. ¿Tienen conocimiento y experticia para hacer ese trabajo en esa planta? ¿Por qué mandan trabajadores de una empresa a hacer otra cosa para la que no están capacitados? ¿Dieron charlas? No puede ser”.
La muerte de trabajadores, en accidentes claramente evitables, causan indignación general, por las condiciones deplorables en las que trabajan, además de ganar salarios miserables.
Se trata de toda una situación que se ha venido denunciando desde hace varios años por los continuos accidentes laborales, toda vez que la dotación de equipos de protección empezó a escasear desde el 2012. Ni de los directivos de las empresas básicas como tampoco de la dirección del Instituto de Inpsasel los trabajadores han tenido respuesta a sus denuncias.
Es claro que, en todos estos años de crisis económica y social, las políticas anti obreras y la desidia completa del Gobierno ha llevado a un estado calamitoso la mayor parte de las industrias de Guayana. Cuando iniciaba la crisis el gobierno de Maduro optó por pagar hasta el último centavo de la deuda externa, desangrando el país, en lugar de destinar todos esos recursos a las grandes necesidades del pueblo y la inversión en la industria para que no se viniera abajo.
Ante todo esto, son los trabajadores son los que están poniendo el pecho y sufriendo en carne propia las calamidades con sus propias vidas, producto de años de desinversión aunado a la rampante corrupción gerencial y administrativa, y la pulverización del salario y los derechos contractuales.
Por eso es que decimos que el Estado, Gobierno y CVG son responsables de las muertes obreras en accidentes laborales, por la desidia y la irresponsabilidad patronal de ponerlos a operar en condiciones que no están dadas ni aptas, o reactivar plantas en situaciones lamentables, con el riesgo de las vidas obreras.
No podemos seguir dejando que la crisis, y la voracidad sin escrúpulos y los negocios paralelos de las gerencias de las empresas básicas embarradas en la más descarada corrupción como se está haciendo público, le cueste diariamente la salud y la vida a los trabajadores. Para poder discutir integralmente las medidas de seguridad que se requieren para trabajar, es necesario poner en pie verdaderos Comités de Seguridad obreros, con delegados de todos los trabajadores, elegidos en asambleas por sus compañeros, a los que se integren los delegados de prevención, con total independencia de los organismos estatales y de las empresas.
Al mismo tiempo es necesario llevar adelante la organización y luchar por la recuperación del salario y todas las reivindicaciones laborales que les han sido arrebatadas a los trabajadores. Es necesario impulsar la discusión desde los lugares de trabajo de un plan obrero y popular de emergencia, incluyendo las medidas urgentes de seguridad para los trabajadores, para ofrecer como clase una salida propia ante estos brutales ataques y que los obreros no sigan pagando la crisis y perdiendo sus vidas en tantos accidentes laborales.
La recuperación de las industrias básicas solo puede ser llevada adelante por los propios trabajadores, bajo una industria 100% estatizada y bajo el control directo obrero sin injerencia de esa burocracia estatal y corrupta del Gobierno de Maduro y más aún de la propia gerencia de la CVG en envuelta en escandalosos casos de corrupción.