El pasado domingo 15 de diciembre, las calles de Santiago de Compostela se llenaron en protesta contra la instalación en la comarca de Terras da Ulloa de una macroplanta de celulosa con consecuencias criminales contra el medio ambiente y el pueblo trabajador gallego.
Lunes 16 de diciembre de 2024
La multitud reunida en protesta este pasado domingo 15 recorrió el centro histórico de Santiago de Compostela hasta llegar a la Praza do Obradoiro, llenando la plaza y las calles cercanas con miles de personas.
Tras el referente histórico de las manifestaciones en 2002 tras el desastre ecológico del Prestige, esta pasada convocatoria vuelve a marcar un hito por su masividad. Al grito de consignas como “Altri non”, “A auga é nosa, non da celulosa” o “A Xunta non pode calar todo un país”; el pueblo trabajador gallego dejaba claro que no están dispuestos a dejar pasar otro brutal ataque más contra el medio ambiente y contra la población local, orquestado por el gobierno autonómico y las grandes empresas industriales.
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El proyecto está siendo desarrollado por Greenfiber, filial de la empresa portuguesa Altri y la gallega Greenalia, desde el año pasado cuando se aprobó como uno de los proyectos susceptibles a la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. A pesar de todos los intentos de Altri por presentar el proyecto como una innovación y la vanguardia de una nueva industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, nada puede estar más alejado de la realidad.
El lugar escogido por Altri para instalar su “biofábrica” de celulosa, un componente empleado para hacer papel o cartón, es un espacio perteneciente a la Red Natura, uno de los poco espacios protegidos que tiene Galicia, cerca de la Serra do Careón en Palas de Rei, Lugo. Es decir, ni siquiera respeta las zonas protegidas por su importancia medioambiental. Además, por mucho que quieran revestir de verde el proyecto, los datos de organizaciones como Greenpeace demuestran que la instalación de la enorme fábrica provocará el gasto de 46 millones de litros de agua diarios provenientes del río Ulla, casi tanto como consume la provincia entera de Lugo; devolverá agua contaminada al río que también desembocará en la ría de Arousa, emitirá gases tóxicos y necesitará más plantaciones de eucalipto, un monocultivo cuyos efectos contra la biodiversidad forestal ya vienen siendo demostrados durante décadas en los montes gallegos.
Por si las nefastas consecuencias ecológicas no fueran suficientes, el proyecto ha pedido la increíble suma de 250 millones de euros de financiación pública para poder desarrollar esta maquinaria tan hostil con el medio ambiente y la población local. Todo esto, claramente, con la complicidad de la Xunta que considera esta industria como una pieza estratégica económica para la región, demostrando que para los gobiernos autonómicos al servicio de las grandes empresas la vida natural y de sus habitantes no importan.
Por si la complicidad del actual gobierno autonómico del PP fuera poco, el proyecto está patrocinado por Acento Public Affairs, una consultoría dedicada a captar fondos públicos para empresas privadas, fundada por José Blanco, el exsecretario de organización del PSOE y exministro durante el gobierno de Zapatero. Actualmente, esta empresa está liderada por Blanco junto a Alfonso Alonso, ejecutivo del PP durante el gobierno de Rajoy. Los grandes partidos del régimen siempre demostrando su solidaridad con los grandes empresarios para proteger las ganancias capitalistas.
A pesar de los intentos de demostrar el capitalismo verde como un signo de progreso en la zona, los vecinos y la clase trabajadora gallega se han opuesto desde el inicio a este proyecto industrial. Por ello, la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convocaron una manifestación en Santiago de Compostela y junto a varios sindicatos y organizaciones sociales organizaron autobuses para facilitar la movilidad de los vecinos del resto de Galicia.
La amenaza de Altri no es sólo contra el mundo natural, sino también contra la sostenibilidad económica y social de la zona. La macrofábrcia de la celulosa no solo atenta contra la salud de la población local, sino que también pondría en peligro los sectores locales de la agricultura y el marisqueo. Por ello, es importante que la clase trabajadora se organice y se una para parar el proyecto criminal de Altri, pero también para defender sus derechos laborales y el medio ambiente de la región.
Son estos casos como la macroplanta de celulosa que demuestran que la clase trabajadora no está separada del resto de luchas sociales, como la lucha en defensa del medio ambiente. Es importante que el movimiento ecologista se articule con la clase trabajadora para exigir la inmediata suspensión del proyecto de Altri, pero también señalar a los responsables políticos detrás de la financiación pública hacia estas empresas altamente contaminantes y hostiles con la vida local. La Xunta es responsable de perpetuar este modelo de depredación en Galicia, el cual ha continuado profundizándose bajo gobiernos de la derecha y que se decían progresistas, al actuar como intermediarios y garantizadores de los intereses capitalistas por encima de las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo gallego.
Como decíamos en un artículo anterior, "si hay algo que evidencia el caso Altri es la impunidad de las grandes empresas, que destrozan el planeta con ayuda del Gobierno y apoyándose en la “colaboración” entre el sector público y el privado”. Un modelo capitalista basado en la ganancia y en la producción desmedida no puede ofrecer solución alguna a la extinción de especies protegidas, la escasez de agua, la degradación de ecosistemas, y demás crisis que el mismo sistema genera."
