Conocido es el caso Main o asesor, que involucra a la ahora inhabilitada alcaldesa Karen Rojo para ejercer sus funciones, esto luego de que se le acusara de presunto fraude al fisco. Lo cierto es que los entramados de corrupción, favores políticos y operadores partidarios son “pan de cada día” en la casa consistorial, el verdadero elefante blanco de los partidos del régimen y los grandes intereses económicos de las grandes mineras como Escondida BHP Billiton o AMSA.
Domingo 23 de agosto de 2020
Un “municipio botín”
La municipalidad de Antofagasta está en crisis. Karen Rojo, frente a todo pronóstico, fue destituida de la municipalidad por presunta traición: un pronunciamiento -obligado- de parte del departamento de jurídica del propio municipio que marcó el inicio del final para la edil derechista.
Antofagasta ya había vivido en el año 2008 otro caso de fraude al fisco: en manos de Daniel Adaro, alcalde ligado a la Democracia Cristiana, donde se conoció el uso de fondos educacionales para aseorías personales, un hecho de corrupción que terminó con su destitución y una salida obligada de la política por siete años.
Con Rojo, todo partió por recomendaciones de parte de sus más cercanos para lograr conseguir una asesoría política -de campaña derechamente- ad portas de las municipales programadas para el año 2016. Los pronósticos no eran del todo benevolentes con quien perteneciera a la bancada de alcaldes UDI, que “sin entregar la firma”, sostiene una cercana relación con la actual presidenta del gremialismo, Jaqueline Van Rysselberghe.
Este acercamiento se concretó el primero de octubre del año 2015. Entre gallos y medianoche, la alcaldesa habría contratado -con la excusa de un posicionamiento comunal de la CMDS- a Main comunicaciones, una consultora privada.
Pero no fue sino hasta febrero del año 2016 que las dudas comenzaron a acrecentarse. Las visitas regulares de José Miguel Izquierdo, conocido por haber sido importante en el posicionamiento y victoria de “Piñera 1” y dueño de Main comunicaciones, no eran a las dependencias de la CMDS precisamente: con el tiempo se conoció que entrando por subterráneos y bajo total confidencialidad, el asesor político hacía ingreso por lo menos una vez a la semana a la casa consistorial mientras duró el servicio.
El contrato original era un pago de 480 UF por seis meses de trabajo, finalmente el servicio se extendió 10 meses, duplicando sus ganancias cercanas a las 800 UF, unos 22 millones de pesos, sumando viáticos, alojamiento, alimentación. Todo esto sumó 27 millones directos a las arcas de Main comunicaciones.
Frente a esta situación se dio el vamos a un caso que contempla casi 800 UF de desfalco al fisco, acusaciones contra la plana mayor del aparato municipal, interventores judiciales y un juicio que prontamente contará con 173 testigos y 371 documentos de pruebas, uno de los más grandes y complejos que ha tenido que enfrentar la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Y luego de incontables audiencias, contrastes y matices de un caso que involucra expertos abogados y otros conocidos asesores de Piñera, como Jorge Bofill, -recientemente promotor de las querellas del gobierno tras el anuncio de la ley de seguridad interior del Estado frente a quienes fueron parte de la revuelta de octubre, como fue el caso de Dauno Tótoro-, la ahora inhabilitada alcaldesa fue acusada definitivamente por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado: no hay vuelta atrás.
“Todos los actos que está realizando son nulos, cualquier persona que contrate con la municipalidad está contratando con nadie, porque la alcaldesa ya no tiene título para actuar a nombre de la municipalidad”, afirmó una semana antes de su salida Carlos Bonilla, abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado.
Dos años se tramitó su investigación de formalización, esto significó el ejercicio de su cargo, donde entre disputas con el gobierno regional y posicionamiento, se fraguaba una lejana candidatura al Senado por parte de Rojo, en disputa directa con Paulina Núñez, vicepresidenta de RN y parlamentaria local.
El caso continúa su curso a la espera del juicio oral en lo penal, que determinará la culpabilidad o no de Rojo. Son siete años de presidio los que piden para Rojo, cinco años para el ExSecretario Ejecutivo de la CMDS, Edgardo Vergara, y solo tres para el actual secretario municipal, Héctor Gómez. Más allá de esto, el problema radica un poco más atrás del telón de fondo.
Un municipio espinoso
Rojo no operó de manera solitaria. La sigue un gran grupo de personas, una red enfocada en hacer uso de las dependencias municipales y sus fondos para sus propios intereses. Los negocios internos son secretos a voces, donde han existido pagos de multas por sobre los 3600 millones de pesos, en tan solo una cuota.
La magnitud de estas cifras sólo se justifica entendiendo que el municipio administra por lo menos 100 mil millones de pesos de presupuesto, lo que la posiciona en la novena casa consistorial con mayores ingresos de Chile.
Esto lo convierte en un “municipio botín” por excelencia. Donde burócratas del estado comunal y los partidos del régimen, bajo la venia de grandes capitales transnacionales y mineros, deciden la inversión de importantes sumas de dinero, que no solo afecta al municipio, sino a cada uno de los espacios a los que llega, jugando un rol de administrador de la pobreza, empleador de grandes sectores de trabajadores y, por qué no, de un verdadero centro de lobby para el empresariado local.
Los partidos del régimen conviven en una constante posición defensiva ante cada movimiento al interior del municipio: donde operadores políticos bien pagados y empresarios locales marcan la pauta al interior del edificio. Todo bajo una tensa calma.
Muy bien saben que es un buen lugar donde parapetarse, un excelente arca. Por ello es una constante la tensión, al mismo tiempo que se forjan nuevos perfiles y tienen la opción de decidir por los más de 398.843 mil personas que habitan Antofagasta.
Un municipio que vive en un contexto espinoso: con un consejo dividido, hoy el Partido Radical buscó llegar a acuerdos entre las partes y así mantener una administración estable. No lo logró, y hoy ya tiene acusado de corrupción a su principal asesor, presidente de su partido y además a quien designó como nuevo director de jurídica del municipio.
La municipalidad, ligada directamente con poblaciones y organizaciones sociales, se configura como un complejo entramado de negocios y política. Lo cierto es que casos de corrupción, rarezas y otros episodios ponen en jaque la confianza de la institución como de sus gobernantes.
La llegada de la revuelta en contra de los 30 años de la dictadura no dejó poder no cuestionado. El municipio en general, y Karen Rojo en particular, engrosaron la lista de consignas que exigían, entre otras cosas, la renuncia de la entonces alcaldesa. Tal demanda se cumplió, pero por el propio peso de sus actos.
El botín del municipio quedó al descubierto. Con millonarios sueldos, alcaldes y funcionarios de alto cargo sostienen una suerte de sistema de influencias, favores y todo tipo de juegos para cumplir con los cometidos de oscuras decisiones. Nadie sabe a ciencia cierta cómo opera el municipio, todo bajo el manto de una legalidad que favorece precisamente este tipo de actos.
“Fuera Karen Rojo” se convirtió en gritos y rayados en las paredes de Antofagasta y hoy con la edil en jaque técnico, se logró no sólo posicionar al radical Ignacio Pozo como figura alcaldicia, sino de pasada buscar cómo perpetuar este ensamblaje institucional.
Es necesario acabar con este modo de gobierno municipal. Hoy reinan artículos legales antidemocráticos que no permiten que sean representados los intereses de las grandes mayorías, dejando las decisiones a un puñado de representantes con intereses ajenos a la población. Lo más democrático para ello son las elecciones anticipadas, que permita la total tendencia para que el concejo municipal sea realmente un lugar de deliberación comunal.
Engañosos han sido los discursos federalistas, desde el regionalismo y los parlamentarios del régimen: con la excusa de la “descentralización”, siguen concentrando el poder en figuras y designaciones a dedo.
No puede existir un gobierno comunal si no es partiendo de la total deliberación de las grandes mayorías, con las masas trabajadoras y pobres representadas realmente en el cuarto piso del municipio antofagastino, como en cierta forma lo expresaron experiencias nacidas de la revuelta, como el Comité de Emergencia y Resguardo, las asambleas territoriales o, mas actualmente, las ollas comunes.
Son estas últimas las que pueden verdaderamente expresar los intereses de los millones que salieron a la calle a enfrentarse contra los 30 años de los Alwyn, los Lagos, los Frei, los Piñera y Pinochet.
