Munir y Jessica llevaban dos años malviviendo en un barrio chabolista en Montcada, cerca de Barcelona. Las familias denuncian que ninguna administración les ayudó y estas tan solo han puesto excusas tras el fallecimiento.
Roberto Bordón @RobertoBordon13
Martes 11 de enero de 2022
La pareja malvivía desde hacía dos años en una pequeña chabola en un barrio de infraviviendas situados en Montcada, a lo largo de la orilla del río Besòs. Tras su fallecimiento, queda huérfano un hijo y con profunda rabia unos familiares que acusan a las Administraciones Públicas de no haber hecho nada por ayudar a solucionar la situación de Munir y Jessica y, en general, de quienes se encuentran en esta situación. Por su parte, los distintos organismos públicos han respondido con diferentes excusas ante las demandas de los familiares. De fondo queda patente como la falta de acceso a la vivienda digna genera muertes.
Munir y Jéssica son los trágicos protagonistas de esta triste historia que terminaron viviendo en el asentamiento de chabolas tras haber sido expulsados del piso que ocupaban en Santa Coloma de Gramenet y debido a la incapacidad de poder acceder a una vivienda. La pareja residía en el citado barrio de infraviviendas, donde ni siquiera podían cuidar a su hijo de dos años y medio debido a su situación de pobreza. El niño vivía en casa de una hermana de él y está bajo la tutela de la Generalitat.
Munir de origen marroquí y residente en España desde hace más de 25 años trabajaba recogiendo chatarra. Por su parte Jéssica, de nacionalidad española, trabajaba de dependienta en una tienda de ropa en Santa Coloma. Sus familiares denuncian que la pareja no podía acceder a una vivienda digna debido a los altos precios que se demandan.
El asentamiento en el que residían se trata de un conjunto de chabolas que conforman una “ciudad” con calles internas y numeración de puertas, que se extiende a lo largo de un kilómetro entre el río Besòs y la carretera que une Montcada i Reixac y Sant Fost de Campsentelles. El poblado se habría formado a partir de una zona de barracas de huerta que ha ido siendo ocupada por personas sin hogar, cuyo número no se conoce debido a que nunca se ha censado. Con una población mixta de inmigrantes y nacionales, se trata de una zona donde los servicios sociales no acuden, tan solo aparece la policía de forma ocasional. Las viviendas levantadas a base de chapa, madera y plástico, y cerradas totalmente no ofrecen demasiada protección ante el frío y la humedad de la zona, especialmente porque el uso de calefacción improvisada puede llegar a ser peligroso. Los caminos de la zona están llenos de basura y restos de chatarra dando cuenta de la extrema pobreza y precariedad del lugar.
Los fallecidos se encontraban a punto de mudarse a una barraca cercana con más espacio y más protegidos del frío, pero días antes tuvieron que protegerse de las bajas temperaturas y la fuerte humedad de la zona. Para ello encendieron una estufa casera, a base de quemar madera y que al estar todo cerrado provocó que muriesen asfixiados.
Los familiares han denunciado que no es un caso aislado, sino que se reproduce en cientos de familia que podrían sufrir una suerte similar a la de los fallecidos. Acusan a las administraciones públicas de no haber movido un dedo para sacar de la exclusión a los habitantes del barrio de chabolas.
Por su parte, los distintos organismos públicos desde el ayuntamiento de Montcada i Reixac a la Generalitat de Catalunya han presentado distintas excusas para justificar su inacción a la hora de tratar esta problemática. Desde la falta de presupuesto a nivel municipal a que según la administración autonómicas dichas personas no se encontraban registradas como personas sin hogar en Cruz Roja. La clave de su respuesta reside en que ninguna asuma la responsabilidad de una situación que deriva del difícil acceso a la vivienda digna que sufre gran parte de la población. En el caso de Catalunya según un informe de la Generalitat de 2016, en aquel momento ya había 48.000 personas en alojamientos sin mínimo de condiciones, con más de 5.000 sin techo y 34.000 en viviendas inseguras.
Una situación de difícil solución para los afectados que encuentran multitud de obstáculos para acceder a la vivienda digna, entre la pobreza, la exclusión social y las trabas administrativas que van construyendo una senda que acaba en verdaderos crímenes sociales como el caso de Munir y Jéssica.
Roberto Bordón
Andalucía