Fue el último presidente de la dictadura, estaba internado en el Hospital Militar y murió esta mañana a los 90 años de edad.
Miércoles 7 de marzo de 2018 11:51
El ex militar fue el decimotercer presidente durante la ultima dictadura y estuvo a la cabeza del Gobierno de facto entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983.
En 1984, un juez federal imputó a Bignone por la desaparición de un técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que fue secuestrado en su lugar de trabajo en 1978; y de dos soldados conscriptos secuestrados en 1976 en el Colegio Militar de la Nación. En el primer caso se le adjudicó la autoría por ser quien se encontraba encargado del Grupo de Tareas 1 (GT1) en 1978, y en el segundo por ser el encargado del Colegio Militar.
Fue procesado por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante su comandancia del campo de concentración de Campo de Mayo, pero antes de dictarse condena fue liberado debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986.
En el segundo juicio de la Megacausa, los jueces confirmaron que Bignone fue el segundo responsable de todos los hechos acaecidos en su jurisdicción y de lo que sucedió dentro del Comando durante el año 1977. En la condena, en abril de 2010, se lo halló coautor penalmente responsable de 11 casos de allanamiento ilegal; 6 casos de robo agravado; 15 casos de privación ilegítima de la libertad; y 29 casos de imposición de tormentos a cumplir en una cárcel común.
También, fue juzgado por la destrucción de documentos de la represión antes de terminar su último Gobierno de facto, permaneció detenido desde julio de 1989 hasta que fue indultado por el presidente Carlos Menem en octubre de ese año.
El 30 de octubre de 1996, las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron una denuncia contra Eduardo Albano Harguindeguy, Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Rubén Oscar Franco y Reynaldo Bignone, quienes no habían sido imputados por la apropiación de sus nietos como parte de un plan sistemático.
Luego de dos años se dieron las primeras declaraciones indagatorias y se confirmaron los procesamientos por las apropiaciones de 34 ñiños y niñas. En 1999, Bignone fue detenido por esta causa y el juez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria alegando la elevada edad del acusado, 71 años.
Desde 2003 hasta agosto de 2016 fue sentenciado en siete oportunidades por delitos de lesa humanidad: a 25 años de prisión en 2010; a reclusión perpetua en 2011; a 15 años en 2011; a 15 años en 2011 por el secuestro, tortura y desaparición de empleados del Hospital Posadas; a 23 años en 2014 y a 20 años en 2016.
Bignone murió pero la impunidad permanece, porque no actuó solo en el plan que llevaron adelante las fuerzas represivas del estado durante los más de 6 años de dictadura en la Argentina y en muchos otros países del continente. La mayoría de quienes llevaron adelante este plan continúan impunes y actuando en las instituciones del Estado. El ejemplo más claro es el mismo presidente, cuya familia se benefició económicamente durante la dictadura, aumentando su patrimonio de manera sideral, como muchos otros empresarios.
Además, las fuerzas represivas siguen actuando en defensa de la clase capitalista con los mismos métodos. Lo demuestran las desapariciones de Jorge Julio López, de Santiago Maldonado y de tantos otros; el asesinato de Rafael Nahuel y de miles de pibes por gatillo fácil en los barrios pobres de nuestro país. Mientras tanto, desde la presidencia se impulsa la “doctrina Chocobar”, que ha llevado a discusiones inaceptables como la posibilidad del restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país.
Los archivos del Estado siguen sin abrirse, y es una demanda que no ha cumplido ningún Gobierno, ni siquiera quienes más usaron la bandera de los derechos humanos.
Somos miles y miles quienes No olvidamos, No perdonamos y No nos reconciliamos. Detrás de Bignone, hubo y hay una clase capitalista y un aparato estatal que sigue al servicio de esa clase. Por eso volveremos a ser miles en las calles este 24 de Marzo exigiendo Juicio y castigo, Cárcel común a todos los genocidios, y apertura inmediata de los archivos.
