El martes 16 el ministro de Energía, Juan José Aranguren, concurrió a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar explicaciones acerca del tarifazo.
Jueves 18 de agosto de 2016 01:00
La discusión duró varias horas. Julio de Vido, ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, pegó el faltazo, acosado por las causas judiciales en su contra.
A lo largo de la jornada el ministro de Cambiemos y accionista de Shell intentó explicar lo inexplicable: las razones de los enormes aumentos (superiores al 400%) y el destino de los millonarios subsidios otorgados por el gobierno anterior y mantenidos por este, que a su vez lo benefician a él y a amigos del presidente Macri.
La diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, fue una de las que cruzó al ministro. Comenzó su intervención solidarizándose con los y las trabajadores del Call Center de ese ministerio en lucha contra su traslado.
A continuación retomó las palabras del propio ministro, quien dijo que cumplía con la ley, para refutarlo. “Lamentablemente esto no es así, ya que hemos tenido juicios de trabajadores, a los que representamos, que demandaron al ministro porque intentaban organizarse en Shell y fueron despedidos. Los trabajadores, además denunciaban la contaminación a la que estaban expuestos. La justicia ordenó su reinstalación y el ministro incumplió la sentencia”, afirmó la diputada.
Sobre la actuación de la Corte Suprema, expresó que “se intentó descargar la responsabilidad de este tarifazo en lo que resuelva la Corte Suprema. El presidente Macri se reunió con Ricardo Lorenzeti, en una reunión sin que estuviesen presentes ni los usuarios, ni las asociaciones de consumidores y eso está prohibido”.
Manifestó que “este tarifazo es ilegítimo porque es impagable y porque estamos hablando de un servicio público”. Y se refirió al rol del ministro como accionista de Shell y a los de amigos del presidente, como Nicolás Caputo y Joseph Lewis, también accionistas de empresas ligadas al sector de empresas beneficiadas por esos aumentos siderales. “Hasta Laura Alonso, titular de la Oficina corrupción, definió como complicado el hecho de que sea accionista de una de las empresas que interviene en el mercado energético. Preguntamos: ¿cuál es la participación accionaria que usted tiene en Shell y como impactan las medidas tomadas en las ganancias de las empresas y en sus ingresos personales? Entiendo que si Shell se beneficia, usted se beneficia indirectamente por ser poseedor de las acciones”. En esa línea, también pidió que se le conteste cuál “es el impacto dispuesto por el aumento tarifario en los ingresos de la familia Caputo”, vinculada a empresas de este sector, entre ellas Sadesa, Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila y Edesur y Ecogas. También señalo que otro de los grandes ganadores de este tarifazo es el magnate Joseph Lewis, accionista de Edenor.
A continuación recalcó que “este tarifazo tiene como objetivo elevar las ganancias de estas empresas, pero no necesariamente provocar un proceso de inversiones, entonces preguntamos: ¿qué inversiones tienen planeadas en la producción de gas, petróleo y energía eléctrica? Porque así como se nos mostró el festival de subsidios del gobierno anterior, les pido que nos muestren las inversiones que van a realizar con este saqueo al bolsillo de todo el pueblo trabajador. Se habló muchas veces de la herencia recibida. Si queremos hablar sobre la herencia recibida, hablemos a fondo. Por eso preguntamos: ¿cuál es el monto global de subsidios desembolsados en los últimos años desagregado empresa, por empresa? ¿Cuál fue el destino de esos subsidios? ¿Por qué el ministro no vino a esta reunión con los balances de todas las empresas? “
Sobre los argumentos esgrimidos por las empresas a favor del tarifazo, dijo que “no aceptamos la extorsión de las empresas que dicen que si no se aplica este tarifazo van a ir a la quiebra y despedir a trabajadores. No aceptamos el esquema de Repsol, que la vacían y después se le pagan millonarios montos en concepto de reparación. No hay que pagarle a los vaciadores, si no pueden administrar las empresas que pasen a manos del Estado, controladas por sus trabajadores y los usuarios”.
Para finalizar, señaló que “también hoy deben dar cuentas los que representan los oficialismos de estas provincias, los gobernadores que, increíblemente, dijeron que apoyaron este tarifazo: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal-PRO), el gobernador de Mendoza (Alfredo Cornejo-UCR), de Entre Ríos (Gustavo Bordet-PJ), de Neuquén (Omar Gutiérrez-MPN), de Santa Fe (Miguel Lifschitz-PS), de Córdoba (Juan Schiaretti-Unión Por Córdoba), de Chaco (Domingo Peppo-PJ) y Tierra del Fuego (Rosana-FPV). ¿Cómo les da la cara?”.
Una salida de fondo
Los servicios esenciales, que hacen a la vida cotidiana de la población, no pueden estar en manos privadas, sujetas al lucro capitalista.
Por eso, junto a la anulación inmediata del tarifazo, los socialistas del PTS planteamos una salida de fondo que termine no sólo con el robo de las tarifas sino con el saqueo de nuestros recursos.
» En primer lugar, hemos presentado proyectos de ley para que se anulen los tarifazos hasta tanto se investigue el destino de los millonarios subsidios recibidos por las empresas concesionarios de los servicios.
» En segundo lugar, planteamos la pelea por la expropiación y nacionalización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores. En base a esa salida se podrá encarar una producción respetuosa del medio ambiente y en función de las necesidades sociales. Y también hemos presentado proyectos de ley en este sentido.
» Solo la estatización del sistema energético y la creación de una empresa estatal única de energía eléctrica bajo el control de obreros y usuarios, podrá terminar con los negociados de Edesur, Edenor y las empresas eléctricas (en muchos casos vinculadas funcionarios y amigos del propio presidente, como denunciamos permanentemente). Así se podrán planificar las inversiones necesarias para mejorar el sistema y avanzar en el uso racional de los recursos, siempre en función de las necesidades populares.
Una salida de fondo
