Elecciones 2018. Napoleón Gómez Urrutia, plurinominal del Morena

Morena generó una nueva controversia y es que en días recientes dio a conocer el listado de senadores plurinominales entre los que destacan Germán Martínez, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia y Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero.

Esta última senaduría ha causado revuelo en los diarios nacionales. El líder sindical vive un exilio desde hace 12 años, perseguido por el gobierno federal encabezado en 2006 por Vicente Fox y por el multimillonario de la minería Germán Larrea, empresario de Grupo México.

Andrés Manuel López Obrador, quien en su camino a la campaña electoral del 2018 ha reclutado panistas, priistas, perredistas y empresarios, ha aprovechado mítines en zonas mineras importantes como Lázaro Cárdenas, Michoacán, para comentar que de llegar a la presidencia, sentaría las bases para el regreso de Napoleón a México.

Somos categóricos en cuanto al tema, el Estado no debe intervenir en la vida interna sindical, ni remover a dirigentes sindicales a su antojo, eso es tarea de la base trabajadora y de su lucha por conquistar la democracia dentro de sus organizaciones sindicales. Gómez Urrutia debe volver al país y, desde este diario, nos pronunciamos en contra de su persecución política por parte de Grupo México y los gobiernos federales (panistas y priistas).

Sin embargo, la promesa del regreso de Napoleón y ahora su candidatura plurinominal, no caen de la benevolencia del dirigente de Morena, ni hacia Napoleón, ni hacia la base minera. Por el contrario, contiene un fin concreto: la posibilidad de garantizar el voto de miles de mineros y estar un paso más cerca de la presidencia y, por otro lado, seguir reforzando su viabilidad a los ojos de los empresarios, construyendo un gobierno de estabilidad, propiciando el “diálogo” (y no la lucha) entre empresarios y los dirigentes de gremios estratégicos como el minero.

Las intenciones de López Obrador

López Obrador quiere ser más viable que nunca y aprovechando la coyuntura signada por la poca lucha de clases ha adquirido un espacio vital para hacer un discurso cada vez más de centro. Esto se observa claramente con su cambio de perfil que apunta a ser una verdadera opción para los empresarios, ganándose el apoyo de los Salinas Pliego u otros como Alfonso Romo.

El sector minero en México tiene un peso estratégico en la economía, aporta el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el principal productor de plata en el mundo.

Esto, aunado a las condiciones laborales y facilidades que el gobierno federal promueve para la instalación de trasnacionales, ha hecho de México el paraíso de las mineras, particularmente canadienses que concentran cerca del 70% de los proyectos mineros en México y que son responsables de muertes mineras, precarización laboral, salarios de miseria, aunadas a la devastación ambiental y el despojo de tierras por la fuerza, empleando grupos paramilitares para desplazar comunidades enteras.

López Obrador sabe que el sector minero es clave, sobre todo pensando en que si gana las elecciones, afrontará la dura tarea de cerrar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), donde sabe que para salir de la manera más onerosa frente al gobierno de Trump, es imprescindible tener buenas relaciones con Canadá.

Es por eso que en su decálogo de 10 puntos para enfrentar las amenazas de Donald Trump presentado en enero del 2017, en su punto 6 contempla: “Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”.

Este punto causó el descontento de decenas de activistas contra la mega minería canadiense. Es en los hechos la continuidad de los planes de la “mafia del poder”, quienes bajo la presidencia de Salinas de Gortari promovieron en 1992 la reforma al artículo 27 que posibilitó la conversión de la propiedad social de la tierra en propiedad privada sujeta a todo tipo de actos mercantiles y sentó las bases para la reforma a la Ley minera, vigente hasta la actualidad, que propicia la expoliación rapaz de las trasnacionales mineras.

¿Qué implica la minería en México? En 2013 sólo 18 centavos de cada 1,000 dólares extraídos en minas de Zacatecas se quedaban en el estado –donde existen algunos de los yacimientos de oro y plata más grandes del país.

Aunado a esto, el 19 de febrero del presente año, López Obrador comentó en gira por Campeche que buscará a Germán Larrea, responsable del homicidio industrial en Pasta de Conchos, Alberto Bailleres, dueño de las mineras Peñoles y Carlos Slim para “un acuerdo para sacar adelante al país”.

Germán Larrea (Grupo México), Carlos Slim (Grupo Carso), Alberto Bailleres (Grupo Peñoles)

Se revela así la estrechez de la esperanza para el México de los pobres y emerge un proyecto de nación, que efectivamente no representa un peligro para el México de los empresarios.

Estos puntos clarifican que la intención para López Obrador con la base minera no es más que demagogia para garantizar que los miles de mineros agrupados en el Sindicato Minero voten por y, como en el caso de los acuerdos con “la maestra” Elba Esther Gordillo, se le garanticen miles de votos que lo coloquen más cerca de la silla presidencial.

¿Se escuchará la voz de los mineros en el senado?

En un desplegado circulado por el Sindicato Minero a raíz de su candidatura plurinominal por Morena, se asegura que Napoleón es el único líder sindical que defiende los derechos de todos los trabajadores del país, quien además obtiene para sus agremiados los mayores aumentos salariales rompiendo el tope salarial impuesto por el gobierno y garantizando empleo estable.

Particularmente por los aumentos salariales y las prestaciones, los mineros no pueden ver la posición estratégica que tiene el gremio, aunado a la robusta fuerza laboral de más de 350 mil mineros en todo el país en combinación con la combatividad de la base minera. Hacen que las negociaciones salariales onerosas, tomando en cuenta las multimillonarias ganancias que se llevan las trasnacionales, sean una regla necesaria para contener a los trabajadores de un sector clave, cuestión que matiza el rol que presume Napoleón.

Estas conquistas, cada vez más limitadas, son el precio que la patronal tiene que pagar para evitar, de común acuerdo con la dirigencia sindical, que se desarrolle la combatividad de la base minera.

Es la base minera la que ha estado al frente de los conflictos, que la dirigencia sindical se ha encargado de mantener aislados. Tal es el caso de los mineros de Media Luna en Guerrero, quienes a pesar del asesinato de tres de sus compañeros siguieron sosteniendo la huelga.

Frente al asesinato de tres trabajadores, era fundamental extender la huelga por solidaridad a otras minas y hacer un llamado enérgico a otros sindicatos, organizaciones y sectores populares para que respaldaran activamente la lucha. Sin embargo, la dirección del sindicato se limitó a solicitar al gobierno canadiense que le llamara la atención a la empresa Torex Gold, renunciando a poner en movimiento y hacer pesar la enorme fuerza que tienen los mineros.

Napoleón sostiene que el gobierno canadiense es respetuoso de los derechos humanos, sólo porque le concedió asilo político, dejando de lado el rol imperialista de dicho gobierno, que respalda a las compañías mineras trasnacionales que han sembrado el terror en comunidades enteras de países semicoloniales, como México, saqueando sus recursos naturales, provocando devastación ambiental y cientos de muertes por accidentes laborales.

En el caso de Pasta de Conchos, que Gómez Urrutia tuvo que denunciar ante la presión de los familiares de las víctimas, como un homicidio industrial responsabilidad de Grupo México, no llamó a hacer nada más por el rescate y justicia para los 65 mineros sepultados.

Deudos de los mineros de Pasta de Conchos

Muchos de los trabajadores que murieron en Pasta de Conchos eran subcontratados, no sindicalizados, lo cual también demostró que no ha habido una política del sindicato para pelear por los mineros subcontratados. No ha habido una campaña para abogar por la basificación de estos mineros, que busque unirlos con los sindicalizados y por el fin de las minas ilegales que se cobran la vida de cientos de mineros, así como por pensar en modelos de explotación minera racionales, que eviten la devastación ambiental y no estén al servicio de enriquecer a un puñado de empresarios.

No es la primera vez que Napoléon intenta incursionar en la política. En los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari intentó postularse como gobernador de Nuevo León por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no tiene empacho en reconocer la buena relación que tenía con ambos presidentes, al igual que con los dirigentes de la CTM y empresarios de Nuevo León. ¿Cómo puede un líder sindical defender a los trabajadores cuando reivindica ser amigo de charros, empresarios y presidentes responsables de duros ataques a las condiciones laborales de millones de trabajadores?

Morena, el partido en cuya lista Napoleón irá como plurinominal, se está llenando de exmilitantes de los partidos del Pacto por México y tiene un programa que no plantea romper con los patrones y sus planes, como expresó López Obrador al buscar dialogar con Larrea. Esto compromete la independencia política y de clase del Sindicato Minero, sin la cual no se puede enfrentar consecuentemente la rapacidad de las compañías mineras y pugnar por los derechos de sus trabajadores.

No es posible conciliar los intereses de los patrones como Larrea -verdugo de decenas de mineros- con los de los trabajadores a quienes explotan.

En el “proyecto de nación” del Morena, el cual propone que los trabajadores nos aliemos con los empresarios supuestamente “progresistas”, no hay cabida para nuestras demandas si estas se contraponen con los intereses y ganancias de los mismos, como sería prohibir las extenuantes jornadas laborales de 12 horas en la minas y reducirlas a la mitad conservando el salario; aumentar el salario de todos los mineros (a los que en las minas de carbón les pagan actualmente 80 pesos por cada tonelada de mineral que extraen) y ajustarlo automáticamente de acuerdo con la inflación real; clausurar la minas ilegales y aquellas que no cumplan con medidas de seguridad, etc.

Así, el Morena renuncia de antemano a retomar y resolver los legítimos reclamos de más de 350 mil mineros de todo el país, que a diario exponen su vida para que los empresarios se lleven multi millonarias ganancias, a cambio de centavos.