En Jalisco, las madres y familiares de desaparecidxs con pala y pico en mano han realizado brigadas de búsqueda en campo encontrando puntos positivos dentro de fraccionamientos y zonas habitacionales. Lo anterior nos obliga a poner enfasis en el grado de resposabilidad de las empresas inmobiliarias en los delitos cometidos en este tipo de asentamientos.
Lunes 4 de abril de 2022
En Jalisco, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión de Búsqueda, hay 14,917 personas desaparecidas. Esta cifra, de por sí escandalosa, podría ser menor a la cifra real de desaparecidxs, puesto que las y los familiares han denunciado la manipulación de la misma por parte del gobierno estatal, así como su uso político.
Ante la negligencia de las autoridades, las y los familiares de desaparecidxs se han dado a la tarea de hacer la búsqueda por todos los medios posibles, incluyendo la búsqueda en campo. Así, en febrero del año en curso se realizó en Jalisco la primera brigada de búsqueda en campo que contó con el apoyo de Las Madres Buscadoras de Sonora, que junto con las y los familiares de desaparecidxs en Jalisco lograron encontrar al menos 5 puntos con restos humanos (puntos positivos), casi todos ellos dentro de casas abandonadas dentro de fraccionamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Esta primera búsqueda resulta un cambio en el paradigma dentro de las búsquedas de campo que realizan Las Madres Buscadoras de Sonora, puesto que pone el ojo de la búsqueda ya no sólo en campo abierto, sino también dentro de zonas habitacionales, parques y bosques urbanos.
Las inmobiliarias y las zonas de exterminio
Los fraccionamientos donde se encontraron los puntos positivos en Tlajomulco tienen importantes particularidades, la principal es el hacinamiento de las personas en espacios reducidos que contrasta con la gran mayoría de las casas abandonadas, pasando también por el poco o nulo acceso a servicios como agua, electricidad, transporte público, etc.
Uno de los fraccionamientos visitado por las y los familiares de desaparecidxs fue Chulavista, un fraccionamiento creado por la constructora Homex, empresa relacionada con fraudes masivos a sus compradores que mantiene como regla en sus zonas habitacionales el hacinamiento, el abandono y el nulo acceso a servicios.
Homex, así como otras empresas inmobiliarias y constructoras se han beneficiado de una red de tráfico de influencias que ha permitido la construcción de viviendas mal cimentadas, sin servicios básicos, que resultan imposibles de pagar, donde muchas de las viviendas terminan abandonadas. No es azar que la vida del pueblo trabajador pague las consecuencias de que estas empresas prioricen sus ganancias ofreciendo un producto (viviendas inhabitables) que no cumple con su función.
Las madres y familiares de desaparecidxs han visibilizado un nuevo delito de las grandes constructoras, su relación en la construcción de la infraestructura usada como parte del ataque sistematizado contra la población civil. Delito no menor, dado que generaron las condiciones adecuadas para crímenes de lesa humanidad.
Ante el problema de la vivienda y la violencia se vuelve necesario discutir que no son problemas separados, sino que están íntimamente ligados. Mientras las empresas constructoras ligadas al narcotráfico lavan dinero, también construyen la infraestructura que es usada por ellos y el Estado como parte del ataque sistematizado contra la población civil.
