Esta entrevista fue realizada el 4 de julio de 2015. A pesar de ser enviada a otro medio, no ha sido publicada hasta ahora. La Izquierda Diario publica esta entrevista exclusiva realizada por Érika Paz.
Lunes 10 de agosto de 2015
"Estábamos en un caso de violaciones a niños que fueron grabadas, de niños y niñas de entre 6 y 10 años en comunidades de Guerrero", señala la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero.
Nestora Salgado García había regresado para quedarse en su pueblo -Olinalá, municipio ubicado en la región Montaña del estado de Guerrero- luego de haber partido hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida para ella y sus tres hijas. Entonces tenía 18 años de edad.
Sin papeles llegó hasta la frontera norte, donde su paso fue interceptado por autoridades de migración. Nestora, que nunca antes había estado fuera de Olinalá, se encontró extraviada en la ciudad de Tijuana hasta que finalmente halló la manera de llegar a San Diego. En el camino perdió a su esposo, a quien solo encontraría semanas después en tierra extranjera.
“Yo no tenía a nadie en Estados Unidos, ningún familiar mío. Estaba sola pero un amigo de la comunidad de Olinalá y compañero de la escuela me dio hospedaje y alimentación. Cuando yo ya gané dinero para pagarle la renta y lo que me había dado de comida, él no quiso aceptarme el dinero. Me dijo que yo tendría que devolver ese favor a alguien más que necesitara de mi ayuda”, narra la coordinadora de la CRAC-PC, desde la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social (Cefereso), de Tepepan, en el Distrito Federal.
Mira hacia el piso y recuerda las vicisitudes que pasó en un país donde no conocía el idioma, “cuando no hablas inglés, no tienes papeles. Me quedaba esperando horas hasta encontrar a alguien que hablara español para poder entrar a algún lugar y encontrar trabajo. Eso fue lo más difícil”.
Fueron días muy duros, con tan solo 18 años Nestora no tenía dinero para darle de comer a sus tres hijas, pero finalmente se abrió paso. “Allá pude trabajar, me pude comprar mi primer coche por 500 dólares. Conseguí la ciudadanía estadounidense y pude darle educación a mis niñas, lo que muy probablemente en México no hubiera sido posible, pero logramos salir adelante”, afirma con una sonrisa y regresa la mirada a la que escribe, en señal de que ese tiempo maltrecho quedó atrás.
El padre de Nestora tenía tierra para cultivo, pero la familia carecía de los recursos para hacerla producir. “No había dinero para sembrarla, no había oportunidad, ¿cómo íbamos a trabajar la tierra?”.
Años después, en su primer regreso a Olinalá, fue recibida con mucha exaltación por la comunidad, “cuando me invitaban a sus casas me ofrecían la mejor silla y las familias sin tener qué comer, me invitaban lo mejor que preparaban, pero yo seguía siendo la misma, no tenía que sentarme en la mejor silla y si ellos se sentaban el suelo, yo también lo hacía… Al regresar vi la necesidad de mi pueblo, de la gente”.
Decidió que esta vez su retorno a Estados Unidos sería para trabajar más, hacerse de más recursos y finalmente volver a Olinalá para quedarse. “Si yo podía hacer algo para no permitir injusticias y ayudar en algo, lo iba a hacer”.
Yo no merezco cárcel: Nestora Salgado
Son las 11 de la mañana del sábado 4 de julio, me encuentro con ella en su habitación, la A3, de la Torre Médica del Cefereso de Tepepan. Nestora lanza la primera pregunta, “¿cómo está todo allá fuera? Escuché por el radio que Mireles va a salir muy pronto”. Le pregunto sobre la diferencia entre su caso y el de otros presos políticos en México. “Es una pena la justicia mexicana”, afirma tajante la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El 21 de agosto de 2013, en la gasolinería ubicada en la carretera de salida de Olinalá, a las 16:00 horas, Nestora fue detenida mediante un fuerte operativo policíaco en el que intervino el Ejército, la Marina y las policías Federal, estatal y municipal. Inmediatamente después fue trasladada al reclusorio de máxima seguridad, el Cefereso No. 4 en Tepic, Nayarit, a más de 900 kilómetros de distancia de Olinalá.
“Las autoridades detienen a la gente sin presentar las pruebas en contra, a cada ciudadano le corresponde por sí mismo comprobar su inocencia estando ya en la cárcel. Como en mi caso, que fui detenida por el Ejército y la Marina, y en la puesta en disposición aparece que sólo fue un policía ministerial el que me detuvo. Y fui trasladada enseguida a Tepic”.
La puesta en disposición únicamente fue firmada por un policía ministerial, sin especificar las circunstancias, ni el lugar, ni la hora de la detención. Asimismo, desde las 10 de la mañana de ese 21 de agosto de 2013, el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Sergio Javier Lara Montellano, había solicitado al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora –dependiente del Comisionado Nacional de Seguridad y adscrito a la Secretaría de Gobernación– la admisión de Nestora Salgado en el Cefereso número 4, en Nayarit, tal como señaló vía telefónica Sandino Rivero Espinosa, abogado de Salgado García.
“Yo podía pagar un abogado, pero no me lo permitieron, me pusieron un abogado de oficio, para que firmara unos papeles. Cuando supe que me trasladarían al penal pensaba –durante el trayecto– que estaría con otras reclusas, que podría ver a mi familia, pero no, me dejaron en una celda en aislamiento”, por más de 17 meses y totalmente incomunicada durante las primeras semanas.
El ejercicio de seguridad, normatividad y reeducación que ejerce la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria–Policía Comunitaria (CRAC-PC) está fundamentado y respaldado en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la cual garantiza “el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia”, según dicta la propia legislación.
Sin embargo, Nestora Salgado fue detenida por desempeñarse como Coordinadora de la CRAC-PC, bajo los cargos de delincuencia organizada y secuestro. No obstante, el abogado de oficio que se le asignó –luego de que se le negara la defensa legal privada– no apeló la acusación, ni solicitó los amparos correspondientes bajo la Ley 701, durante el plazo de los primeros 15 días.
De haberlo hecho, el Juzgado Federal habría estado obligado a absolverla de todo cargo, ya que no es equiparable la actividad de seguridad con el delito de delincuencia organizada, señaló Sandino Rivero.
Nestora Salgado enfrenta tres causas penales por el delito de secuestro agravado. El primero contra cinco personas, el segundo contra 43 y el tercero contra seis. En conjunto son 54 personas las que la inculpan, sin embargo la gran mayoría le resultan totalmente desconocidas.
Es preciso subrayar que, durante los 23 meses de prisión, las 54 personas han sido citadas para ratificar su denuncia en sólo dos ocasiones. En ambas fechas nadie, “absolutamente nadie”, se ha presentado a declarar. El siguiente citatorio está agendado para la tercera semana de agosto, cuando se cumplen dos años de la aprehensión de la coordinadora de la Policía Comunitaria.
Una vez que se declinó de la acusación federal por delincuencia organizada, la parte acusadora inició un juicio de amparo, el cual fue declarado improcedente. Posteriormente, interpuso como último paso el recurso de revisión que se encuentra actualmente en el Tribunal Colegiado, con sede en Acapulco.
