En sede de AMUC se retomo el juicio a 22 genocidas de la región. Leyeron las acusaciones en este caso, las querellas de APDH y la Secretaria de Derechos Humanos. Ninguno de los genocidas imputados declaró.
Miércoles 23 de diciembre de 2015
El pasado lunes 4 y a partir de las 15 horas se dió inicio a la cuarta audiencia del juicio a represores que actuaron en dictadura militar en la región, causa conocida como “Escuelita IV”, el cual se desarrolla en esta ciudad desde el 9 de diciembre. En esta audiencia y en primer lugar se escuchó la lectura de la acusación de la querella la APDH, que se remitió a la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Sostuvo, en cuanto al contexto de los hechos, que el plan genocida se llevo a cabo en el marco del operativo que se desató en América Latina en los años 70 conocido como "Plan Condor". Acusó por “asociación ilícita” la participación de los imputados. La secretaria de Derechos Humanos de la Nación también expuso su acusación, recordando además el caso de Leticia Veraldi, joven de 17 años que fue secuestrada el 4 de julio de 1977en Cipolleti cuando salió del Colegio Belgrano al que concurría. Leticia se refugió en la ciudad luego de que 14 de sus compañeros del centro de estudiantes del colegio nacional Vicente López, aparecieran quemados y con signos de tortura en Buenos Aires en 1975, a fines del gobierno peronista. Ella es una de las 14 víctimas desaparecidas, cuyos casos se juzgarán en este tramo.
Finalmente se dio lectura a lo resuelto por el Tribunal en cada una de las 7 elevaciones a juicio que conforman la causa “Castelli”. Los defensores sorpresivamente no plantearon ninguna cuestión preliminar, habitualmente utilizadas para prolongar y dilatar los juicios. También fueron llamados a declarar los acusados, y todos se rehusaron a hacerlo.
La abogada Natalia Hormazabal, abogada de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos dijo al finalizar esta audiencia: “Tenemos expectativas en el desarrollo de éste juicio, porque refleja la fortaleza en nuestra lucha por los derechos humanos; en que se dé un paso más en saber donde están todos los compañeros y continuar fortaleciendo la lucha contra la impunidad. Como era de esperar, el pacto de silencio sellado a sangre y fuego por los genocidas, a casi 40 años continúa vigente. No obstante seguiremos dando pelea en el juicio y sobre todo, movilizados en las calles para que se abran los archivos de la represión y que se conozca la verdad histórica de lo que sucedió con la generación de trabajadores y estudiantes que se organizaban, y que hoy solo conocemos parcialmente por el invalorable testimonio de los sobrevivientes y familiares”.
Los acusados, algunos de ellos sentados en el banquillo por segunda o tercera vez, volvieron a callarse. Ninguno dijo nada de los crímenes que cometieron en la dictadura, de los secuestros, torturas, traslados y del conjunto de operaciones que se desarrollaron como parte del plan genocida. Este silencio se rompería si el Estado y el Gobierno abrieran los archivos de la dictadura, y se dejara de ocultar los documentos y registros, al pueblo trabajador, de las operaciones y lo que ocurrió en aquella época con los compañeros y compañeras que fueron detenidos o pasaron por los centros clandestinos, que nos permita saber realmente donde están, que hicieron con ellos y también para que todos los integrantes de las fuerzas represivas que participaron y cómplices civiles sean juzgados, y no solo un par de jefes o altos mandos, es necesario seguir en la calles movilizados en forma independiente a los gobiernos de turno.
Y con el canto proveniente de las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle y el público presente de "cárcel común, perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles argentinas” culminó la última audiencia de este año, pasando a un cuarto intermedio hasta el 4 y 5 de Febrero próximo.
