Entre el miércoles y el viernes pasados se hicieron las primeras audiencias donde se juzga a genocidas del Alto Valle. Se reconoce la persecución política e ideológica como base de la represión.
Lunes 14 de diciembre de 2015 09:49
Las audiencias comenzaron el día 9 con una importante concurrencia a la sede del Ttribunal Oral Federal de organismos de derechos humanos como el CeProDH Y APDH, la agrupación de docentes Negra en Aten, la comisión interna del Hospital Castro Rendón de la agrupación Violeta Negra en ATE, ceramistas y partidos de izquierda. Destacándose la presencia de personalidades como las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, el ex detenido y miembro del CeProDH Jorge “Turco” Sobrado, el diputado del FIT Raul Godoy y el dirigente del PTS Christian Castillo.
Una vez más se vio la impunidad de que gozan los genocidas, donde la gran mayoría llega con prisión domiciliaria, ausentes por “problemas de salud” y o en libertad, siendo un peligro para las personas que concurren a las audiencias, como lo demostró el hecho en el primer día de audiencia cuando sorpresivamente en las inmediaciones del TOF , militantes del CeProDH se encontraron con el genocida Emilio Rosar, exsubcomisario de la policía provincial que con actitud y tono amenazante los increpó y les dijo: “ya van a ver, ya van a ver”.
Esta situación fue denunciada en el segundo día de audiencia por la querella del CeProDH representada por las Abogadas Natalia Hormazabal y Leticia Celli, que señalaron la necesidad de que se revoque la excarcelación de todos los genocidas que contó con la adhesión de la Fiscalía y de las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (Apdh) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuestión que al TOF le pareció un por menor y desoyó el pedido sin tener en cuenta los hechos graves que anteceden como la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo en anteriores juicios.
Los canticos de “cárcel, común, perpetua y efectiva, no un solo genocida por las calles argentinas”, fue lo que incomodo y puso nervioso a los imputados en la audiencia, que durante la misma con gestos y miradas intentaban intimidar al público.
Pero una vez más la fuerza y la memoria por los 30mil compañeros desaparecidos y asesinados fue el motor para remarcar que vamos a seguir en las calles exigiendo el juicio y castigo, la apertura de los archivos del dictadura y la cárcel común perpetua y efectiva como también fue exigida en una declaración de las autoridades de la UNCo, presentada por la consejera directiva por el PTS en la ultima sesión del año y en la movilización en la 35° Marcha de la Resistencia que ininterrumpidamente se llevan a cabo en la región.
El día jueves finalizo la lectura de la acusación por parte de la fiscalía y el día viernes fue el turno de la querella del CeProDH donde señalaron claramente que “los delitos cometidos por los acusados fueron en el marco de un genocidio por lo que deben responder por su rol de coautores funcionales ya que cada uno, tanto integrantes del Ejército y Jefes de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional, de las policías de Neuquén y de Río Negro y de la policía Federal, cumplieron un rol indispensables para que se concretara el plan genocida, que ejecutaron con en pleno conocimiento y conciencia.
Por ello las pruebas recabadas no pueden ser valoradas individualmente sino como un conjunto de acciones concatenadas realizadas para concretar dicho plan y garantizarse así la impunidad”. Y en ese sentido indicaron que: “la no apertura y desclasificación de los archivos de la dictadura, el desmembramiento de las causas y que no sean juzgados por centro clandestino como se exige desde esta querella, impide que sean juzgados por otras víctimas que a pesar de que está probada su autoría hoy no son juzgados”.
Levantar las banderas de los 30 mil compañeros se hace imperiosa en una etapa donde los derechos conquistados se van a ver mermados y limitados por el gobierno empresario de Macri que aplicará las medidas de ajuste necesarias contra el pueblo trabajador, que ya ha empezado a resistir a los cierres de fabricas, despidos y suspensiones, aumentos de precios y recortes al sistema público.
Por ello aunque éstos juicios son auspiciosos para fortalecer la lucha contra la impunidad de ayer y hoy también deben servir como apoyo para dar un claro un mensaje al nuevo gobierno de que no vamos a dar “Ni un Paso Atrás” y vamos a ir por todos los cómplices civiles, políticos y militares que aun hoy, a pesar de las auguriosa promesa del Kirchnerismo de avanzar en la defensa de los Derechos Humanos, gozan de plena impunidad y no han sido siquiera investigados o directamente fueron absueltos de responsabilidad.
“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. “30 mil compañeros presentes, ahora y siempre”
