La disputa política entre el PSOE y el PP se ha traslado al sector educativo, y ambas posturas conducen al desmantelamiento de la educación. Más que nunca es necesario que los trabajadores se organicen para luchar en los centros.
Lunes 6 de junio de 2022
En una situación de pre-campaña, el Gobierno llama a reconocer sus méritos. Uno de sus puntos flojos se disputa en el ámbito educativo. La Lomloe impulsada por la exministra Celaá y la actual Ministra de Educación, Pilar Alegría, y apoyada por UP, sólo supuso un retorno a la antigua ley del PSOE: mantenía los conciertos con la Iglesia, permitía la injerencia privada en la educación a través de subcontrataciones y subvenciones, seguía privatizando y atacando la Formación Profesional y mantenía una pedagogía competencial a medida del mercado, eliminando las humanidades en pos de la tecnología y las disciplinas económicas.
A esto hay que sumar el abuso de la temporalidad y las abusivas oposiciones que sólo han servido para generar un ejército de interinos crónicos. Esto ha hecho que se haya convertido en una (de tantas) medida impopular que sólo logra defenderse como un mal menor ante cosas peores.
A esta ley educativa ni Podemos ni el PCE han puesto más coma que un cierto maquillaje progresista. Al tiempo que permitían los conciertos hablaban de contenidos feministas, de nuevas pedagogías digitales, etc. Toda una cortina de humo para encubrir el mantenimiento de la educación privada a costa de las arcas públicas y de la constante pauperización de la enseñanza pública.
Que los partidos institucionalmente «de izquierdas» lleven a cabo una política de derechas sólo alienta a la derecha. Y esto puede parecer paradójico si pensamos el pulso que Ayuso mantiene con el Gobierno central en materia educativa. En este curso, el Gobierno de Madrid ha exigido hasta cuatro veces que se atrasase la aplicación de la ley porque, según la Consejería, los docentes no tenían tiempo de organizarse.
En este tiempo, también, ha sacado adelante la Ley Maestra, ha cerrado escuelas infantiles, eliminado todo un ciclo de infantil. Ha realizado un retorno inseguro a las aulas en el marco de una pandemia mundial. Tras exigir más financiación al Gobierno, el cual ha dado fondos europeos a discreción de Madrid, ha convertido esos presupuestos dedicados a la educación pública en cheques familiares para «fomentar la libertad» (mandar a los hijos a la privada). No ha considerado discriminatoria la segregación social y por sexos. Estas son sólo algunas perlas.
La última noticia ha sido de esta semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido, por segunda vez, un intento de Ayuso para contradecir la Lomloe. En la primera ocasión, fue porque trató de hacer más laxas las condiciones de promoción en la ESO y Bachillerato, algo que chocaba frontalmente con los mecanismos establecidos por la ley del PSOE. Esta segunda vez, la Consejería de Educación intentó, como dice Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de CCOO, eliminar la autonomía pedagógica de los centros al tratar de forzar a una metodología que prohibía dar las materias en bloque, forzando a una multidisciplinariedad. Esto engancha con el intento anterior, ya que en ambos casos se trata de quitar libertad de cátedra y reducir los derechos de los docentes para favorecer los órganos de gobierno del centro.
La política educativa de Ayuso se basa en dos pilares fundamentales. La primera, la profundización de las medidas neoliberales de la Lomloe, de las cuales la Ley Maestra es un ejemplo perfecto, pues no distingue entre educación pública y privada a la hora de otorgar financiación.
La segunda, sacar rédito político a través de una guerra ideológica contra el PSOE y sus aliados en el Gobierno. De nuevo, la Ley Maestra reformula los contenidos para incidir menos en todo aquello que la derecha llama «adoctrinamiento» (como el feminismo, el cambio climático o la memoria histórica) para fomentar el orgullo patrio, el catolicismo y los valores tradicionalmente conservadores. Ya Ayuso ha amenazado, de igual manera, con recurrir a Europa para la revisión «pormenorizada y urgente» del contenido en los libros de texto para retirar aquellos que tengan contenidos «sectarios». Y mientras la izquierda sólo puede ampararse en la supuesta neutralidad de defender los valores «democráticos» del Régimen del 78, parece que la derecha, una vez más, es la única que comprende el papel estratégico de la educación. Ayuso ha reconocido que, si la Lomloe permite a las empresas desangrar a la pública en lo económico, su papel es hacer lo propio en el ámbito ideológico y político.
Galvín ha destacado que este es un paso más para la censura en la Educación. Añadiríamos que no se trata sólo de que censure unas opiniones, sino que hace un temario a medida del espíritu de la Lomloe, algo que el PSOE no hace por la cuenta que le trae. Que en Madrid siete de cada diez alumnos sean de la privada y que, mientras recortan horas a los valores éticos, la religión católica siga teniendo una fuerte presencia en la pública no es para Ayuso adoctrinamiento. Lo es hablar de cambio climático, de feminismo o, incluso, de valores democráticos. Si esto no es un acto de censura oculto bajo un alegato de libertad contra el hombre de paja del «adoctrinamiento progresista», que baje Dios y lo vea, nunca mejor dicho. Y este rédito político es un regalo de los socialistas y del nuevo reformismo.
Hay que hacer, no obstante, una matización. La izquierda institucional, y la mayoría de la no institucional que tiene a UP como punta de lanza voluntaria o involuntariamente, han reconocido el ataque. Pero su postura ha sido reivindicar el pastiche progresista de la Lomloe. De nuevo, se polariza la opinión y se defienden de la derecha sin ver que ha sido el PSOE el que está dando la oportunidad a la extrema derecha de avanzar en estos aspectos. La alternativa a la derecha de Ayuso y Vox no la otorga el PSOE, ni tampoco la está ofreciendo UP o el ala del PCE.
Y esto no se debe sólo a que el PSOE es un partido del régimen que no va a incidir en las ganancias del oligopolio capitalista en la educación, ni a que la política de UP y del PCE se limiten a seguir su estela (aunque hagan tweets por los márgenes). No pueden ser una alternativa porque reivindicar los valores democráticos, el feminismo o el ecologismo manteniendo una estructura mercantilista de la educación es escribir en papel mojado.
Una educación opuesta al neoliberalismo y al adoctrinamiento real de la derecha no puede ser levantada por los mismos que la venden a la privada, por los mismos que alientan a la extrema derecha a avanzar, por los mismos que paralizan la lucha obrera y estudiantil aliados con las burocracias sindicales. No debemos caer en la disyuntiva de tener que elegir entre lo malo y lo peor y que ello refrene la posibilidad de una alternativa.
Una educación pública, gratuita, de calidad y hecha por y para la clase trabajadora sólo puede ser conquistada por los mismos trabajadores del sector, por los estudiantes y las familias obreras, organizados en los centros de estudio. Sólo ellos pueden determinar de forma auténticamente democrática planes de estudio que no estén al servicio del mercado, que no marquen el futuro laboral de los alumnos y alumnas condenándolos a la competencia y la precariedad. Sólo así podemos obtener derechos laborales básicos, como la fijeza y el fin de la temporalidad, la bajada de ratios, la apertura de nuevos centros y nuevas contrataciones. Sólo ellos pueden hacer de los centros de estudio reales espacios democráticos que respondan a los verdaderos intereses del sector. Todo lo demás, es ideología y precariedad, ya venga de la progresía o de la extrema derecha más rancia.
