Con casi dos meses de una continuada y profunda crisis política como no se había visto durante todo el período que lleva Maduro en el gobierno, la situación política en Venezuela tiende alcanzar niveles cada vez mayores de confrontación y alta inestabilidad que abre escenarios difíciles de predecir. Una pugna abierta entre el chavismo y la oposición derechista, donde los trabajadores aún no entran en el escenario nacional como una fuerza política independiente.
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Jueves 18 de mayo de 2017
La crisis social y política actual se da en un marco más general de una situación económica catastrófica que tiende a agudizarse en un país extenuado, no sólo por la abrupta caída de los precios del petróleo, sino por la sangría que ha significado el pago de miles de millones de dólares por pago de la deuda externa. Una política que el gobierno ha decidido llevar a cabo prefiriendo satisfacer a los acreedores internacionales, a la par de la aplicación de medidas de ajuste y una mayor apertura económica, en lugar de dar respuesta a las penurias del pueblo trabajador sobre el que recae la agobiante crisis económica.
En medio de una gran debilidad del gobierno, y la situación catastrófica de la economía, se monta la oposición derechista aglutinada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) buscando capitalizar la crisis de un chavismo en total decadencia y debacle política, bajo toda una demagogia "democratista", recurriendo a masivas manifestaciones en la mayoría de las ciudades más importantes del país buscando resquebrajar al gobierno de Maduro y abrir el camino para tomar las riendas del Estado.
En esta situación, el gobierno de Maduro, en momentos de debilidad y de baja popularidad, se sustenta sobre las Fuerzas Armadas, que ocupan un papel central en la estructura de gobierno y con presencia en áreas donde se manejan grandes recursos económicos, además de la incursión en áreas del petróleo y minería, y el control de empresas en áreas que incluso están por fuera de la competencia militar. De allí el acentuado bonapartismo de Maduro, que en todo este período de crisis ha tomado una actitud fuertemente represiva frente a las manifestaciones. En los últimos días, la escalada represiva recrudeció, y según un informe del Ministerio Público, ya serían 48 muertos en más de mes y medio de recrudecida la crisis, incluso varias llevadas a cabo ya sea por grupos de choque del gobierno, como también oriundos de la oposición.
Pero la oposición, apoyada en el imperialismo y toda la derecha internacional, no se detiene en utilizar demagógicamente cuestiones de “democracia”, presiona con fuerza para que las Fuerzas Armadas terminen de tomar las riendas en la abrupta crisis política. Es decir, empuja también a una salida por la vía de la fuerza militar, lo que desenmascara rápidamente su demagogia “democrática”. No le importan las vías para sacar a Maduro, sea por elecciones anticipadas o por la fuerza militar, y es hacia donde apuntan buscando resquebrajar o provocar fracturas en los militares.
La actual situación, luego de constantes y recurrentes crisis, dio un salto el pasado 1 de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia lanzó dos sentencias que anulaban la inmunidad de los parlamentarios y la atribución de las competencias de la Asamblea Nacional al propio TSJ y al presidente Maduro. Una medida política de la que el gobierno de Maduro tuvo que retroceder expresando su mayor debilidad. Pero a las pocas semanas, ya con una crisis abierta, y en el medio de este fuerte giro represivo y las más variadas restricciones a las libertades democráticas, Maduro decide convocar a una Constituyente bien a su medida para fortalecer su giro bonapartista. Una farsa que se encuentra en las antípodas de lo que sería una Asamblea Constituyente libre y soberana verdaderamente democrática que ponga sobre la mesa el conjunto de necesidades de los trabajadores y el pueblo. El gobierno, buscando con esta convocatoria recuperar la iniciativa política, pretende hacer pasar su Constituyente como una instancia democrática y de decisión popular, cuando en realidad enmascara una política para reforzar el control del partido de gobierno y las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que tales políticas se hacen bajo un estado de excepción de casi dos años y medio de vigencia, recientemente extendido para restringir aún más libertades democráticas, un creciente despliegue represivo y militar y con el control autoritario desde el gobierno y el PSUV.
El gobierno y la derecha lejos de los intereses de los trabajadores
La confrontación entre el chavismo y oposición de derecha se viene desarrollando muy lejos de los reales intereses del pueblo trabajador, donde cada uno por su lado convoca acciones y manifestaciones en función de sus políticas. De un lado, una burocracia corrupta y antiobrera para seguir teniendo el control de un país rentista, y por el otro, una oposición que busca acceder al control de la renta petrolera e imponer sus planes reaccionarios.
Por eso, la clave del momento político es enfrentar tanto al gobierno de Maduro como a la derecha organizada en la MUD, desde una perspectiva de clase y anticapitalista. Se trata entonces de levantar una política para que sean los trabajadores y los explotados los que den una salida a la crisis, con una política independiente, enfrentando a ambos bandos antiobreros y antipopulares.
Lamentablemente, hasta el momento la clase obrera no se ha desarrollado como fuerza política independiente, sino más bien ha sido arrastrada detrás de la política del gobierno o de la oposición de derecha. Pero al calor de esta situación comienzan a surgir fenómenos como saqueos en algunas ciudades del país como acciones desesperadas producto de los altos niveles de la carestía de la vida y la galopante inflación que golpea el bolsillo de los sectores más pauperizados. Acciones que la derecha acusa al gobierno de impulsarlas para oscurecer sus objetivos “democráticos”, mientras que el gobierno responsabiliza a la oposición como parte de su plan de “generar caos y violencia”.
Hay que rechazar y denunciar contundentemente la represión y asesinatos por parte del Estado y la defensa del derecho a manifestarse y marchar, junto con el repudio al estado de excepción y la militarización que afecta especialmente a los trabajadores y sectores populares. Es necesario llamar a encuentros de trabajadores por fábricas o por región, para comenzar a discutir qué política levantar independiente del gobierno de Maduro y de la MUD, y por una salida obrera a la crisis imperante. Sólo la clase trabajadora puede dar una salida progresiva a la crisis.
