Las políticas de apartheid racista tienen notorios devotos entre los derechistas y progresistas que componen el régimen político criollo. Con la promesa de terminar en octubre, la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) del GCBA comenzó la construcción de un “cerco antivandálico y antirrobo” en la Autopista Illia, a la altura del cruce con la Villa 31, afirmando que “el único objeto es mejorar la seguridad vial” para evitar el cruce de transeúntes por la autopista y que se arrojen objetos a la calzada.
Miércoles 24 de septiembre de 2014 15:08
El cerco tiene una base de hormigón armado y rejas, mide más de dos metros de altura y se extiende a otros 600 de longitud. Obviamente, la iniciativa no responde a ningún plan de urbanización ni nada que se le parezca. Detrás opera el gobierno de Macri, alentado por el kirchnerismo, con la finalidad de estigmatizar y criminalizar a los más desposeídos, confiscándoles hasta el derecho a la protesta social. Los vecinos de la villa 31 suelen cortar esa arteria vital de la autopista cuando se movilizan por sus legítimos reclamos. Ahora no sólo quieren arrebatarles hasta ese derecho, sino también separarlos del resto de la sociedad mediante una muralla, que originalmente fue planificada mediante un trazado perimetral completo, un escándalo.
El cerco antivandálico fue presentado y simultáneamente suspendido en 2007, cuando el INADI califico que “la medida afectaba los derechos de los residentes de la villa 31”, aunque hoy deja al garete los “derechos de los residentes”, autorizando de hecho el trazado sobre los 600 metros que bordean la autopista. Un método similar fue implementado por la dictadura genocida para “esconder” la villa 15 de Mataderos, y por esa razón bautizada popularmente Ciudad Oculta. Ardua tarea invisibilizar la villa más grande y antigua de la ciudad que no cesa de crecer, tanto como esconder un elefante en un bazar.
Según un informe presentado por la Dirección General de Estadística y Censo del GCBA, durante los últimos trece años la población de las villas porteñas aumentó 156%, pasando de 107.422 a poco mas de 275.000. Resulta sugerente que los cuatro últimos años ese crecimiento se haya precipitado al 70%. Más iluminador resulta aún la variación del presupuesto destinado a vivienda, que se redujo de 3,8 en 2008 a 0,7% en el año corriente, como denuncio la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia.
Haciendo a un lado toda política de urbanización (la última data a mediados de los 90) a pesar de la decena de leyes sancionadas en la Legislatura, el curso indeclinable abreva en la criminalización y estigmatización de la pobreza para ejercer un control férreo del territorio en manos de las fuerzas represivas, a fin a los intereses de los pulpos inmobiliarios. Indudablemente, este rumbo fue alentado por la campana xenófoba y racista lanzada por el secretario de Seguridad nacional Sergio Berni, tras el brutal desalojo de 700 familias del ex asentamiento papa Francisco.
Tal vez el periodista Víctor Hugo Morales podría ilustrar, matizando sobre las “ventajas” de vivir en la villa, pero hasta ahora del cerco discriminador no dijo una sola palabra.
