Precariedad. Ni "derecho" al tarifazo: ¿cómo es la vida sin servicios públicos?

Las tarifas de los servicios públicos se han convertido en un tema central de la agenda nacional en el último tiempo. Si bien la centralidad del debate actual se debe a que fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que puso la lupa sobre ellas, también es verdad que es un tema de preocupación desde hace tiempo para millones de familias trabajadoras que sacan cuentas y piensan ¿cuánto más de sus ingresos van a tener que destinar al pago de facturas?. Se acuerdan de cuando daba miedo abrir el sobre de las facturas durante el macrismo y se preguntan: ¿pasará lo mismo?

Pero, del otro lado de las tarifas, hay otro mundo. Igual o más preocupante y con menos prensa: los millones que ni derecho a los servicios públicos tienen. Hogares donde se abren las canillas, si es que tienen, y sale agua intomable o ni siquiera sale. Hogares donde hay que juntar peso a peso para poder comprar una garrafa, y hasta hogares que usan velas como si se hubieran quedado detenidos en el tiempo y no vivieran en pleno siglo XXI.

Para ellos el aumento en las tarifas no es una preocupación. Seguramente muchos pensarán que sin dudas eso es mejor: un gasto menos en tiempos en los que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Pero no. La vida sin servicios públicos, o con un acceso limitado a ellos, además de no ser para nada saludable, es peligrosa y en muchos casos termina siendo más cara.

“Si no hay luz, no hay agua, así pasamos la pandemia”

La mayoría de quienes viven sin acceso a esos servicios básicos, además tienen problemas habitacionales, ya sea porque viven en condiciones de hacinamiento, inhabitables (aún siendo dueños de sus propias casas) o porque directamente no tienen techo.

Según el último censo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), hay 5000 barrios populares, donde viven casi un millón de personas, donde lo que abunda de manera abrumadora son los hogares con “una conexión irregular a la red de gas, una conexión irregular a la red pública de agua corriente y desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo”, según las palabras del propio organismo.

En el Barrio recuperado Nueva Unión, en Rafael Castillo (La Matanza), viven cerca de 700 familias en un predio que estaba abandonado y antes era un basural. Son familias que desde hace casi dos años resistieron unos 20 pedidos de desalojos, la represión y el hostigamiento policial constante. Viven ahí porque no tienen dónde ir y por supuesto viven en condiciones totalmente insalubres, sin luz, sin agua y sin gaz. Así pasaron la pandemia.

“No tenemos los servicios básicos y también les pasa lo mismo a otros barrios de esta zona. Necesitamos un transformador para el barrio y el tendido eléctrico”, le cuenta Marcelo a La Izquierda Diario. En estos años aprendieron que la unión, la organización, y el reclamo permanente son sus mejores armas. Por eso, protagonizaron una gran cantidad de movilizaciones para reclamar el derecho a tener una vivienda digna y el acceso a los servicios básicos. Reclaman que Edenor los reconozca como barrio y garantice que tengan luz en buenas condiciones, para no tener que vivir con el miedo a los cortes y a cualquier peligro derivado de la precariedad con la que viven ahora.

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También le exigen a la municipalidad de La Matanza, en manos del peronista Espinoza, que les de soluciones habitacionales. "Queremos un Plan de Viviendas y un Plan de Urbanización y no más desalojos", gritan los vecinos a quien quiera oirlos.

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Los vecinos de La Unión no le escapan a las generales de la ley que sufren quienes no tienen luz: no tener agua tampoco. “Sin luz, no tenemos agua porque tenemos bombas eléctricas. Tenemos que estar comprando nafta para los generadores de luz y termina siendo muy caro. En la pandemia la pasamos muy mal sin tener ni siquiera agua"

“Energía para pobres”

David vive en un barrio de laburantes en Merlo. Es docente y concejal del PTS en el Frente de Izquierda. Hasta hace unos años, le llegaba la boleta de luz todos los meses, como a todos los que tienen acceso a un tendido eléctrico. Pero un día, (en pleno tarifazo de Macri), Edenor de manera compulsiva decidió que él y el resto de sus vecinos tendrían luz prepaga con un medidor que se recarga como el celular, porque así podía tener más ganancias al evitarse la mora en los pagos de las facturas.

“Producto de los tarifazos mucha gente empezó a atrasarse con los pagos, entonces vino Edenor un día y puso en la enorme mayoría de las casas este medidor”, cuenta David. “Energía para pobres”, la define porque cuando se te acaba el crédito “te quedás sin luz y tenés que volver a las velas”.

En la casa de David son cuatro y gastan entre el 25 y 30 % de los ingresos del hogar en recargar el medidor para no quedarse sin luz. “Cada 4 días más o menos recargamos entre 400 o 500 pesos. Si tenés una familia numerosa, como pasa acá en el barrio, podés llegar a gastar casi el doble. Y ni hablemos de lo que gastamos en invierno porque acá la mayoría no tiene gas natural y muchos usan la electricidad para calefaccionar las casas”. David es una de las 10 millones de personas que son pobres energéticos porque o no tienen acceso a la energía o destinan más del 10 % de sus ingresos a pagar los servicios de energía.

“Vivir sin gas en invierno es muy cruel”

María tiene dos hijas adolescentes y vive sin gas desde que tiene uso de razón, en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. "Cuando era chica miraba cómo mi mamá o mi papá tenían que levantarse a la madrugada para ponerle leña a la salamandra para que no se apague y pensaba ’ojalá cuando sea grande nunca tenga que hacer lo mismo’, y lo tuve que hacer. Cuando el frío era mucho, calentábamos un ladrillo, lo envolvíamos en papel de diario y lo poníamos adentro de la cama antes de irnos a dormir”,”.

Hace unos años la red de gas llegó a su pueblo, pero a su casa todavía no. “Hace unos cinco años, nos mudamos con el papá de las nenas a esta casa. Los caños de gas pasan por la vereda, pero hacer la instalación me sale carísimo y nunca terminamos de juntar la plata suficiente para hacerlo”. En verano gastamos una garrafa por mes (a veces un poco más a veces un poco menos), que pagamos unos $ 800. Pero el tema es en invierno porque para mantener la casa calefaccionada con estufas gastamos el doble o más, sobre todo si hay chicos. Vivir sin gas en invierno es muy cruel”.

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Según un informe sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el primer semestre del 2021, el acceso al gas natural fue la mayor limitación en cuanto al acceso de los servicios públicos.

#DatoINDEC
Condiciones de vida: 87,7% de las personas accedía a la red de agua corriente, 66% a la de gas y 68,5% a la de cloacas en el 1° semestre de 2021 https://t.co/kCuK4yrJib pic.twitter.com/KAJfb8p7eO

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 4, 2021

Estas historias se repiten por millones y desde hace años. Mientras esto pasa, el Estado, además de no haber revisado nunca el esquema de las privatizaciones que se mantiene intacto, subsidia con millones a los licenciatarios de los servicios y responsables de la mala calidad de los mismos.

El año pasado, esos empresarios se embolsaron casi 11 mil millones de dólares en subsidios. ¿Por qué el Estado no utiliza ese dinero para mejorar la calidad de los servicios y extenderlos? Porque se terminaría el negocio. Para que eso suceda, se tienen que poner en cuestión las privatizaciones, algo que ningún Gobierno capitalista ha hecho.

Como demuestran las familias en lucha, la organización, la unidad y la solidaridad de las y los de abajo es la única manera de pelear por tierra para vivir y el derecho a un hábitat digno.