Opinión. Ni derechos ni justicia: el DNU, la Corte y la “república” a espaldas de las mayorías

“ En el parlamento, la nación elevaba su voluntad general a la ley, es decir, elevaba la ley de la clase dominante a su voluntad general. Ante el poder ejecutivo, abdica de toda voluntad propia y se somete a los dictados de un poder extraño, de la autoridad. El poder ejecutivo, por oposición al legislativo, expresa la heteronomía de la nación, por oposición a su autonomía .” Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852.

En esta breve cita el autor de El Capital expone cómo los distintos poderes del Estado legislan para la clase dominante. Esta afirmación, no obstante, está velada para las grandes mayorías. En la democracia burguesa, la división de poderes -ejecutivo, el legislativo y el judicial- es presentada con la virtuosidad suficiente para explicar que cada uno de ellos no actúa en interés propio, sino de la nación y, supuestamente, de forma independiente.

Que, en consecuencia, cada poder controla la acción de los otros poderes y de los mandatarios públicos. Sin embargo, no se trata de legislaciones abstractas, sino de relaciones de fuerza entre las fracciones de la clase dominante y sus representantes políticos, que en determinada circunstancias se cuela la lucha de clases.

Desde este punto de partida analizamos lo ocurrido en la última semana -sin perder el contexto de que hablaremos de un gobierno débil que la burguesía no lo considera propio-.

Como planteaba Fernando Scolnik en una editorial publicada en este diario la “coalición de Gobierno está atravesada por disputas sobre el rumbo incierto de un país sumido en una crisis muy grave” y que en ese marco se inscribe el fallo "de la Corte” y analiza cómo las “divisiones en las alturas y crisis económica abonan el terreno para la lucha de clases”. Entre las distintas luchas que recorren el país, destaca la gesta de Neuquén.

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La diputada porteña por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, analizó la sentencia de la Corte y dejó varias conclusiones. "El fallo es un fuerte revés para el gobierno", y agrego que "la Corte Suprema tiene afinidad con el macrismo como se demostró". En una entrevista otorgada a Alerta Spoiler, subrayó que los “cortesanos” dieron un mensaje político al fallar días después de que expirara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cuál debían pronunciarse -o no-.

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La diputada agregó que "el fallo da una clara señal política. En el voto de mayoría dice que aun si se discutiese por ley en el Congreso Nacional también la ciudad podría cuestionarlo. Le están dando un reinado a Larreta", apuntó Bregman sobre la "autonomía" del Gobierno de la Ciudad -mientras el 42 % de las escuelas tuvieron que aislar burbujas por casos de contagio-.

Su análisis alcanzó al DNU presidencial. Bregman fue muy crítica de esta modalidad de gobernar, dando la espalda a los reclamos de las mayorías, y que ni siquiera pasó por el Congreso Nacional. Allí, recordó la diputada de izquierda, Nicolás del Caño junto a otros legisladores del Frente de Izquierda, presentaron distintos proyectos para enfrentar la pandemia -como la declaración de utilidad pública las patentes de las vacunas o un IFE de $40.000-. Medidas que el Gobierno nacional y toda la oposición de Juntos por el Cambio se niegan a debatir.

La potestad que tiene Alberto Fernández en gestionar la pandemia sin pasar por el Congreso, se la otorga un sistema presidencialista, como el argentino, que le permite a quien dirige el Poder Ejecutivo gobernar a través de DNU, o cuando no, vetar las leyes que no le gustan. Fue la Reforma Constituyente de 1994 -votada por quienes hoy conforman el Frente de Todos y Juntos por el Cambio-, que fortaleció el carácter “monárquico” del Ejecutivo sobre la base del Pacto de Olivos pergeñado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín.

La discusión de la semana, entre los representantes de los distintos poderes, es cómo se gobierna en Argentina y quién manda. Sin embargo, mostrando su carácter de clase, ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial discuten por medidas que afecten al gran capital, como la declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience o la centralización estatal del sistema sanitario público y privado.

Desde el Poder Ejecutivo, las críticas al fallo y a los ministros de la Corte no se hicieron esperar. Para Cristina Kirchner la resolución se inscribe en una nueva modalidad de “golpes de Estado”. Para Alberto Fernández se trata de un cuerpo “decrépito” y aseguró que: “dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”.

Mientras que para los cortesanos ninguna crisis ni pandemia “pueden servir como excusa para que el Poder Ejecutivo tome irrazonables medidas restrictivas de derechos”. Por un lado, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti sostienen, en los fundamentos que firmaron en conjunto, que no alcanza “con la mera invocación de la salud para sellar la validez” de un cierto ejercicio regulatorio. Ricardo Lorenzetti, que firmó en soledad, subraya que “las medidas que se adopten deben respetar el estado de derecho y los derechos fundamentales”. En tanto el Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, dijo que las autoridades deben atender los problemas que plantea la pandemia “dentro de los límites formales y sustantivos que les impone la Constitución”.

Asimismo, la Corte sostuvo que las decisiones que se tomen en materia federal, “deben contar con la participación de las partes involucradas”.

Mientras, Cristina Kirchner retóricamente pregunta si tiene más poder para gobernar un juez, designado a dedo, que un presidente elegido por voto popular.

La respuesta no está en la letra de la Constitución o las leyes. Sino en la lucha entre las clases. El impacto del fallo de la Corte se explica por la debilidad del gobierno, y por el espaldarazo a la política de Larreta, al que le otorgan un poder casi absoluto.

Más allá de esta coyuntura, la decadencia de los partidos burgueses y la crisis capitalista, en los últimos años en Latinoamérica las clases dominantes empujaron a la judicialización de la política y del lawfare, como se vio en Brasil y en menor grado en el país. Incluso el Poder Judicial brasileño, que destituyó a Dilma Rousseff y envió a la cárcel a Lula, que colaboró en la llegada a la presidencia de Bolsonaro, ahora que este está débil, para preservar el régimen y tener una figura de recambio, dejó sin efecto las causas contra Lula.

Fallos como estos, o los que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia, están lejos de ser independientes y mucho menos están a favor del bien de las mayorías.

Lenin, el líder de la Revolución Rusa, afirmó en muchos de sus escritos que el sistema judicial es un poder fundamental para sostener la desigualdad social, siendo “la mayor traba para la realización de la democracia para los obreros y los trabajadores”. Su función es garantizar la dominación de una minoría poderosa sobre las grandes mayorías.

Bajo la democracia burguesa, decía Lenin, una casta privilegiada como los jueces y curas no pagaban impuestos, sus cargos eran vitalicios, tenían sueldos muy superiores a los de un obrero y mantenían relaciones carnales con el poder político. Cien años después, esta práctica continúa más vigente que nunca. En Argentina, a pesar del rol que jugaron durante la última dictadura genocida, la casta judicial no cesa de fortalecer sus privilegios.

Hace pocos meses, Alberto Fernández prometía en la apertura de las sesiones ordinarias legislativas, la tan mentada reforma judicial. Sin embargo, en esencia la reforma no modificaba nada sustancial, pero era leído como una ofensiva del Ejecutivo contra una parte de la casta que tuvo protagonismo los últimos años. Por el contrario, los magistrados hicieron sentir su poder. En pocos días y en varias causas sensibles al gobierno fallaron en contra de este: mandaron la causa de espionaje a Comodoro Py, permitieron aumentos a las Telecomunicaciones, además del fallo a favor de Larreta.

¿Qué cambiará con la reforma judicial de Alberto Fernández?

Mucho menos esta en los planes del Gobierno, la disolución de la Corte Suprema, una corporación aristocrática que defiende el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Como se vio en el reciente fallo, donde los supremos le dieron la espalda a las y los docentes, que en asambleas y junto a los padres, exigen que las clases continúen de forma virtual. O como en el fallo que esta semana dictó la Cámara de Casación Penal, donde sostienen que no son delitos de lesa humanidad las vejaciones y delitos cometidos por militares durante la guerra de Malvinas contra soldados conscriptos. No es de extrañar, la casta judicial históricamente estuvo vinculada a las Fuerzas Armadas, apoyó todos los golpes de Estado, las leyes de impunidad consagradas por Alfonsín y Menem.

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El Poder Judicial es el más antidemocrático de los poderes del Estado, un poder exento del derecho al voto popular, propio de la aristocracia. Con sueldos que están por encima de los $400.000 como en el caso de alguno de los supremos. Jueces y magistrados conforman una casta privilegiada vitalicia que, a diferencia de un trabajador, ni siquiera paga impuesto a las ganancias.

Una democratización de la justicia tiene que partir de la elección directa de los jueces, por sufragio universal, revocabilidad de los cargos -que hasta ahora son intangibles-, Terminar con las jubilaciones de privilegio, y que un magistrado gane un salario igual que un trabajador medio. Estas son algunas de las medidas que propone la izquierda para terminar con los beneficios materiales y con el enorme poder de esta casta privilegiada.