El último fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la prescripción de las deudas de los capitalistas al estado, abre también la discusión sobre la importancia de acabar con la exoneración y la evasión tributaria que ha llevado a que un puñado de empresarios se enriquezca a costa de destruir los servicios públicos y acrecentar la pobreza de millones.
Miércoles 23 de septiembre de 2020
Fotos: Diario Gestión
El 22 de setiembre de 2020, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la demanda de inconstitucionalidad al Decreto Legislativo 1014 presentado por el Colegio de Abogados de La Libertad en representación del ex Presidente de la Confederación de grandes Empresarios Privados del Perú CONFIEP, el empresario minero Roque Benavides, norma que modifica el título preliminar del Código Tributario y prohíbe la prescripción de deudas tributarias bajo ciertos supuestos, dando pie al pago de la deuda millonaria que el grupo económico de Roque Benavides adeuda al Estado Peruano, lo cual suma, en promedio unos 2 mil millones de soles.
Este fallo va a afectar a otras empresas mineras involucradas en la demanda de inconstitucionalidad, como son las empresas Compañía Minera Antapaccay, Minera las Bambas S.A., Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. , Empresa Minera Los Quenuales, Volcan Compañía Minera S.A.A. además de la empresa de construcción Odebrecht, Latam Airlines, el banco Interbank, La empresa minera Southern Cooper, la empresa española de telefonía Telefónica, entre otros, siendo en total unos 11 mil millones de soles los que en conjunto estas empresas adeudan al estado peruano.[1]
No es un caso aislado: Los empresarios mineros gozan de beneficios e incentivos fiscales con la complicidad del MEF
Además de las minas a cargo de Minera Buenaventura S.A.A. de Roque Benavides, otras empresas mineras, grandes empresas de construcción que actualmente están siendo investigadas por delitos de corrupción de funcionarios, y empresas financieras extranjeras y nacionales están apelando a la exoneración de sus millonarias deudas por tributos, alegando la famosa figura de “exoneración tributaria” contemplada en el Código Tributario, y que consiste en una solicitud evaluada y concedida anualmente por la Superintendencia de Tributos y Aduanas, la SUNAT, con la venia del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta forma, a pesar de su evidente solvencia y ganancia económica, las empresas mineras año tras año no pagan impuestos.
Por otra parte, recordemos que en diciembre del 2019 el gobierno de Martín Vizcarra y la Ministra de Economía María Antonieta Alva emitieron el Decreto de Urgencia Nº 005-2019 que disponía la exoneración del Impuesto a la Renta de las grandes empresas hasta el 31 de diciembre del 2022 respecto a los ingresos provenientes de la enajenación de acciones y demás valores representativos de capital, siempre que estas operaciones se realicen por medio de un mecanismo de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores [3]. De esta forma, los burgueses que inviertan en la bolsa de valores con el fin de ganar pasivamente más ingresos, podrán enriquecerse aún más sin tener que pagar impuestos por sus ganancias de capital.
De igual forma, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuya vicepresidencia estaba en manos de Martín Vizcarra, se emitieron una serie de leyes a favor de la devolución de impuestos a las empresas mineras. De esta forma, se prorrogaron normas tan perjudiciales para el fisco como es Ley N° 27623, ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración [2]. En todos estos años, esta ley ha implicado la devolución de más de mil millones de dólares recaudados por impuestos a las empresas mineras, bajo la supuesta figura de ser un “incentivo fiscal” para la inversión, siendo esto un descarado robo al fisco. La minería, organizada de esta forma bajo leyes capitalistas, no contribuye en nada al desarrollo de ingresos del país, pues todos los ingresos son privados y principalmente administrados fuera en paraísos fiscales. Todo esto, a costa del maltrato, explotación y miseria de los obreros mineros peruanos cada vez más precarizados por las leyes patronales que dicta la CONFIEP en complicidad con el gobierno.
Urge industrializar el país con los ingresos tributarios aplicados a los ricos y un impuesto a la riqueza
Las leyes tributarias del gobierno, de la SUNAT y de la CONFIEP, sólo afectan al pequeño emprendedor y a los trabajadores, exigiendo mayores impuestos al consumo y a las rentas del trabajo. Esto no es novedad en el sistema tributario peruano, pues recordemos que el impuesto indígena aplicado injustamente a las familias y comunidades campesinas durante la colonia persistió todavía durante los primeros años de la República Aristocrática, siendo las masas laboriosas quienes pagaban más impuestos y los latifundistas quienes lograban evadirlos por sus nexos políticos y corruptos. [4]
Casi dos siglos después, el sistema impositivo peruano reproduce un sistema tributario injusto, en perjuicio de los pequeños empresarios que nacen de las grandes masas de despedidos y desempleados, y de los trabajadores, quienes tienen que soportar todo tipo de descuentos de su salario por concepto de impuesto a la renta, y conceptos previsionales como ONP, AFP y Essalud sin gozar del beneficio de los mismos, y sin embargo el sistema impositivo es sumamente complaciente con las empresas de la CONFIEP y el patrimonio de los burgueses, a quienes concede exoneraciones e incentivos tributarios.
En ese sentido, frente a los 7 millones de desempleados que ha traído esta crisis sanitaria y económica, urge industrializar el país y fortalecer los servicios públicos, siendo para esto necesario terminar con el régimen de exoneraciones tributarias concedidas en el código tributario fujimorista, y terminar con el concepto de prescripción de deudas a las empresas de la CONFIEP.
De igual forma, urge crear un impuesto sobre las grandes fortunas, que comprenda el patrimonio personal de los dueños de las grandes empresas nacionales y extranjeras, tanto en bienes inmuebles como bienes muebles de capital, acciones, bonos, y artículos de lujo. Con todo este dinero podemos fortalecer los servicios públicos, crear empresas públicas que suplan la carencia de investigación y tecnología en el sector salud, fortalecer los laboratorios nacionales, y ponerlos a disposición y administración del personal trabajador en beneficio del bienestar social y no más del lucro. De esta misma manera, urge industrializar el país, y recuperar las empresas que están cerrando fraudulentamente a pesar de haber recibido el préstamo de Reactiva Perú, disponiendo su inmediata administración a cargo de los obreros y sus trabajadores organizados.
Referencias:
1. Canal N. Noticia de fecha 22 de setiembre de 2020. Disponible en https://canaln.pe/actualidad/tc-decidira-hoy-si-sunat-cobrar-deudas-millonarias-empresas-n425488
2. Decreto de Urgencia que modifica la Ley 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores. Disponible en: http://www.contadoresyempresas.com.pe/index.php?/detalle/3/NOR008502 Visto el 22 de setiembre del 2020. 10 am.
3. Este tema también fue debatido en su momento por el pleno del Congreso, sin tener ningún tipo de denuncia ni reparo a la norma promovida por el Ejecutivo. Ver https://gestion.pe/economia/congreso-tendra-pleno-extraordinario-ver-exoneraciones-exploracion-minera-e-hidrocarburos-252450-noticia/ Noticia de fecha 10/12/2018. Visto el 22 de setiembre del 2020 por última vez.
4. Ernesto Yepes. 1972. Perú 1820-1920: Un siglo de desarrollo capitalista. Lima: Instituto de Estudio Peruanos. IEP Ediciones Campodónico.
