Con la mayoría de los candidatos opositores detenidos y dudas sobre el nivel de participación, el órgano electoral informó que Daniel Ortega obtenía la reelección con 75 % de los votos habiendo sido escrutados casi la mitad de las mesas electorales.
Lunes 8 de noviembre de 2021 09:24
De acuerdo con el primer informe del Consejo Supremo Electoral, leído en la madrugada de este lunes tras varias horas de retraso, Ortega logró el 74,99 % de los votos con casi el 50 % de las juntas receptoras de votos escrutadas, con lo que obtendrá la reelección y permanecería en el cargo hasta enero de 2027.
Abstencionismo
Durante la jornada, marcada por unas elecciones organizadas a la medida de la dupla Ortega-Murillo, con siete candidatos opositores detenidos y denuncias de amedrentamiento, muchos señalaron un bajo nivel de participación, lo que se convirtió al final de la jornada en uno de los temas de discrepancia. Según el órgano electoral la participación habría sido del 65,34 %, lo que contrasta con cálculos de otras organizaciones que situaron la abstención en algo más del 80 por ciento.
El observatorio multidisciplinario ciudadano Urnas Abiertas, que monitoreó el proceso electoral, realizó una proyección que indica una abstención de entre 79% y 84%; con un promedio nacional de 81,5% de abstencionismo.
Opositores detenidos
Ortega disputó la Presidencia a cinco candidatos considerados "colaboradores" del Gobierno parte de partidos "satélite" del oficialista. Es el caso del candidato del Partido Liberal Constitucionalista, el diputado Walter Espinoza, que según los datos oficiales obtuvo un 14,4 % de los sufragios, Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con un 3,44 %; Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), un 3,27 %; Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE), un 2,20 %, y Mauricio Orué, del Partido Liberal Independiente (PLI), con un 1,70 %.
Durante los meses previos el Gobierno de Ortega detuvo a los principales candidatos de la oposición burguesa, empezando por Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas a Ortega en 1990, y que según las encuestas tenía la mayor probabilidad de ganar las elecciones como parte de un intento de coalición impulsado por el establishment económico, local y por Estados Unidos.
También quedaron fuera de la carrera electoral por arrestos e investigaciones impulsadas por el Ejecutivo de Ortega, Arturo Cruz, un exembajador de Nicaragua en EE.UU que fue arrestado a su regreso de un viaje a Washington; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Punto de quiebre
Durante una década, entre 2007 y 2017 Ortega gobernó con el apoyo del establishment local y el visto bueno de Estados Unidos, garantizando negocios y ganancias a los grandes empresarios, como parte del ciclo de crecimiento que vivió la región y los acuerdos con Venezuela que le permitieron contar con hidrocarburos subsidiados.
Con el fin de ese ciclo comenzó un proceso de ruptura del establishment económico y la iglesia, que se empezaron a separar y cuestionar a Ortega, y de Estados Unidos que inició una espiral injerencista, a la búsqueda de un candidato o candidata que responda más directamente a sus intereses.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Ortega comenzó un proceso de ajuste económico que tuvo como respuesta una verdadera rebelión obrera, popular y campesina en 2008 que fue ahogada en sangre y represión, cobrándose la vida de cientos de personas y dejando miles de heridos y encarcelados.
Injerencia imperialista
A este giro autoritario de Ortega, que no solo persiguió y encarceló a los candidatos del establishment para asegurarse la reelección, sino ante todo que mantiene detenidos a miles de trabajadores, jóvenes y campesinos que protestaron contra las miserables condiciones de vida que se viven en el país, se sumó una injerencia creciente de Estados Unidos, que este domingo terminó con el presidente Biden amenazando con usar "todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición. Como ya es común, esta denuncia la hizo en paralelo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no ha cuestionado ningunos de los golpes o movimientos militares contra gobiernos considerados "progresistas" pero sí actúa rápidamente para pedir "transparencia" a cualquier gobierno que no se muestre mínimamente alineado con Estados Unidos. Así lo hizo sin cuestionar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los manifestantes durante las protestas en Chile o Colombia.
La situación en la que se encuentra Nicaragua, con un gobierno autoritario apoyado en el miedo, la persecución y la represión por un lado, no puede ser resuelta por la injerencia de Estados Unidos, que busca un nuevo gobierno títere que le sea afín, sino por la movilización de los trabajadores, los campesinos, la juventud y los sectores populares, buscando seguir el camino y profundizando la rebelión de 2018.
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