Centroamérica. Nicaragua: en acuerdo con Estados Unidos Ortega libera y deporta a 222 presos políticos

La lucha por la libertad de todos los presos viene de lejos en Nicaragua, por ello, la liberación ha sido bien recibida tanto dentro como fuera de Nicaragua, aunque con condenas a la deportación y la pérdida de derechos políticos y de nacionalidad de los presos políticos. La referente y también combatiente durante la revolución nicaragüense, Mónica Baltodano, ha expresado en redes sociales por un lado la alegría de saber que los presos “dejarán de estar encerrados, sometidos a distintas formas de tortura” y que “ahora podrán leer lo que quieren, escribir y expresarse” pero por otro lado expresó su condena a que el régimen “los hace sin patria, porque inconstitucionalmente les quita su nacionalidad”.

Y es que efectivamente antes de liberar a los 222 presos políticos, y para cumplir algunas formalidades legales, la Asamblea Nacional, bajo absoluto control del orteguismo, aprobó de forma exprés la llamada “Ley especial para regular la pérdida de la nacionalidad”, que incluso no fue publicada oficialmente en el diario la Gaceta. Pero ese mismo día fue ejecutada por el poder judicial, que dictó sentencia declarando la pérdida de la nacionalidad a quienes hayan sido declarados culpables bajo los efectos de la Ley No 1055, ordenando la inmediata “deportación”. Se les quita la nacionalidad nicaragüense y con ello la posibilidad inmediata de hacer política con derechos plenos dentro de Nicaragua.

Es de destacar que una gran mayoría de los presos liberados pertenecen a la oposición de derecha o vinculados a dichos partidos, como lo expresan las figuras de Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, María Fernanda Flores, Lorenzo Holmann Chamorro, Miguel Mora, Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre entre muchos otros. Mientras que se mantienen presos un número no identificado de trabajadores, campesinos, estudiantes, que no son parte de la derecha política nicaragüense y que continúan presos en Nicaragua luego de la rebelión del 2018 y que fueron parte de la resistencia al gobierno de Ortega, que incluso no son incluidos en las listas de presos políticos. No por casualidad, un alto funcionario de Estados Unidos declaró que “todas las personas que han entrado en Estados Unidos han sido examinadas e investigadas inicialmente por diferentes agencias, incluido el FBI”.

Aunque la liberación de los presos políticos se dio en el marco de negociaciones secretas entre Estados Unidos y el gobierno de Ortega-Murillo, la lucha por la libertad de los presos se ha desarrollado dentro de la propia Nicaragua por parte del pueblo nicaragüense y de las organizaciones de migrantes nicaragüenses que no han cesado en denunciar al régimen orteguista, así como de las campañas internacionales que se venían llevando a cabo. En julio anterior por ejemplo la Comisión Internacional por la libertad de los presos políticos en Nicaragua, integrada por organizaciones de derechos humanos y de la izquierda internacional realizó una caravana para exigir la libertad de los presos políticos, con total independencia del imperialismo y de los partidos de la oposición de derecha nicaragüense.

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El acuerdo secreto entre Estados Unidos y el régimen de Ortega-Murillo lo ha dejado claro la propia declaración del Secretario de Estado, Antony J. Blinken, publicada inmediatamente a la liberación, donde se sostiene que “La liberación por el Gobierno de Nicaragua de estas personas, una de las cuales tiene ciudadanía estadounidense, representa un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la posibilidad de que continúe el diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua con respecto a temas de interés. El acontecimiento de hoy es producto de la diplomacia concertada estadounidense…”.

Las discusiones venían desde hace meses. Según el New York Times, ya el año pasado Laureano Ortega, hijo mayor de Daniel Ortega y probablemente su heredero político, buscó un acercamiento con Washington en busca de una reducción de las sanciones a cambio de la liberación de los presos políticos.

Si bien es cierto el gobierno de Biden dio continuidad al conjunto de sanciones imperialistas de la época trumpista, las negociaciones son expresión del cambio en política exterior hacia Nicaragua del actual inquilino de la Casa Blanca, como lo ha venido haciendo con Venezuela. Parte de ello es la selección de Chris Dodd como asesor presidencial especial para las Américas, ya que como declarara el portavoz del Departamento de Estado Ned Price en noviembre anterior, este personaje “se ha forjado la confianza de muchos de nuestros socios en el hemisferio occidental”. Dodd es un miembro de larga data del partido Demócrata, en línea con la política de la administración Obama-Biden. En diciembre anterior estuvo en Costa Rica reunido con el presidente Chaves para tratar “el deterioro de la situación en Nicaragua” según comunicado del Departamento de Estado, dicho en otras palabras, abrir canales de negociación con el régimen orteguista.

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Es claro que el régimen de Ortega busca un alivio en las sanciones que afectan significativamente a Nicaragua por el peso económico del imperialismo en Centroamérica, y ahogado en una situación interna difícil, la negociación con Washington parece el intento del orteguismo de buscar un respiro político. Por su parte, el objetivo de Estados Unidos es recomponer sus intereses en la región centroamericana y apuntala sus objetivos políticos en una situación de cambios en América Latina y de procesos de lucha de clases.

Pero no es la democracia o las libertades democráticas del pueblo nicaragüense lo que busca el imperialismo estadounidense, tal como lo quieren vender los portavoces del Departamento de Estado. Justamente en este momento los Estados Unidos reconoció al gobierno golpista y asesino de Dina Boluarte en Perú, lo que demuestra la hipocresía imperialista, y que tiene un largo historial de golpes de todo tipo, desde clásicos como el de Honduras en el 2009 o el de Bolivia en el 2019 o golpes parlamentarios como el de Brasil.

Es por ello que nada bueno puede esperar el pueblo y las grandes mayorías de trabajadores, populares y campesinas de Nicaragua de estos acuerdos entre el régimen orteguista y el imperialismo estadounidense, que de ninguna manera garantiza libertades democráticas plenas para el pueblo nicaragüense.

Tal como había dicho en julio anterior la legisladora en la ciudad de Buenos Aires por el PTS-FIT Unidad, y parte de la Comisión Internacional por la libertad de los presos políticos en Nicaragua , Alejandrina Barry, “nada bueno, ni la conquista de las libertades democráticas hoy cercenadas por Ortega pueden venir del imperialismo estadounidense que fue el que encabezó el Plan Cóndor y las dictaduras en América Latina, el que lleva adelante las guerras contra los países oprimidos del mundo”, y hoy lo podemos ver en Perú.

En América Central la injerencia del imperialismo es histórica, sostuvo todas las dictaduras militares de la región que asesinaban y desaparecían por miles a trabajadores, campesinos, jóvenes, de las comunidades indígenas, de estudiantes, donde además de la opresión imponían regímenes esclavistas de explotación, que fue lo que llevó a la guerra civil en casi todos los países centroamericanos, y actualmente mantiene bases militares en algunos países.

Enfrentar al régimen represivo y autoritario de Ortega-Murillo no puede ser de la mano de los partidos de la oposición de derecha y menos del imperialismo estadounidense, que aplica sanciones que sobre todo golpean al pueblo nicaragüense. Las libertades democráticas y los derechos del pueblo trabajador, campesino, de la juventud nicaragüense vendrán de la mano de su propia movilización independiente de los trabajadores, el pueblo pobre y los campesinos y de sus propios órganos de lucha, con la solidaridad de los pueblos oprimidos del mundo.