Ante la militarización de las fronteras ordenada por Boric. ¡Ningún migrante es ilegal!

El 27 de febrero el gobierno de Gabriel Boric, dentro del marco de la Ley de Infraestructura Crítica, decidió militarizar la región norte de Chile que es fronteriza con Perú y Bolivia. Esta militarización determinada con el plazo inicial de 90 días permite a las Fuerzas Armadas de Chile realizar controles de identidad, revisar vestimenta y pertenencias, detener a quienes ingresen por ‘puntos no autorizados’, con el uso progresivo de la fuerza incluso llegando a disparos de advertencia. El gobierno del FA (Frente Amplio) y el PC (Partido Comunista) avanzan cada vez más en su política represiva contra sectores populares y trabajadores que ya habían comenzado con la militarización de la Araucanía contra el pueblo mapuche, siguió con la criminalización de la migración “no regular”, y finalmente, hace poco más de una semana promulgó la Ley Naim Retamal que fortalece las prácticas represivas e impunes de los carabineros de Chile.

La exigencia del gobierno chileno de deportar a migrantes “ilegales” a terceros países, como es el caso de migrantes venezolanos, haitianos y otros que Boric pretende deportar a Bolivia o Perú, ha provocado roces entre los gobiernos involucrados por tratarse de una exigencia no contemplada en los tratados y convenios migratorios y de DDHH.

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El 15 de marzo, en medio de una gira por la región, en una conferencia de prensa de Boric en Colchane hizo referencia a los “efectos del ingreso masivo e irregular” de personas y señalando que “algunos de ellos vienen con el ánimo de delinquir… esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas”.

Estas acciones y declaraciones exacerban el sentimiento chovinista y la xenofobia al considerar y hacer un paralelo entre la migración “no regular” y la delincuencia, colocando de esta manera a miles de familias trabajadoras en una situación de mayor vulnerabilidad ante los abusos de las fuerzas policiales y militares.

No es la primera vez que se militariza la región del desierto de Atacama. En años recientes, el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, en medio de la pandemia sanitaria, militarizó la frontera boliviana para impedir el regreso de miles de trabajadoras y trabajadores migrantes, y fueron las comunidades chilenas fronterizas quienes los cobijaron solidariamente. Por otro lado, el gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú tiene ya más de tres meses de represión y militarización del sur peruano, situación que agrava aún más los sufrimientos y dificultades de miles de migrantes.

Toda esta situación nos muestra que lejos de mejorar, la situación de las familias migrantes, tiende a agravarse. Las condiciones de vida que las grandes mayorías trabajadoras vienen enfrentando son cada vez más difíciles. Boric llegó al gobierno gracias a que logró capitalizar toda la fuerza de la movilización y la gran lucha del pueblo chileno contra la herencia constitucional de la dictadura pinochetista, sin embargo, vemos hoy, como recurre a los mismos instrumentos y políticas de su antecesor, Sebastián Piñera.

Vemos como el gobierno golpista de Dina Boluarte y los cada vez menos "progresistas" gobiernos de Luis Arce y Gabriel Boric coinciden en aplicar las mismas medidas represivas y criminalizadoras contra las y los migrantes pese a sus supuestas “profundas” diferencias ideológicas.

Todo esto pone de relieve que solo la unidad y la movilización independiente y sin fronteras de los trabajadores y trabajadoras, de las comunidades indígenas y campesinas, del movimiento estudiantil y de la juventud trabajadora, del movimiento de mujeres y de las disidencias, pueden arrancar salidas progresivas y democráticas para las y los migrantes.

Es por todo esto que desde las organizaciones que formamos parte de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI): Partido de Trabajadores Revolucionarios (Chile), Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (Bolivia) y Corriente Socialista de las y los Trabajadores (Perú) rechazamos, denunciamos y luchamos rotundamente contra toda acción y actitud chovinista, xenófoba, racista y militarista de estos gobiernos. Estas agresiones y la militarización de las fronteras generan mayores riesgos y atenta contra los derechos humanos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores migrantes de todo el continente que buscan sobrevivir la precariedad de las condiciones de vida que nos impone el capitalismo y que se viene agravando con la crisis económica mundial.

¡Libre circulación para lxs migrantes!
¡Abajo las disposiciones represivas contra las familias migrantes!
¡Basta de criminalización! ¡Por plenos derechos civiles y políticos para todas las familias migrantes!
¡Por la unidad latinoamericana de lxs trabajadores!
¡Ningún migrante es ilegal!

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