DESALOJOS Y REPRESIÓN. Ninguna excepción: Guernica y una política general contra la demanda de “tierra para vivir”

“Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia” afirmaba Alberto Fernández al día siguiente de que las topadoras arrasaran las casillas de las familias que se encontraban hace meses viviendo en el predio ubicado en la localidad de Guernica. El Gobernador Kicillof, por su parte, se expresaba en la misma sintonía: “Yo no acepto que fue una represión, fue un desalojo a partir de una orden de un juez”.

Ya Mario Wainfield en Página 12 había cuestionado el domingo esta definición que busca considerar que el despliegue de un pequeño ejército policial se puede condicionar a una simple resolución judicial, al explicar que: “El Ejecutivo provincial debió suspender el lanzamiento, haciendo uso de sus facultades o su inventiva. Acatar una decisión judicial injusta y antisocial es una decisión política, no una rutina burocrática”, a lo que agregó con más detalle que “Estaban a mano herramientas tales como un decreto o un recurso ante la Corte provincial o aún la promoción de juicio político contra Rizzo”.

Sin embargo, el que terminó de clarificar que la decisión fue eminentemente política, no fue otro que el propio Kicillof: “Había una orden de desalojo de la justicia, podíamos no acatarla, pero se acató”. Pura voluntad de barrer con los pobres del predio ubicado en el partido de Presidente Perón.

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En estos mismos días, la tónica de avanzar con la represión sobre aquellos que, privados de un techo para sus familias e hijos se ven empujados a pelear por un poco de tierra, tuvo su generalización en distintos puntos del país, terminando de desmentir que la avanzada policial pudiera atribuirse a algún tipo de "excepcionalidad", atribuible una orden judicial o cualquier otra particularidad.

Las semanas previas a los hechos de Guernica, sin dudas los más conocidos por su repercusión mediática, La Matanza fue quizás el municipio donde el hostigamiento policial más se dejó sentir. En la localidad de Rafael Castillo la Bonaerense volvió a quemar las precarias casillas de las familias, incluyendo el comedor donde los niños reciben único alimento.

En el barrio Los Ceibos, a las órdenes del peronista Espinoza, la policía le cortó la luz a los vecinos, robándoles hasta los cables y desatando una feroz represión con balas de goma sobre ellos, como parte de un hostigamiento que no para y que busca forzar que se vayan. ¿A dónde? esa pregunta desde el Gobierno no la responden.

Durante el último fin de semana, en Río Negro, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la policía provincial desalojó el barrio La Esperanza de Fiske Menuco, en General Roca, desatando luego una cacería en las zonas adyacentes. Las tierras las reclama la Asociación Patriótica Tiro Federal, a la que le fueron donadas durante la última dictadura militar.

Vecinos del barrio Tío Rolo, en Rosario, denunciaron que la GUM, la policía provincial y la gendarmería rompieron a mazazos varias viviendas, sin contar siquiera con una orden judicial. Se encuentran allí hace 6 meses, en un terreno que antes era un basural.

En la tarde de este martes un operativo de 500 uniformados se hizo presente en el barrio Stone, en Escobar, para obligar a retirarse a sus habitantes. Se encontraban viviendo en el lugar hace más de un año luego de comprar las tierras y haber edificado, pero fueron víctimas de una estafa. La fuerza policial fue desplegada para garantizar que las tierras fueran otorgadas para la construcción de un country.

En Los Hornos, La Plata, el intendente Garro exige que se desaloje a las más de 2.000 familias que se encuentran en ese lugar desde el mes de febrero. Se trata de terrenos fiscales.

Como se ve, no se trata de casuales “ordenes judiciales”, sino de una verdadera guerra contra los sin techo. No hay “excepción”. La negación sistemática de un derecho elemental como es el de “tierra para vivir” recorre el país de sur a norte, acompañado con las fuerzas policiales para garantizar que así sea. Se trata de una demanda estructural, en un país donde son 15 millones las personas con problemas de vivienda, pero que al calor de la crisis económica y social, de la desocupación que avanza, se vuelve cada vez más urgente.

Topadoras, perros, balas de goma, gases y helicópteros. El Gobierno hace de la demostración de fuerza contra los pobres un show para demostrar que el “Pacto social” reclamado por Cristina Fernández se va a cumplir para garantizar las ganancias de los ricos.

Mientras siguen las negociaciones con el FMI para “cerrar rápido”, se continúa emitiendo deuda y Alberto Fernández almuerza con los grandes empresarios, no hay respuesta para los que no tienen un techo donde dormir.

Pero la demanda de “tierra vivir” se hace fuerte en la propia lucha.

Si en Rafael Castillo la policía 14 veces les quemó las casillas, fueron también 14 las veces que los vecinos volvieron a levantar sus viviendas. En los Ceibos, ante el apriete de los uniformados, los vecinos volvieron a conectar la luz y su comisión de mujeres dejó un mensaje “Que sepa el Gobierno que vamos a seguir peleando”.

Son ejemplos que muestran un camino. En Guernica, ante la intromisión de los miles de efectivos, lejos de dejarse pisotear, los familias mostraron durante horas su decidida voluntad de resistir las topadoras de Berni y Kicillof. Al día siguiente miles se movilizaron junto a ellos hacia Plaza de Mayo para repudiar la represión. Este miércoles, luego de resolverlo en asamblea, marcharán en La Plata y harán escuchar su reclamo fundamental: “tierra para vivir”.