Después de la última reunión sostenida con Francisco Encina, secretario técnico y representante del gobierno, constituyentes representantes de pueblos originarios exigieron su renuncia por incumplimiento de acuerdos anteriores. Pero lejos de ser un hecho aislado, es toda una línea de Piñera de inmiscuirse en la convención, controlarla y limitar a sus sectores de izquierda y de naciones originarias.
Martes 29 de junio de 2021
Luego de la última reunión sostenida con Francisco Encina, secretario técnico y representante designado directamente por el gobierno de Piñera, las y los convencionales de las primeras naciones emitieron una declaración durante la jornada de este lunes 28, en la que exigen su renuncia.
Según la declaración emitida por convencionales de los pueblos Mapuche, Aymara y Chango, Encina “mostró una falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones previas con el ministro y subsecretario de la Segpres, demostrando su falta de capacidad de diálogo intercultural.”
Algunas de estas faltas son de carácter cultural y lingüístico, como el acompañamiento a la Machi Francisca Linconao en su calidad de autoridad ancestral y a Isabella Brunilda Mamani Mamani de la nación Aymara, quien también requiere de hoja de coca y otros elementos rituales. Además de ello se ha solicitado que se presenten intérpretes de sus lenguas.
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En la reunión de este sábado 26, el representante de Piñera dio negativa a todas las solicitudes que se habían tomado anteriormente como acuerdos, lo que naturalmente para las y los constituyentes de las naciones originarias corroboró “su nulo compromiso por cumplir con los estándares mínimos garantizados de participación de las primeras naciones en el proceso constitucional".
Finalmente exigen la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, que el Estado a través del gobierno nombre a otro y que se cumplan los requerimientos de manera inmediata, "teniendo presente las particularidades territoriales, culturales y políticas propias" a una semana de que comience la convención constitucional. De no cumplirse esto, agregan, se "pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación".
Y es que el Estado está cayendo nuevamente en el incumplimiento de tratados internacionales de Derechos Humanos, pero por otra parte y de manera hipócrita el gobierno y el régimen se paran sobre el Acuerdo por la Paz que, entre otras cosas, prohíbe tocar tratados internacionales. Claro que lo hacen para salvaguardar los intereses de las trasnacionales y el saqueo de los recursos naturales, pero cuando se trata de Derechos Humanos es como si no existieran.
Más allá de la exigencia de que estos requerimientos deban ser cumplidos inmediatamente como una cuestión mínima, cabe preguntarse si efectivamente el gobierno puede llegar a tener la real intención de dar una salida favorable a los pueblos originarios. Sin embargo, cuando vemos los últimos hechos, incluso con un ex-sargento y ex guardia de Pinochet en la seguridad de la convención al que se le destinaron casi 500 millones de pesos, puesto ahí por decisión del mismo gobierno, y se contrasta con algo tan mínimo como disponer de intérpretes de idioma, lo que salta a la vista es una decisión política de Piñera, no un acto de mala voluntad fortuita.
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El gobierno y el régimen heredado de la dictadura están intentando entrar por todos los agujeros que puedan quedar en la Convención Constitucional, tratando de controlar al máximo y de limitar lo más posible el actuar de los sectores más a izquierda de la convención, en particular a representantes de pueblos originarios. Si bien es necesario que Encina deje el cargo por su evidente negativa a cumplir con las garantías mínimas, la puesta de otro personaje por parte del gobierno difícilmente significará la llegada a buen puerto, ya que la línea del gobierno no es esa.
Lo que se necesita de fondo es la salida de Piñera y de toda su injerencia alrededor de la convención constitucional. Pero no solo eso. Para que el proceso sea realmente soberano la convención no debería tan solo limitarse a redactar una constitución con el viejo régimen acechando y controlando, sino que debería asumir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con los que las garantías para los pueblos originarios pasarían por el simple decreto de ellas, así como la liberación de las y los presos políticos de la rebelión y de pueblo nación Mapuche.
Todo ello podrían lograrlo legítimamente sin intermediación del gobierno, ni con la “seguridad” pinochetista que Piñera quiere implantar, ni con el control televisivo que éste dicta desde la moneda, ni mucho menos con las negativas ilegítimas de sus representantes de poca monta, como Encina.
