En estas elecciones primarias, permanecen en carrera 9 partidos que se postulan, de todas las duplas ninguna representa ni pretende contribuir a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI.
Domingo 27 de enero de 2019
Foto: La Prensa
En primer lugar, el MAS quién ha venido gobernando durante los últimos 13 años ha implementado variadas leyes que en teoría servirían para prevenir la violencia contra las mujeres y en general la violencia de género. Un ejemplo es la “Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley N° 348). Sin embargo, a casi seis años de su promulgación no cuenta con presupuesto suficiente además que éste está sujeto a los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos (IDH). Un estudio realizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (2016) señaló que los gobiernos locales solamente asignaron el 0,33% de su presupuesto para la atención y prevención de la violencia de género.
Además de la poca inversión contra la violencia de género, la institución encargada de combatir ésta es paradójicamente la Policía Boliviana, una de las entidades del Estado donde el machismo y la violencia son su característica. Las declaraciones de Víctor Hugo Soria, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz, son apenas un ejemplo del pensamiento machista inherente a estas instituciones represivas del Estado: “Generalmente los feminicidios se presentan por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas (...) y cuando el alcohol no está en medio “muchas veces son problemas pasionales, celos, desconfianza, infidelidad y demás situaciones; o producto de que la mujer tiene doble vida, ha estado con el marido y tiene otro, otra persona con la que también convive (...) pero eso es esporádicamente, no es muy seguido” (La Razón, 2018), reflejan lamentablemente el tipo de pensamiento dominante en esta institución respecto a esta problemática.
Recientemente, el Gobierno anunció la creación del “Gabinete de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer y la Niñez” que estaría conformado por siete ministerios dirigidos por el presidente Evo Morales y otra entidad anunciada como Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización. Sin embargo, mes y medio después de estos anuncios, vemos como constantemente el primer mandatario continúa manteniendo actitudes peyorativas y cosificadoras hacia las mujeres.
Recordemos cuando el 13 de enero en un acto de entrega de sistema de riego en la comunidad de Colomi del Departamento de Cochabamba declaró “Sólo una cosa estaba mal, ¿saben por qué no he bailado? (porque) las hermanas cholitas estaban con calza, está mal eso. Hermano diputado, hermano alcalde, la próxima si quieres hacerme bailar (las cholitas) sin calza por si acaso”. Acto seguido, al día siguiente, nuevamente fueron difundidos por diversos medios otra declaración machista en un acto de inauguración de un mercado en la localidad de Yutupampa también en Cochabamba: "Aquí estoy viendo muchos autos, ¿acaso antes había autos?, yo me acuerdo cuando era dirigente... el compañero (caminaba con) su caballo, con su cholita; ahora (camina con) su moto, (con) su carro con su cholita. Saludamos, respetamos".
Sin duda, ya no es sorpresa escuchar al primer mandatorio repetir sistemáticamente expresiones misóginas y machistas. Lo que es absolutamente chocante es que pretenda dirigir un gabinete de lucha contra la violencia a las mujeres cuando ven a las mujeres como simples objetos de quienes se tiene posesión como un auto, naturalizando y fortaleciendo la cultura de cosificación y de violencia machista que en sus niveles más extremos lleva a feminicidios.
En este contexto, según datos de prensa, de los casos conocidos y que llegan a ser registrados, 894 mujeres han muerto a causa de feminicidio en los últimos 9 años y aproximadamente menos del 25 % han sido procesados.
Luego, la Ley de Identidad de Género que parecía un gran triunfo ya que daba la posibilidad de cambiar “de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género” («Ley No 807. Identidad de Género. Bolivia», 2016, p. 1) se dio la vuelta cuando se aprobó la Sentencia Constitucional 76/2017 que declara inconstitucional el parágrafo II de dicha ley, dejando con ello a la comunidad sexo diversa sin la posibilidad de ejercer “todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida.” («Ley No 807. Identidad de Género. Bolivia», 2016, p. 6). Esta acción fue propiciada por el diputado Horacio Poppe, del ultra derechista Partido Demócrata Cristiano (PDC) sin que exista ningún tipo de reacción por parte del Gobierno.
También son conocidas las intervenciones contra la diversidad sexual de parte del presidente del Estado Plurinacional: “el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres”. Este es solamente un ejemplo entre algunos comentarios que desde el actual gobierno muestran concepciones discriminadoras hacia la diversidad sexual, que pueden parecer simplemente “chistes” para algunos, pero que fomentan y mantienen una cultura de odio y violencia que en escalas agravadas acaban en crímenes de odio.
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Sin embargo, en esta contienda electoral, el machismo, la misoginia, la homofobia y transfobia no son sólo patrimonio del MAS. Dentro de la oposición, como es de esperar, tampoco se ven “luces” que puedan representar una alternativa real contra la violencia de género. Veamos a continuación a algunos de los 9 frentes participantes.
Uno de los principales opositores en estas elecciones viene de la mano de Comunidad Ciudadana (CC) y se encuentra liderado por Carlos D. Mesa y Gustavo Pedraza. El primero ha sido anteriormente vicepresidente y posteriormente presidente de Bolivia, sin embargo, en ninguno de sus cargos ha generado una posibilidad de combate a la violencia de género. En 2004 cuando la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos pasó las barreras del parlamento, Carlos Mesa, en ejercicio de la presidencia no la promulgó, resultado de acuerdos a los que arribó con la Iglesia Católica, pese a que dicha ley planteaba como obligación del Estado promover la educación y cultura que superen estereotipos de roles de género, concebía la necesidad de brindar educación sexual y atención médica integral en casos de enfermedades de transmisión sexual y atención médica de calidad en casos de complicaciones por abortos.
La Alianza Bolivia dice No que son los ‘demócratas’ liderados por Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez cuyo candidato presidencial promete igualdad de derecho para las mujeres, cuando tuvo que votar en la Ley del Sistema Penal manifestó su rechazo por la parcial ‘legalización’ del aborto pese a que el aborto mal practicado constituye la segunda y tercera causa de muerte materna en diferentes departamentos del país y que a nivel nacional, según estimaciones del CIDEM, 80.000 mujeres anualmente se practican abortos en condiciones de clandestinidad. Es decir, ponen de manifiesto con hechos que están en contra de los derechos de las mujeres. Edwin Rodríguez, postulante a vicepresidente, manifiesta la misma postura que el primero en torno al aborto y considera que no solo las mujeres no deben acceder a un derecho tan básico, sino que las personas homosexuales no deberían poder “adoptar niños, generar un ambiente de hogar, pretender criar o hasta engendrar, creo que eso ya no va con mis convicciones” (Diario Página Siete, 2019b).
Luego, pasamos al Partido Demócrata Cristiano (PDC) cuya dupla está constituida por Jaime Paz Zamora y Paola Barriga. El primero, candidato a presidente, ha omitido contestar preguntas a un periódico nacional en torno a sus opiniones sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI. Sin embargo, como partido, ya han manifestado anteriormente una posición uniforme contra el aborto y los derechos de las diversidades sexuales, llegando a ser el principal partido que se ha opuesto mediante Horacio Poppe a la Ley de Identidad de Género, cuya oposición ha significado la anulación de todo tipo de derechos mediante la SC 76/2017 señalada líneas arriba.
Otro de los candidatos que ha demostrado tener posiciones en contra de los derechos de las mujeres es el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas cuya dupla la acompaña Humberto Peinado conformando la Unión Cívica Solidaridad (UCS). Ambos son abiertamente antiaborto y participantes de marchas en contra de los derechos LGBTI y el segundo es un pastor evangélico quien reivindica a Jair Bolsonaro y su política educativa en torno a la mal llamada ‘ideología de género’, además quiere crear un Ministerio de la Familia y anular oficinas en defensa de la diversidad sexual.
Estas posiciones se dan en un contexto internacional de ascenso de la derecha en la que el movimiento de mujeres a nivel internacional ha venido dando importantes peleas en contra de estas fuerzas reaccionarias. Donde más fuerza han ido cobrando estos movimientos ha sido en Estados Unidos donde las mujeres se movilizaron en contra del ascenso, primero, y luego en contra de las medidas reaccionarias y xenófobas de Donald Trump; en Brasil, el movimiento Ele Não contra Jair Bolsonaro; en Argentina, contra los ajustes de Macri y la inolvidable marea verde que vio a cientos de miles de mujeres de todas las edades ocupar las calles exigiendo el derecho al aborto. Ahora, en España, el movimiento de mujeres viene enfrentando a la extrema derecha que hoy, con Vox, son gobierno en Andalucía.
En Bolivia nos planteamos la necesidad de avanzar en un movimiento de mujeres pues solamente mediante la organización podremos defender y conquistar nuestros derechos así como enfrentar el ascenso de la derecha que va tomando fuerza en la región y en el mundo. Desde Pan y Rosas creemos que para llevar adelante esta pelea debe ser junto con las y los trabajadores que son quiénes mueven la economía y el mundo.