El viernes un niño fue detenido en un McDonald’s por la Policía, trasladado en patrullero, luego requisado y registrado en el Centro de Admisión y Derivación de la Ciudad de Buenos Aires.
Domingo 2 de octubre de 2016 12:06
Imagen de archivo (800noticias.com)
Al menor se lo acusa de hurtar un par de zapatillas en un local de comidas rápidas del barrio de Liniers.
Fue el viernes, alrededor de las cuatro de la tarde. Personal de la Comisaría 44 de la Policía Federal detuvo al niño al que se le imputa el delito de “averiguación de hurto” de un par de zapatillas del pelotero de McDonald’s.
El niño fue trasladado en patrullero hasta la calle Perón al 2000 del centro porteño donde se ubica el CAD. Allí permaneció detenido por al menos cuatro horas.
Interviene en el hecho el Juzgado Nacional de Menores Nº 2 a cargo de Silvia Sassano.
Luego de permanecer detenido fue puesto a cargo de la Guardia de Abogados del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes quienes lo trasladaron hasta su casa, según fuentes oficiales ubicada en el barrio Ejército de los Andes (conocido también como Fuerte Apache).
La asistencia legal del “experimentado y peligroso” niño será asumida por el abogado Gustavo Gallo, defensor público que asiste a menores de 16 años a quienes se imputa la comisión de delitos y que depende de la Defensoría General de la Nación.
Todo el peso del aparato del Estado
El Estado, garante de la desigualdad en la sociedad capitalista, ha asumido la defensa de la propiedad privada de un par de zapatillas mediante el uso de la fuerza represiva y todo su andamiaje institucional volcándolo sobre un niño de apenas 8 años.
Detención, traslado en patrullero, registro, requisa de las zapatillas, cuatro horas de privación de la libertad y puesta a disposición del juez de turno. Todo por la presunta comisión de un delito de hurto menor. Un castigo anticipado para cualquiera y mucho más grave aún tratándose de un niño.
Como ya se denunció en este medio, la aún vigente Ley 22.278, promulgada durante la dictadura cívico-militar, otorga prerrogativas a los jueces de menores para decidir sobre el destino de niñas y niños menores de 18 años a quienes se acusa de haber cometido un delito penal.
Este entramado represivo se completa con los mal llamados “dispositivos” que funcionan en distintos lugares del país y que en el caso de los radicados en la Buenos Aires dependían de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hasta la semana pasada, cuando fueron puestos bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una medida que ha concitado el rechazo de los especialistas, trabajadores de la Senaf, de distintas áreas de niñez y del mismo Consejo, además de una importante parte del arco político opositor de la Ciudad.
Una historia de violaciones a los derechos humanos que no se puede barrer bajo la alfombra.
Vale recordar que en estos dispositivos de encierro han perdido la vida chicos como Germán Medina de 16 años, quien en 2007 fue puesto bajo “el sistema de protección judicial” por la tenencia de dos cigarrillos de marihuana y que luego apareció ahocado en una celda de castigo del Instituto Rocca después de haber sido violado.
Otro caso repudiable fue el de Diego Iván Borjas, un joven de 17 años que falleció el 2 de diciembre de 2014 a raíz de las quemaduras sufridas al incendiar un colchón dentro de una celda del centro Luis Agote en la que estaba privado de su libertad.
La pobreza es un crimen social. El Estado es responsable.
En todos los casos de niños detenidos, puestos para su “resguardo judicial” en estos institutos de encierro a los que sin eufemismos se les debe llamar cárceles para niños, se trata de niños pobres. Una clara política de criminalización de pobreza, que, como venimos denunciando en estas páginas, no se trata de una política reaccionaria exclusiva del nuevo gobierno macrista sino que es parte del legado que la “década ganada” ha dejado y que el PRO viene a profundizar.
