La indolencia del gobierno y sus funcionarios, con familiares de víctimas de desaparición forzada, es parte de la impunidad en decenas de miles de casos, mientras México se consolida entre los países con más desaparecidos, sólo después de Siria.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 30 de enero de 2018
En 2016 fueron reportadas 4 mil 951 desapariciones, según cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Es decir, cada día desaparecieron 14 mexicanos. Entre agosto y octubre de 2017, cada hora 33 minutos se denunció la desaparición de una persona, es decir, mil 411 personas tan solo en tres meses.
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Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón las edades de los desaparecidos estaban entre los 21, 26, 31 y 36 años, en la actual administración la edad disminuyó. Así, quienes más desaparecen son jóvenes, adolescentes de entre 14 y 17 años. 2 mil 944 vidas fueron robadas por todo el país. Jóvenes en edad de cursar educación secundaria y preparatoria desaparecieron sin dejar rastro.
En los últimos 10 años se ha reportado la desaparición de 6 mil niños. De cada cien carpetas, sólo tres reciben algún tipo de sentencia. Red por los Derechos de la Infancia en México.
¿En dónde están?
Las hipótesis son varias. Especialistas alertan que los jóvenes están siendo usados por el crimen organizado como informantes, como "halcones", o para trabajo forzado en laboratorios. Redes de trata y explotación sexual son otros de los lamentables destinos para estos jóvenes.
Las cifras son confusas y es que al gobierno no le importa esclarecer el origen de cada uno de los casos. En sus números ingresan, luego de largos y tortuosos trámites para los familiares, tanto secuestros como desapariciones forzadas. Así, no hay manera de tener certeza sobre el número real de desaparecidos en nuestro país, y mucho menos de sus causas y responsables.
La eliminación de más de mil 300 casos de los registros del RNPED (que a fin de cuentas responde a la infame Secretaría de Gobernación) en el reporte de esta dependencia correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2017, evidenciado por la organización Data Cívica, es tan sólo una muestra de la manera en que estas cifras, de por sí terribles, son apenas lo que el gobierno quiere que sepamos.
La política de militarización desencadenada por el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico es uno de los elementos determinantes para la agudización de lo que es sin duda una crisis de corte humanitario.
México es el país que más desapariciones registra, sólo después de Siria y por encima de Pakistán.
Entre las múltiples afectaciones a la población, los menores de edad han sido los principales perjudicados en este último sexenio. Tan solo en 2016 se registraron mil 422 personas de 0 a 17 años desaparecidas, es decir, 90% del total de desapariciones reportadas en el sexenio del panista Felipe Calderón. El problema que en un principio se concentró en el norte del país se ha extendido hacia el centro.
En la Ciudad de México, las cifras no son más alentadoras. Según el Centro de Apoyo a las Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) diariamente desaparecen cinco personas en la capital del país. Siguiendo la tendencia nacional, quienes más desaparecen son jóvenes estudiantes.
El próximo 15 de febrero entrará en funciones la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene 30 días para emitir sus protocolos de actuación. A más tardar el 14 de agosto se espera que se publique el Programa Nacional de Búsqueda. Será esta Comisión la encargada del funcionamiento del nuevo RNPED y cuenta con un límite de 6 meses para comenzar a operar, lo que significa que será hasta finales de 2018 o principios de 2019 que este Registro podrá entrar en operación. Mientras tanto, corresponde a procuradurías y fiscalías estatales el registro de los reportes y denuncias recibidos.
Estas instancias son la respuesta del gobierno ante una crisis que no ha hecho sino agudizarse. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que significa justificar legalmente los atropellos cometidos ya por las Fuerzas Armadas no puede más que ser muestra de lo que en verdad le importa resolver al gobierno. La lucha que están librando madres y padres de desaparecidos en México por justicia para sus hijos, es tan sólo una muestra de la indolencia con que el Estado trata estos temas.
Para el gobierno, los millones de trabajadores del país y nuestras familias somos sólo cifras.
Ante esto, la Plataforma Anticapitalista se ha propuesto la exigencia por detener la criminalización de la juventud y la protesta social, así como de la brutalidad policíaca. Que no haya ningún caso más como el de Marco Antonio ni como el de Jorge Eduardo.
Desde la precandidatura de Sulem Estrada y Miriam Hernández también se recupera la derogación del artículo 362 del Código Penal de la ciudad que cercena el derecho a la protesta y por la libertad de todos los presos políticos. Con la movilización, es necesario derogar el represivo protocolo de control de multitudes del Gobierno de la Ciudad de México e imponer la disolución del cuerpo de granaderos, así como ponerle fin a la militarización y la represión en la Ciudad de México. Para impulsar propuestas como estas es que bregamos por obtener el registro de la candidatura independiente. El objetivo: que se escuche la voz de las mujeres, los trabajadores y la juventud en estas elecciones.
