CRISIS INDUSTRIAL. Nissan y Alcoa: ante el cierre no hay otra alternativa que la nacionalización sin indemnización

Nissan es solo la primera. El cierre de sus plantas catalanas es el pistoletazo de salida para una oleada de cierres y despidos masivos en la industria, que promete superar con creces a lo vivido en la crisis de 2008. Lear, Magneti Marelli o Acciona, son solo tres de las decenas de empresas auxiliares y subcontratas que echarán la persiana. El desastre puede llegar a sumar 25 mil despidos a los 3 mil directos de Nissan.

El mismo día que se anunciaba este cierre, Alcoa anunciaba el despido de 534 trabajadores en Lugo por el cierre de su planta de aluminio, la Ford de Almussafes otros 350 -con el vergonzoso respaldo de los dirigentes de CCOO y UGT en la fábrica- o Global Center el de otros 100 trabajadores en Cádiz.

Primeras respuestas obreras a la crisis

A las estampas de la aguda crisis social que ha desatado la pandemia se empiezan a sumar ahora las de las primeras muestras de resistencia obrera contra esta nueva crisis económica que se está descargando otra vez sobre la clase trabajadora y las clases populares.

Esta semana las movilizaciones no han sido las de la derecha en los barrios altos o en sus lujosos automóviles. Hemos vistos a los y las sanitarias concentrarse en las puertas de los hospitales madrileños y catalanes, para exigir más contrataciones, aumento de presupuesto y revertir las privatizaciones. También a los trabajadores de Alcoa, Global Center o Nissan movilizándose contra los cierres y despidos. Este jueves desde la planta de Nissan de Zona Franca salía una de las primeras manifestaciones obreras postcovid que llegó hasta la Gran Vía de Hospitalet y reunió a cerca de mil quinientos trabajadores y trabajadoras.

La burocracia sindical y el gobierno “progresista” dejan hacer a la patronal

Ante el escenario de cierres y despidos masivos que se avecina el gobierno “progresista” y las administraciones autonómicas, como la Generalitat, no tienen plan, ni “a” ni “b”. El ejemplo de Nissan es paradigmático. Unos y otros han regado de millones de dinero público a esta multinacional y alentado la ilusión de que su permanencia estaba garantizada. En enero Sánchez así lo declaraba en Davos, tras un encuentro con sus directivos, y esta misma semana la Generalitat y la ministra de Industria seguían en una espera relajada a la decisión de la empresa.

El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en #Davos2020, el Gobierno de España y @Alliance_RNM hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. pic.twitter.com/wUOJJtkwW4

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2020

Las direcciones sindicales han jugado las mismas cartas. En el caso de Nissan llegando a pactar rebajas de condiciones, dobles tablas salariales y hasta 600 despidos, a cambio de las promesas de permanencia que hoy se desvanecen.

Los millones en subvenciones, execciones fiscales y recortes y ajuste sobre la plantilla, solo han servido para fortalecer a la empresa. Los “esfuerzos” que se vendieron como necesarios en estos años son una de las fuentes de la que la multinacional extrae los recursos para su marcha. Los beneficios extras de esos ajustes y ayudas no han servido para mantener ningún empleo, más bien le sirven hoy para financiar las indemnizaciones de los 3 mil despidos directos.

Ahora plantean que hay que revertir la decisión del cierre o en su defecto, conseguir nuevos inversores que se hagan cargo de la planta. Nadie oculta que tanto en un caso como en el otro, aún en el difícil caso de conseguirse, la continuidad de la empresa sería a costa del despido de una gran parte de la plantilla y un recorte sin precedentes en los salarios y condiciones. Por eso esta no es tampoco ninguna salida en favor de los trabajadores.

La nacionalización como salida a los cierres

La palabra nacionalización comienza a escucharse en corrillos, los medios de comunicación y hasta el Parlamento. La CUP la lanzó como posible salida hace unos días y este jueves representantes de Más País, BNG y ERC la propusieron en la comisión de reconstrucción como una posible solución tanto para Nissan como para Alcoa. Si la empresa se va, que sea el Estado quien se haga cargo de las empresas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, aunque las condiciones en que esto se llevaría a cabo siguen sin aclararlas.

El vicepresidente Pablo Iglesias respondió ambiguamente, señalando que las nacionalizaciones “son perfectamente posibles en la Constitución Española”, pero que, tomando el precedente de Bankia, él no era partidario de quedarse con empresas si eso suponía hacerse cargo de sus pérdidas. Engaña Iglesias al presentar un rescate bancario como una nacionalización. La intervención de las cajas de ahorro quebradas fue una transferencia de millones públicos -60 mil exactamente- al sistema financiero, se socializaron las pérdidas y se vendieron las entidades saneadas a la banca privada a precio de saldo.

La consellera de empresa de la Generalitat por su parte ponía también freno a las espectativas de nacionalización. En una entrevista este viernes en Catalunya Radio, alegaba que para poder llevar adelante una medida de este tipo se deberían disponer de grandes cantidades de dinero público para asumir las indemnizaciones a las empresas nacionalizadas. Pero ¿porqué habría que indemnizar a unas empresas que, en el caso de Nissan y Alcoa, se han llevado en una década 180 y 1.000 millones de euros respectivamente en ayudas públicas?

Luchar por la nacionalización sin indemnización y bajo control de las y los trabajadores

Si se quiere evitar la sangría de empleo que acaba de empezar hay que rodear de solidaridad todas las luchas y procesos de resistencia que se den. La izquierda política y sindical debería poner todos sus recursos militantes en esta dirección. Pero a la vez el apoyo no puede escindirse de pelear y oponer un programa alternativo al de las direcciones sindicales burocratizadas y las administraciones.

Un programa para la acción, que parta de exigir y pelear por el desarrollo de asambleas y coordinadoras democráticas y de base, tanto en las empresas matriz como en todas las subconratas y auxiliares afectadas, que tomen en sus manos el plan de lucha, las reivindicaciones y las posibles negociaciones que puedan abrirse. Si estas luchas son teledirigidas por las direcciones burocratizadas de los sindicatos y sus federaciones, con uno y mil lazos con las grandes empresas, la lucha estará perdida de antemano.

En el caso de Nissan es hora que la CGT, junto a los sectores más combativos de CCOO y UGT en el sector, impulsen asambleas en todas las empresas afectadas, que eligan representantes de un comité de lucha que coordine y centralice la fuerza de los más de 25 mil trabajadores y trabajadoras afectados. Una medida además elemental para evitar que la patronal quiera sembrar la división y enfrentamiento entre los empleos directos, los indirectos, los temporales...

A la vez, hay que levantar un programa contra los cierres que claramente ponga por delante la defensa de las fuentes de trabajo a los derechos de propiedad y privilegios de un puñado de capitalistas. Este debería ser la ocupación de las instalaciones para evitar la salida de maquinaria y suministros, y exigir desde ahí la nacionalización. Pero una nacionalización sin indemnización, no hay nada que abonar a los que se han embolsado millones de euros públicos en los últimos años, y bajo control obrero, para que se garanticen el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y condiciones.

La CUP podría ponerse a la cabeza de la exigencia por la nacionalización

Hasta ahora la CUP, junto con otras organizaciones de la izquierda independentista catalana, vienen defendiendo la nacionalización de Nissan como una solución al cierre. Hasta el momento no han definido como ésta debería llevarse adelante, algo que es urgente clarificar, más cuando desde ERC u otras fuerzas se puede empezar a hablar de “nacionalización” para referirse a posibles “rescates” de empresas o nuevas inyecciones de fondos públicos.

Como fuerza política que se define anticapitalista, debería plantearla en las coordenadas que indicábamos arriba, sin indemnización y bajo control obrero. Podría hacer servir sus posiciones en el Parlament catalán y las Cortes para ello, elaborando sendos proyectos de ley de expropiación de Nissan, Alcoa y tantas empresas en la misma situación, que plantee la nacionalización en estos términos de toda empresa que cierre o anuncie despidos masivos, y que exija a todos los grupos políticos que se han manifestado por una salida de este tipo a que la defiendan en común.

Una nacionalización que sea parte de un plan de reconversión de la industria para satisfacer las necesidades sociales, mediante la fabricación de vehículos no contaminantes y colectivos, equipamiento sanitario o de producción de energías renovables.

La CUP plantea esto en exigencia al Gobierno de la Generalitat, para que “estudie un plan de reconversión de las infraestructuras en el marco de generación de una industria pública y ecológica, como la fabricación directa de mediados de transporte público más sostenible, garantizando los puestos de trabajo e integrando la perspectiva de género en la contratación directa necesaria.”

Pero no se puede dejar algo así bajo el control de los mismos que han privatizado la sanidad y los servicios sociales, por ello hay que ligar esta demanda a que dicha reconversión quede bajo el control de los trabajadores, trabajadoras y representantes de usuarios y consumidores.

No tenemos ninguna confianza en que el actual Congreso de los Diputados, conformado por una mayoría aplastante de representantes de partidos del régimen, vaya a votar una medida como esta. Sin emabrgo, un proyecto de ley de este tipo sería un gran punto de apoyo para desarrollar una campaña política de apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Nissan y Alcoa, junto al resto de sectores de la izquierda política y sindical que puedan compartirla, como la CGT. Algo que daría una perspectiva más allá del programa impotente de la burocracia sindical y las administraciones, que les condena a conformarse con indemnizaciones para hoy y hambre y paro para las siguientes generaciones.