Durante la tarde de este martes se viralizó el maltrato hacia un niño de un hogar dependiente del SENAME de Providencia, el cual puso en la palestra el derecho a la protección de la infancia y el rol del Estado.
Miércoles 24 de marzo de 2021
Con desgarradores gritos de un niño pidiendo auxilio que grabó una vecina de la comuna de Providencia, el derecho a una infancia plena y con derechos se pone nuevamente a la palestra.
Se trata nuevamente del maltrato a niños, niñas y adolescentes en hogares dependientes del SENAME, quienes por causas judiciales y por el Tribunal de Familia llegan a estas instancias.
"No, por favor señor, me duele po (...) Me duele, suélteme. Ya po, suélteme", se escucha en el registro que dura 46 segundos desde la Residencia Familiar Carlos Antúnez, de la comuna de Providencia.
La vecina que grabó el video señala que es una situación recurrente y que ha escuchado gritos desde hace siete meses. "Es algo que se viene repitiendo hace muchas veces, estaban castigando a un niño quien gritaba que no le pegaran más", señaló la vecina.
La necesidad de un cambio estructural en el Sename
Tras estos hechos se vuelve a poner el pie la protección de derechos a la infancia. Desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar (RN), llamó a fiscalizar los derechos de la infancia. Mientras que desde la Secretaría de la Niñez, Patricia Muñoz, plantearon la necesidad de una reforma estructural del Sename.
Sin embargo, para que este cambio estructural responda a las necesidades reales de la infancia y adolescencia es urgente hacer cambios de raíz con un sistema educacional y de hogares que sean directamente administrados por profesionales y trabajadores de la salud y educación. Estos hogares deben garantizar alimentación, cuidados, tratamientos médicos y sicológicos, educación acorde a las necesidades específicas de estos niños, separado de las instituciones de justicia que los encarcela por ser pobres pero que exculpa y protege a los ricos y a sus hijos. Que al mismo tiempo garantice condiciones laborales que respeten los derechos de los trabajadores. Todo esto financiado directamente por el Estado.
