La fiscal Florencia Gomez pidió 5 años de cárcel a Santiago Goodman, Secretario general de la ATECh y para otros sindicalistas, que participaron de la manifestación en la madrugada donde en un accidente de tránsito, fallecieron Jorgelina y María Cristina. Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad y la Agrupación Marrón de docentes y estatales, repudiamos la criminalización de la protesta social y exigimos la libertad y absolución de Sebastián Romero y todos los procesados por luchar.
Jueves 2 de julio de 2020 20:59
Nuevamente, la Justicia comprueba que está del lado de los gobiernos y empresarios y en contra de los trabajadores. Que avala la violencia institucional, el hostigamiento y la represión, la explotación patronal, la protección de la propiedad de los capitalistas. Los ejemplos sobran. Baste recordar las continuas represiones a cargo del ministro de seguridad Federico Massoni, quién aún sigue impune en su cargo o la liberación de zona que se efectuó la noche en que patotas de Loma Ávila desalojaron brutalmente a docentes en la rotonda 3 y 26 en Comodoro Rivadavia.
Los recientes casos del fiscal Rivarola, que modificó la carátula de una violación grupal a "desahogo sexual" y el procesamiento de trabajadores de ATE en Comodoro Rivadavia -por quiénes exigimos inmediato desprocesamiento- también son ejemplos.
La Justicia hace oídos sordos a las luchas obreras como lo fue Soriano, donde por más de un año trabajadoras y trabajadores lucharon en las calles por el abandono patronal y recientemente, como lo vimos con la pesquera Fyrsa y la textil Sedamil, donde los empresarios atacaron con recortes salariales, suspensiones, falta de aportes y amenaza de cierre a más de 600 familias.
Si se busca un responsable de los hechos, es el gobierno de Mariano Arcioni, que somete a un brutal ajuste al pueblo laborioso chubutense desde 2018 y continuador del vaciamiento estructural e histórico de la provincia. Que no cumple con el pago de los salarios de los docentes y estatales en su conjunto, que firmó acuerdos paritarios pero no cumplió las actualizaciones correspondientes, que paga el aguinaldo en cuotas, que mantiene escuelas y hospitales al punto del colapso y una brutal política represiva.
Seguiremos enfrentando la Justicia patronal, que se pone al servicio de empresarios, banqueros y terratenientes, denunciando su complicidad con el poder político de turno. Seguiremos la lucha contra los ajustadores en las calles, exigiendo la libertad y absolución de Sebastián Romero y de todos los procesados por luchar en la más amplia unidad de acción con todas las organizaciones de DDHH, sindicales, estudiantiles y ambientalistas que defiendan el derecho a la protesta social, con organización e independencia de los poderes políticos y los empresarios.
