Derechos Humanos. "No alcanza estándares de Derechos Humanos": Comunidades y organizaciones migrantes rechazan aprobación de Ley de Migraciones

Se necesitaron casi 8 años de tramitación en el Congreso para una nueva Ley de Migraciones y Extranjería que reemplace la vigente normativa hecha en dictadura. El gobierno lo presenta como su gran triunfo político. Sin embargo, las comunidades y organizaciones migrantes denuncian que se profundizaría la desigualdad vivida por migrantes y refugiados.

Desde el Movimiento de Acción Migrante el vocero Eduardo Cardoza catalogó como nefasta la nueva normativa y manifestó que la forma en que presenta el gobierno la aprobación de la Ley incurre en un trato discriminatorio, porque supone que la migración provoca desorden, lo que sería una estrategia comunicacional para reforzar la política de control mucho más rígido que el que se tenía, reforzando el concepto inicial. Desde su punto de vista "no alcanza los estándares de Derechos Humanos", señalando que es "el piso mínimo".

El nuevo cuerpo legal plantea la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y puntos polémicos como la postulación a sus visas a través de los consulados de sus países de origen y la obligación de abandonar el país en seis meses para quienes hayan ingresado antes de la promulgación.

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En tanto, la Coordinadora Nacional de Migrantes través de un comunicado rechazó la aprobación, asegurando que se profundizaría la desigualdad que viven migrantes y refugiados, porque llevaría a las comunidades a una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión por parte del Estado". Agregando que: "la creación de un Servicio Nacional de Migraciones sólo podría apuntar a incrementar los mecanismos burocráticos y mantener la ineficiencia e ineficacia de la gestión migratoria".

En ese sentido, los efectos que prevén son mayores violaciones de los derechos humanos, más inequidad en la actuación de las autoridades y espacio para los abusos, maltratos, trata, tráfico de personas y distintas formas de explotación.

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Finalizan manifestando que no descansarán hasta derogar "esta ley inicua", agregando que "de la misma forma que estamos comprometidos con las amplias mayorías de Chile, en ser parte del proceso constituyente orientado a dotar a todas las comunidades y personas que habitamos en este territorio, de una nueva Constitución, una nueva institucionalidad que responda a las demandas de un Chile Digno, Diverso, con Equidad de Género, Intercultural y Plurinacional, un Chile del Buen Vivir que sea justo para todas, todos y todes".

Chile y su deuda con los Derechos Humanos: jueves 10 jornada de protesta

La ley cuestionada por su deuda en materia de derechos humanos fue aprobada con 38 votos a favor y dos en contra en el Senado. Al respecto los diputados Catalina Torres de Revolución Democrática (RD) y el senador Juan Ignacio Latorre piensan acudir al Tribunal Constitucional, para lo que requieren 39 firmas de la Cámara u 11 del Senado una táctica que hasta ahora no ha logrado representar una oposición a los planes gobierno, poniendo sus energías en una institución que representa la defensa férrea de la constitución que el pueblo de Chile categóricamente decidió poner fin.

Cabe destacar, que este jueves 10 de diciembre, los familiares y amigos de los más de 600 presos políticos que existen en Chile convocan a una jornada de protesta para exigir la libertad de quienes lucharon en las calles para lograr poner fin a la herencia de la dictadura, encarnada en la Constitución de Pinochet, que será reemplazada en el proceso constituyente en curso.

En esa misma línea los trabajadores de la salud que llevan semanas movilizados por legítimas demandas como el pago de un bono COVID (que es importante recordar que es pagado a las fuerzas represivas como Carabineros), la exigencia del aumento del presupuesto de salud entre otras demandas del gremio, pero también convocan a marchar por la exigencia del Derecho a la Salud y la libertad a presas y presos políticos.

Por otra parte, este llamado ha sido tomado desde diversas organizaciones que preparan una jornada de manifestaciones, cuando en la conmemoración de los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denunciando al Estado de Chile por violaciones graves, masivas y repetitivas de derechos humanos.

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