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Red Internacional
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CONTRA EL GOLPE MILITAR. No ceden las protestas en Myanmar tras otro domingo de sangrienta represión

Miles de manifestantes volvieron a salir este lunes a las calles de Myanmar luego de una jornada de violenta represión que se cobró la vida de al menos 8 de las personas que reclamaban la caída de la junta militar.

Lunes 22 de marzo de 2021 09:56

Myanmar vive este lunes una nueva jornada de manifestaciones contra la junta militar que dio un golpe de Estado el último 1 de febrero. Miles de personas salieron de nuevo a las calles en la ciudad central de Mandalay, un día después de una letal represión que causó ocho muertos, mientras que la BBC anunció la liberación de su periodista local tras varios días de arresto.

Desde el golpe de Estado que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi, las protestas han sido primero repelidas con un nivel de violencia moderada, mientras que la junta militar dio en el último mes un giro violentamente represivo que ya dejó cientos de manifestantes asesinados. Este giro estuvo íntimamente ligado a la masificación, persistencia y radicalización de las protestas que comenzaron con marchas, siguieron con huelgas coordinadas en muchos de los sectores centrales de la economía y finalmente amenazaron ya no solo con tirar a la junta militar sino también con quitarles todos sus privilegios políticos y económicos.

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Desde el inicio de las protestas unas 250 personas han sido asesinadas y más 2.600 arrestadas, según datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), una ONG local.

Por otra parte, la cadena de noticias británica BBC anunció hoy la liberación de su periodista local en Myanmar, Aung Thura, detenido el viernes en ese contexto de represión.

"El periodista de la BBC detenido Aung Thura fue liberado", informó el medio británico, que agregó que había sido secuestrado ese viernes por hombres vestidos de civil en la capital, Naipyidó.

A primera hora de este lunes, los manifestantes, incluidos profesores, se manifestaron en Mandalay, la capital cultural del país, de 1,7 millones de habitantes.

La víspera, Mandalay fue escenario de una de las más violentas acciones represivas, que dejaron ocho personas muertas y unas 50 resultaron heridas, según informó la agencia de noticias AFP, que citó fuentes médicas.

También en Rangún, la capital económica, hubo protestas hoy en la madrugada en algunos barrios, donde los automovilistas hicieron sonar sus bocinas en apoyo al movimiento prodemocracia.

La situación es muy tensa en Rangún, donde 2 de los 5 millones de habitantes están sometidos a la ley marcial.

Los opositores al golpe han decidido desde hace algunos días manifestarse día y noche para intentar evitar la represión de las fuerzas de seguridad.

La junta militar ha venido realizando apagones de Internet, dando de baja los contenidos y las redes sociales, siendo solamente los medios estatales quienes cubren ahora la crisis.

Un alto responsable de la ONU advirtió que los militares birmanos podrían estar cometiendo "crímenes contra la humanidad".

De momento, la junta militar ha ignorado las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

La corporación militar y en particular su cúpula se ha garantizado durante años de dictadura y también con modificaciones constitucionales en las últimas décadas una cuota de poder político que le garantiza tanto un piso de bancas en el parlamento para el "partido militar" como así también el control de las principales empresas y negocios del país, lo que les permite una amplia autonomía ante cualquier tipo de sanciones como las que han sido anunciadas por la UE o EE. UU.

A pesar de las acciones radicalizadas, que incluyen huelgas y movilizaciones que enfrentan la brutal represión, la mayoría de los manifestantes siguen confiando en la exigencia a la ONU para que intervenga o en el apoyo al partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), un partido neoliberal y completamente burgués por sus objetivos políticos y económicos. Desde la prisión Suu Kyi trata de mantener el control sobre los manifestantes, aunque no puede ofrecer ni prometer modificaciones que le quiten poder a los militares. De hecho durante los años previos en los que fungió como virtual secretaria de Estado, no modificó en lo más mínimo esos privilegios del Ejército, además de haber dado el visto bueno para la brutal masacre de Rohingyas (musulmanes).

Aún con esas ilusiones, los manifestantes han venido haciendo en estos meses una importante experiencia en las calles que les permitió reconocer sus propias fuerzas, no solo con la paralización de fábricas, talleres, bancos y servicios, sino también uniendo en las calles a jóvenes estudiantes, precarizados de la industria textil, y personas de distintas etnias y religión superando el odio y el nacionalismo emanado tanto de los militares como de la propia Suu Kyi, contra los musulmanes por ejemplo, que hoy se los ve en las calles junto al resto en diversas regiones.

El poder social que despertó el golpe es lo suficientemente importante como para que el empuje que trae, se limite a tirar a la junta militar y permitir que un Gobierno de Suu Kyi vuelva sin estar presionado por esas propios manifestantes que arriesgaron su vida y como si nada hubiera pasado