La comunidad me’phaa, de origen tlapaneca de San Miguel del Progreso enfrenta a las autoridades federales, quienes otorgaron concesiones a empresas extranjeras para explotar minas en sus territorios.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 25 de julio de 2017
El despojo de recursos y territorio que trae consigo el negocio de la minería en el país está plagado de muerte y represión para cientos de comunidades, cuyo precio se paga muchas veces con la vida de sus defensores y líderes comunitarios.
En Guerrero, el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, destapó –demás la crisis de derechos humanos– una red de devastación contra los pueblos relacionada a las mineras. Los líderes antimineros han sido un blanco durante largos años para las mineras que se instalan de manera informal y que llegan a operar de la mano al crimen organizado.
Las empresas tienen el amparo de las fuerzas armadas y del propio gobierno de México, quien les garantiza la extracción. Diferentes periodistas e investigaciones apuntan a señalar que cerca de Ayotzinapa se han descubierto los mayores yacimientos de Guerrero, por eso para el gobierno, las empresas y el narco es fundamental el control de la zona.
En México, el 70% de las mineras que explotan los yacimientos son de origen canadiense. Se sabe de una mina que tiene 60 millones de toneladas de oro, mismas que se extraen para refinarlas con uranio y titanio. La historia de Guerrero se repite en Sonora, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas. En este país la minería es un negocio para todos menos para la gente que vive en las comunidades.
Solamente muertos nos van a sacar: Malinaltepec
En una publicación del diario La Jornada se lee “El pasado 28 de junio la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.”
La medida supone para la comunidad una victoria ante la amenaza de la minera, a quien respondieron diciendo que si el “gobierno pretende imponer la explotación de la mina en territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar”.
A la advertencia lanzada por Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, le antecede toda una historia de lucha de la comunidad indígena por defender su territorio y la vida ante la amenaza que representa la minería a cielo abierto.
Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, dijo que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas. “En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno”, señaló.
Para fortalecer la lucha contra las trasnacionales mineras es fundamental que las comunidades busquen la unidad con los trabajadores de las minas, que laboran en condiciones de precarización y también se ven afectados por la contaminación que genera la actividad extractiva.
